El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó este martes tareas de excavación y exhumación en el cementerio de La Adela, en La Pampa, dirigidas a la identificación de dos cuerpos NN que podrían ser víctimas de terrorismo de Estado. En la causa interviene la fiscala federal Iara Silvestre, quien había solicitado al juzgado la realización de una inspección judicial con el objeto de llevar a cabo la demarcación de las tumbas para el posterior trabajo de la EAAF.

La custodia del perímetro de trabajo estuvo a cargo del personal de la División Unidad Operativa Federal Santa Rosa de la Policía Federal Argentina, que serán también los encargados de llevar las muestras obtenidas a la Ciudad de Buenos Aires para cotejar con el material que se encuentra en el banco de datos genéticos del EEAF, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas.

En la causa, intervienen la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa y la Asociación Civil Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, quienes se constituyeron como querellante durante este proceso.

Denuncia

El expediente se inició el 10 de septiembre del 2020, cuando una persona residente de la localidad de La Adela manifestó la existencia de sepulturas cuyos restos podrían pertenecer a víctimas de crímenes vinculados al terrorismo de Estado. En su declaración, la persona dio cuenta que en 1977 habían aparecido en el cementerio los restos de los “hermanos Riganti de Bahia Blanca”, que los habrían llevado allí para darles sepultura "porque habían sido encontrados cerca de la Ruta Nacional N° 22 que pertenece a la localidad de La Adela" pero que esos cuerpos fueron devueltos a los familiares.

Sin embargo, señaló luego que aparecieron otros nuevos casos, cuyos nombres no sabía, pero que podían ser víctimas de la dictadura ya que se encontraron sus restos cerca de la ruta y se les dio también sepultura en La Adela. En la denuncia, refirió tres casos de hombres con signos de muerte violenta que "no eran del pueblo y que como no se sabía de dónde eran se hablaba de que debían ser víctimas de la dictadura". A su vez, indicó que las sepulturas se hacían en bolsas negras y que los cuerpos no se ponían en un cajón.

Tras esto, el juez federal Juan Baric delegó la investigación en la fiscalía federal, que dispuso una serie de medidas para acreditar o en su defecto descartar la hipótesis de investigación manteniendo el lugar en estado inalterable. En esa línea, se procedió a la recopilación de prueba tal como registros de inhumación, policiales y judiciales de la época relativos a enterramientos de NN y testimonios, lo que que culminó con los trabajos que este martes realizó el EEAF y que permitieron, finalmente, la exhumación de dos cuerpos.