Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron condenas para los cinco imputados por sustracción de niños en el Hospital Militar de Campo de Mayo. El titular de la Unidad de Asistencia en casos de terrorismo de Estado, Martín Niklison y las fiscales ad hoc Viviana Sanchez y Nuria Piñol pidieron 45 de prisión para el ex jefe de la Zona Militar IV Santiago Omar Riveros; 40, para el dictador Reynaldo Bignone; 35, para el ex jefe del Servicio de Clínica, Raúl Eugenio Martín; 30, para el ex jefe del Servicio de Traumatología de la institución Norberto Atilio Bianco, y 13, para la obstetra Yolanda Arroche de Sala García.

En el proceso se investiga la apropiación de los hijos de Marta Alvarez; Susana Stritzler; Mónica Masri; Valeria Beláustegui Herrera; María Eva Duarte; Myriam Ovando; Silvia Quintela Dallasta; Norma Tato y Liliana Isabel Acuña. Tres de ellos fueron restituidos. También, se juzga la responsabilidad de los acusados en la privación ilegal de la libertad de cuatro personas.

La Fiscalía sostuvo que “dado el puesto que ocupaba y su conducta posterior Riveros tuvo una altísima responsabilidad a cargo de la guarnición militar de Campo de Mayo y por ello del hospital respectivo” y que “en la misma situación se encuentra Reynaldo Benito Bignone”.

En tanto, señaló que “Bianco detentaba un rol relevante y protagónico en el Hospital respecto de las embarazadas, era un médico militar con el grado de Capitán doblemente obligado institucionalmente respecto de las víctimas a las que debía asistencia médica y seguridad, que eran madres y niños recién nacidos respecto de los cuales se aprovechó del estado de indefensión en que se encontraban”.

Con respecto a Martín, los representantes del MPF afirmaron que “detentaba el cargo de Mayor al momento de los hechos y su ubicación en la estructura sanitaria le confirió las mismas responsabilidades, por delegación, que el Director y Subdirector con la consecuente gravedad de su conducta”. Y agregaron que “como médico tendría que haber tenido un especial compromiso con la vida y la salud –para lo cual hizo el juramento de su profesión- pero a pesar de ello, con una alta capacitación y formación profesional, en vez de comprometerse con la vida lo hizo con la dictadura”.

Los fiscales aseguraron que “Luisa Yolanda Arroche deberá responder por falsedad ideológica de instrumento público (certificado de nacimiento) en concurso ideal con la retención y ocultamiento de un menor de 10 años”. Y concluyeron diciendo que Arroche no era militar como los restantes imputados, pero su concreta conducta como partera, en el marco de la práctica sistemática de apropiación y la maternidad clandestina que allí funcionó, conocida por ella, le confiere extrema gravedad al hecho respecto del cual no concurren atenuantes que ni siquiera alegó la acusada, pues nunca explicó un contexto exculpatorio en que habría podido firmar la documentación falsa; y que violando groseramente las reglas propias de su profesión vinculada a la salud, no le importó participar en la separación de un niño de su familia, incluso cuando se enteró de la existencia de Abuelas y otros familiares que buscaban a los niños apropiados por los militares, mostrando también una actitud de indiferencia”.

El pedido de penas solicitado por los representantes del Ministerio Público casi no difiere por el realizado por Abuelas de Plaza de Mayo, que actúa en el proceso como querellante.

El tribunal tiene previsto continuar con las audiencias de alegatos los días 19 y 26 de noviembre.