La primera semana de alegatos de la fiscalía en la megacausa "La Perla - Campo La Ribera" culminó con la descripción de la participación de cada uno de los 45 acusados que llegaron al debate oral y público en este histórico juicio que unificó 21 causas y que aborda los casos de más de 700 víctimas de la represión ilegal en Córdoba antes y después del golpe de Estado de 1976.

El fiscal general Facundo Trotta y su colega, la fiscal federal Virginia Miguel Carmona, describieron la participación de los ex integrantes del Departamento de Informaciones, D2, de la Policía provincial, de la Brigada de Infantería Aerotransportada, del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y de otras dependencias militares.

Miguel Carmona se refirió a la Policía de la provincia de Córdoba: "fue la primera 'fuerza' que llevó adelante, a partir de 1975, la puesta en marcha del plan sistemático de persecución, secuestro, tortura y exterminio de personas", específicamente a través del D2, indicó. Explicó que "actuaba en forma independiente, pero a la vez también coordinadamente con personal del Ejército", en el marco de lo que se denominó Comando Libertadores de América, hasta octubre de 1975. A partir de esa fecha, la actuación policial continuó de manera coordinada con los demás servicios de inteligencia, aunque subordinada al control operacional del Área militar 311, describió la fiscal.

Luego, trató las pruebas que vinculan a los acusados de esa fuerza con los crímenes que se juzgan en esta causa. Se refirió al caso del ex subjefe y luego jefe de la Policía provincial, Alberto Luis Choux; y luego abordó a los miembros del D2: el ex subcomisario Yamil Jabour, el jefe de la Brigada Antisubversiva N°2, Carlos Alfredo Yanicelli, y los policías Miguel Ángel Gómez, Herminio Jesús Antón, Eduardo Grandi, Juan Carlos Cerutti, Juan Eduardo Ramón Molina, José Idelfonso Vélez, Marcelo Luna, Alberto Luis Lucero, Calixto Luis Flores, Antonio Filiz, Mirta Graciela Antón, Raúl Alejandro Contrera, Antonio Reginaldo Castro, Fernando Andrés Pérez, Rubén Osvaldo Brocos y Francisco José Melfi.

La fiscal después describió las pruebas relativas a los miembros de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, cuya misión, de acuerdo a los reglamentos castrenses, era "destruir, capturar, desgastar o rechazar al enemigo por medio del fuego y la maniobra táctica", citó Miguel Carmona. Esa unidad era, al mismo tiempo, jefatura del Área militar 311. De los acusados que correspondían a esa organización, la fiscal comenzó por la cabeza de la represión ilegal, el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Y culminó con el Estado Mayor: sus jefes y segundos comandantes de la IV Brigada en distintos períodos, Luis Santiago Martella y Alberto Carlos Lucenas; el jefe de Asuntos civiles (G-5), Jorge González Navarro; el jefe de Operaciones (G-3), Jorge Eduardo Gorleri; y los jefes de Inteligencia (G-2), Héctor Hugo Chilo y Raúl Eduardo Fierro.

Trotta, por su parte, abordó la intervención en los hechos del Destacamento de Inteligencia 141, que dependía de la IV Brigada. "Los imputados que se desempeñaban en esta unidad son, junto con los integrantes del Estado Mayor y Menéndez, los principales responsables de los crímenes que se cometieron en los centros clandestinos de detención La Perla, La Ribera, y la Perla Chica", indicó.

El fiscal describió las pruebas respecto a la participación criminal de los entonces jefes del Grupo de Operaciones Especiales Luis Gustavo Diedrichs y Héctor Pedro Vergés, este último también a cargo del Comando Libertadores de América, la versión local de la Triple A; el jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, Guillermo Enrique Barreiro; el sindicado jefe de los operativos de secuestro, Jorge Exequiel Acosta; el jefe de la Sección Comando y Servicio o Logistica, José Andrés Tófalo; los integrantes de la Sección Actividades Especiales Inteligencia, Carlos Enrique Villanueva y José Hugo Herrera; el integrante de uno de los grupos operativos, Carlos Alberto Díaz; el miembro de la Primera Sección Ejecución, Oreste Valentín Padován; el recientemente fallecido Luis Alberto Manzanelli, que integró el Grupo de Operaciones Especiales y fue, según testigos, "uno de los más terribles torturadores dentro del campo de concentración y exterminio La Perla"; el sargento Juan Eusebio Vega; y los agentes secretos Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Emilio Morard, Enrique Maffei y José Luis Yáñez.

