10 de diciembre de 2019
10 de diciembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La megacausa por crímenes de lesa humanidad en Córdoba
La Perla: la Fiscalía pidió la condena de los 45 acusados y reclamó 35 perpetuas
Los fiscales Trotta, Vehils Ruiz y Miguel Carmona culminaron cinco meses de alegato. Pidieron la pena máxima para los comandantes militares de la zona, y los miembros de las inteligencias castrense y policial. El resto de los pedidos de pena osciló entre los 3 y los 25 años de prisión.

Con el pedido para que se condene a perpetua a 35 acusados y a penas de entre 3 y 25 años de prisión a los otros diez, culminó hoy el alegato de los fiscales Facundo Trotta, Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba por los crímenes contra 716 víctimas que están siendo juzgados en la megacausa "La Perla - Campo La Ribera".

La Fiscalía culminó este mediodía en medio de aplausos una exposición de cinco meses, que comenzó el 17 de noviembre pasado y tuvo una pausa durante la feria judicial. El juicio lleva tres años y medio de audiencias. Inició el 4 de diciembre de 2012 y a lo largo del debate declararon 581 testigos sobre los cientos de crímenes que llegaron a juicio tipificados como privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, sustracción de niños, allanamiento ilegal, robo, usurpación, abuso deshonesto y violación.

Los fiscales pidieron hoy la pena máxima para el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y para los miembros del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, sus jefes y segundos comandantes -en distintos períodos-, Luis Santiago Martella y Alberto Carlos Lucenas; el jefe de Asuntos civiles (G-5), Jorge González Navarro; el jefe de Operaciones (G-3), Jorge Eduardo Gorleri; y los jefes de Inteligencia (G-2), Héctor Hugo Chilo y Raúl Eduardo Fierro.

También reclamaron prisión perpetua para los ex jefes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, Luis Gustavo Diedrichs y Héctor Pedro Vergés; el ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, Guillermo Enrique Barreiro; para los ex integrantes de la Sección Actividades Especiales de Inteligencia, Carlos Enrique Villanueva y José Hugo Herrera; el ex sargento Juan Eusebio Vega; el ex jefe de la Sección Comando y Servicio o Logistica, José Andrés Tófalo; el ex miembro de la Primera Sección Ejecución, Oreste Valentín Padován; el sindicado jefe de los operativos de secuestro, Jorge Exequiel Acosta; el integrante de uno de los grupos operativos, Carlos Alberto Díaz; y los civiles de Inteligencia Emilio Morard, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero.

Finalmente, requirieron prisión perpetua para el ex subjefe y luego jefe de la Policía provincial, Alberto Luis Choux; el ex subcomisario Departamento de Informaciones policial (D2) Yamil Jabour; el jefe de la Brigada Antisubversiva N°2, Carlos Alfredo Yanicelli; los policías del D2 Juan Carlos Cerutti, Fernando Andrés Pérez, Francisco José Melfi, Juan Eduardo Ramón Molina, Marcelo Luna, Eduardo Grandi, Alberto Luis Lucero, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Mirta Graciela Antón y Antonio Filiz.

En tanto, los pedidos de penas divisibles fueron los siguientes: los fiscales solicitaron 25 años de prisión para los civiles de inteligencia, José Luis Yañez y Enrique Alfredo Maffei; 23 años de prisión para el policía del D2, Antonio Reginaldo Castro y para el cabo 1ero del Liceo Militar General Paz, Miguel Ángel Lemoine; 22 años de prisión para el militar Wenceslao Claro; 17 años de prisión para el policía del D2, José Idelfonso Vélez, y 16 y 15 años de prisión, respectivamente, para sus colegas Raúl Alejandro Contrera y Rubén Osvaldo Brocos; y cinco y tres años de prisión, respectivamente, para los ex militares Carlos Edgardo Monti y Ángel Osvaldo Corvalán.

En el final del alegato, los fiscales requirieron además que el tribunal al dictar sentencia ordene nuevas juntas médicas para quienes se encuentran beneficiados con la prisión domiciliaria y solicitaron que se revoquen todas las excarcelaciones y se dispongan las detenciones de los acusados que se encuentran en libertad, teniendo en cuenta que la condena -aunque no esté firme- podría llevar a los imputados a intentar una fuga.