La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó la resolución del Juzgado Federal N°11 y ordenó que la investigación de la fuga de los condenados por delitos de lesa humanidad Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera del Hospital Militar Central, ocurrida el 25 de julio de 2013, continúe en el ámbito del fuero federal de Capital Federal.

La resolución de la Sala II -que lleva las firmas de Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah- se produjo luego de que el fiscal federal Leonel Gómez Barbella -a cargo de la Fiscalía N°5 del fuero- presentara un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la decisión del juez Bonadío para que la pesquisa pase a la justicia federal de San Juan. Olivera y De Marchi habían sido condenados por el Tribunal Oral Federal de San Juan a perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente.

Gómez Barbella había considerado que lo dispuesto por el  titular del Juzgado Federal N°11 “produce agravio” al Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, señaló que la causa debía permanecer en el ámbito de la justicia federal porteña, porque la evasión se produjo en el Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, ubicado sobre la avenida Luis María Campos. “El artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación establece que ‘será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”, reseñó entonces.

Además, mencionó que de las tareas investigativas llevadas adelante surge que los familiares de Olivera y De Marchi residirían en la zona. Para el fiscal, ello implica “un alto grado de probabilidad respecto de que los evadidos intenten, de momento a otro, contactarse con sus familias o precisar de su ayuda para continuar ajenos al accionar judicial”, y que las distancias que impone la tramitación del sumario por su búsqueda en una jurisdicción lejana, podrían “propender en un beneficio”.

Por otra parte, como en la Capital Federal también tramita el expediente en el que se investiga la connivencia del personal penitenciario que pudo haber participado de la fuga, “existen aquí también otros puntos de contacto y diligencias que podrían verse duplicadas y entorpecidas en caso de no contar con una conducción unificada, o al menos corriendo por cuerda un expediente con el otro”.

Finalmente, tras la audiencia en la que el fiscal general adjunto Carlos Racedo coincidió con lo argumentado por Leonel Gómez Barbella, los camaristas se expidieron el 19 de mayo pasado: “Resulta indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar, esto es en el radio de esta ciudad, puesto que amén de una cuestión territorial deben considerarse razones de conexidad con la causa n° 9744/14 en la que se investiga a los responsables del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la fuga se produjo precisamente en el contexto de una omisión de la diligencia debida de esos funcionarios”.

Tres días después -el 22 de mayo-, el juez dispuso delegar la investigación en la Fiscalía, que ya ordenó diversas diligencias.

Condena y fuga

Como informó Fiscales en julio de 2013, Olivera y De Marchi sabían desde mediados de junio de ese año, pocos días antes de ser condenados, que durante la feria judicial iban a ser trasladados desde San Juan a cárceles ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Durante todo ese tiempo, pudieron urdir la maniobra conjunta que finalizó en la fuga desde el Hospital Militar Central el jueves 25 de julio de aquél año.

Ambos militares estaban a disposición del Juzgado Federal Nº2 y del Tribunal Oral Federal de San Juan  porque estaban siendo investigados en causas judiciales que tramitaban en la primera instancia, al mismo tiempo que eran juzgados por otros hechos en un debate oral y público, por el que luego fueron condenados.

Los dos prófugos  tenían acceso a Internet en el penal de San Juan, obtuvieron turnos médicos para los mismos días y horarios; dichos turnos -para los que consiguieron el permiso de los jueces- excedían largamente a la feria judicial. La autorización inicial estipulaba que ambos fueran alojados en el penal de Marcos Paz durante el receso, tras lo cual debían regresar a San Juan.