Trotta además abordó los casos de militares que revistaban en otros destinos y que se acoplaron al sistema represivo ilegal: el cabo 1ero del Liceo Militar General Paz, Miguel Ángel Lemoine, quien "solía llevar algunos víveres a la cuadra del campo de concentración, y que era un 'voluntario' en los operativos que salían desde La Perla para secuestrar personas y luego llevarlas al campo de concentración". El fiscal además mencionó, pero no desarrolló, los casos de los militares Ángel Osvaldo Corvalán, Wenceslao Claro y Carlos Edgardo Monti, sobre quienes referirá su intervención al tratar los casos específicos en los que se encuentran imputados.

"Terapia intensiva"

Antes del abordaje de la participación, Trotta explicó este miércoles las particularidades del funcionamiento del aparato terrorista de Estado en Córdoba después del 24 de marzo de 1976. Después de esa fecha, dijo, "los centros clandestinos de detención donde eran llevadas las víctimas de esta causa luego de ser secuestradas fueron principalmente La Perla y La Ribera", aunque señaló que "no obstante, hubo víctimas que fueron conducidas a otros centros clandestinos como el D2, 'La Perla Chica' o “Malagueño”, y en menor medida al 'Chalet o Casa de Hidráulica', el Destacamento Pilar, las comisarías de Bell Ville, de Unquillo, de Villa María, y de Río Cuarto, la Aeronáutica, entre otros, aunque en casi todos los casos tuvieron un paso por La Perla o el campo La Ribera".

"Habiendo escuchado 581 testimonios y más allá de que hasta el último testigo no pude dejar de sorprenderme en cuanto al nivel de violencia desplegado hacia las víctimas y sus familiares que presenciaron los secuestros, lo cierto es que producto de que a diario escuchamos torturas, torturas y más torturas en los centros clandestinos de nuestra provincia, no hemos podido dimensionar que la tortura ya comenzaba desde el mismo momento en que se procedía a la detención ilegal de las víctimas", indicó Trotta.

Y agregó: "Que con ese nivel de violencia se ingresara al domicilio, a altas horas de la noche, que inmediatamente y sin mediar explicación alguna la víctima fuera vendada y conducida, generalmente en los pies del asiento trasero o en el baúl de un vehículo o en camiones del ejército, hacia un lugar que desconocía, por personas que desconocía y que poco de legal aparentaban, ya constituía tortura".

En el primer destino a las víctimas se les asignaba un número. "La Perla ha sido el lugar donde yo creo que he tocado el infierno, he ido al pozo más miserable de las conductas humanas", dijo uno de los testigos en el juicio, citado por Trotta. En ese lugar, las víctimas eran sometidas al "ablande" ni bien ingresaban: eran interrogadas en oficinas "mediante la aplicación de todo tipo de tormentos" con el objetivo de "obtener la mayor cantidad de información posible respecto de la agrupación política a la cual se le atribuía pertenecer y, de esta manera, poder realizar nuevos procedimientos que les permitieran secuestrar más víctimas". Uno de los escenarios de la tortura era una pequeña habitación donde había "una cama de hierro y un tacho de agua" y una picana. La llamaban "la sala de terapia intensiva o la margarita". Los métodos eran "picana eléctrica, submarino [sumersión de la cabeza en agua], golpes con puños y palos", indicó Trotta.

Otra forma de tortura, describió el fiscal, fue psico física: "en esos primeros momentos" después del secuestro, se enfrentaba a las víctimas "a otros prisioneros que estaban secuestrados anteriormente, como un modo de ablandar". "Todos te pedían que colabores, que no te dejes seguir torturando, que los que colaboran están mucho mejor, etcétera, y eso eran todas mentiras, porque en general todos habían pasado por el proceso de tortura", dijo uno de los testigos, citado por el fiscal en el alegato.

El periplo continuaba en "la cuadra", "donde los obligaban a permanecer acostados, tabicados y atados", señaló Trotta, y luego sintetizó: "La vida en la cuadra era una tortura permanente".

"La tortura era un método implementado por los represores que tenía distintas finalidades, entre ellas destruir la personalidad de los secuestrados y, por supuesto, obtener información útil que les permitiera seguir secuestrando", añadió.

Morir en brazos de los compañeros

El fiscal analizó los testimonios de los sobrevivientes y agregó: "la tortura más dura es escuchar cómo torturan a un compañero o ver a un compañero torturado. La explicación a esto es que en la tortura física, por más terrible que sea, uno al menos trata de ver cómo hacer para aguantarla, trata de sacar fuerzas de donde no tiene. En cambio, no hay forma de soportar escuchar cómo se tortura a un compañero, o el dolor que implica ver cómo un compañero se muere como consecuencia de la tortura recibida".

El destino de las víctimas que pasaron por La Perla podía ser la sobrevivencia, que continuaba en otro centro clandestino, como La Ribera, en la Unidad Penitenciaria N°1 o en la recuperación clandestina de la libertad; y la muerte en la tortura o como víctima de un disparo. Dentro de esta última posibilidad existía una variante denominada “operativo ventilador”, que significaba que el secuestrado era retirado de La Perla y aparecía muerto en la vía pública, como víctima de un enfrentamiento armado con las fuerzas armadas. La otra variante fue "acribillar a balazos en las proximidades del campo de la guarnición militar Córdoba" y después arrojar "sus cuerpos a un pozo y calcinarlos, disimulando luego el aspecto del terreno a los fines de evitar su posterior localización". Para analizar este aspecto, el fiscal recorrió los testimonios del gendarme Carlos Beltrán y documentación, entre ellas un reclamo del teniente coronel Bruno Laborda ante la junta de calificaciones, en el que da detalles de esos hechos para requerir un ascenso.

"La perversión y el sadismo con el que se aplicó la tortura en el campo, generalmente combinando la picana eléctrica con golpes, condujo a la muerte de 13 víctimas. En pocas palabras, las torturaron hasta matarlas. Lo cruel de la situación no sólo era el modo salvaje en que se torturó a la víctima, sino la falta de atención médica, lo que determinaba su agonía en el mismo campo. Ha sido muy duro escuchar el relato de los testigos cuando contaron cómo se murieron en sus brazos estos compañeros, sin poder hacer absolutamente nada, más que acompañarlos hasta el último suspiro", describió Trotta.

Las víctimas y los victimarios

Todas las víctimas, indicó Trotta, "comparten el común denominador de ser opositores políticos, razón por la cual, fueron calificadas como enemigos, subversivos, blancos a los que había que eliminar". Recordó además que los acusados dijeron en su defensa que "combatieron una guerra". El fiscal descartó esa posibilidad y citó la jurisprudencia que niega la existencia de un conflicto bélico. Y agregó: "no existen dudas que existieron víctimas que pertenecieron a organizaciones que habían optado por la lucha armada, como Montoneros, el ERP-PRT., entre otras; incluso, muchas lo han reconocido expresamente durante el transcurso del debate", pero eso "no justifica que el Estado procediera al margen de la ley". Ante la sospecha de la comisión de un delito, los acusados, dijo, "debieron hacer exactamente lo mismo que hoy estamos haciendo" con ellos.

El fiscal además dedicó parte de su alegato a "la conducta de las víctimas en los campos de concentración". Tuvo en cuenta para ello que los acusados "han manifestado que algunas de las víctimas que se encontraban en los centros clandestinos, y fundamentalmente en La Perla, prestaban colaboración" proporcionando información.

"En el supuesto de que estas conductas hubieran ocurrido, considero que, por el contexto en el que fueran realizadas, no es posible formular un reproche penal", dijo, y recordó documentos que reglaban la intervención de las fuerzas armadas y de seguridad para generar, mediante la presión psíquica y física, esos escenarios de "colaboración". También recordó que la estrategia de los acusados fue, incluso al inicio de los procesos, desacreditar y descalificar a sus víctimas, y señalarlas como responsables de los hechos.

"Estas situaciones están contempladas en el derecho penal bajo el concepto de coacción. Sabemos que una conducta realizada bajo coacción puede dar lugar a un estado de necesidad justificante o a un estado de necesidad disculpante. En uno u otro caso, se exime de responsabilidad penal", analizó Trotta. Y luego remarcó: "no es complicidad, es apropiación, absoluta asimetría".