04 de marzo de 2024
04 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Complicidad judicial
La Plata: apelan falta de mérito que benefició a un ex juez de la dictadura
La medida fue dictada por el juez Blanco, a la espera de que se produzcan nuevas pruebas. Pero los representantes del Ministerio Público sostienen que hay elementos "suficientes para procesar" al ex juez federal Rafael Sarmiento.

La Unidad Fiscal que interviene en los casos por crímenes de lesa humanidad en La Plata apeló la falta de mérito que benefició al ex juez federal porteño durante la dictadura, Rafael Sarmiento, acusado por un secuestro ocurrido en 1977 en su propio juzgado, cuando la víctima fue a consultar el trámite de un habeas corpus preventivo en su favor.

El auto de falta de mérito fue dictado por el juez federal platense Manuel Humberto Blanco en la causa en la que Sarmiento está imputado por la privación ilegal de la libertad del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles. Blanco considera que deben adoptarse dos medidas de prueba tendientes a profundizar la investigación: la incorporación de un testimonio prestado en otra causa por un testigo ya fallecido y el llamado de un nuevo testigo.

Pero en el recurso de apelación, los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro sostuvieron que “la prueba obrante en la causa resulta suficiente para decretar el procesamiento del imputado”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideran que quedó comprobado que el entonces juez Rafael Sarmiento entregó a la víctima, Ramón Miralles, a quien en ese momento el ex jefe de Policía bonaerense, Ramón Camps, perseguía, al tiempo que mantenía secuestrados a sus hijos y a su nuera. 

En la apelación, los fiscales además subrayaron que Sarmiento no promovió ninguna averiguación respecto de la desaparición de los familiares de Miralles, pese a que conocía que habían sido secuestrados previamente. La alusión en el recurso de apelación a esta situación hace presumir que la fiscalía solicitará la ampliación de la indagatoria de Sarmiento por el resto de las víctimas de la familia Miralles. 

En su presentación, que ahora deberá ser revisada por la Cámara Federal de La Plata, la fiscalía remarcó que pese a que Miralles buscó protección a través de la interposición de un habeas corpus en el juzgado de Sarmiento, "el resultado de ello fue su ingreso al sistema clandestino de represión estatal, por conducto del propio juez ante el que se procuró el amparo". 

El 23 de junio de 1977 Miralles salió del juzgado de Sarmiento detenido por el comisario Jorge Rómulo Ferranti, quien entonces era el subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, sede del centro clandestino de detención "El Infierno".

Molina y Schapiro agregaron que eso ocurrió "sin que el entonces magistrado haya averiguado por qué motivo se lo buscaba a Miralles, ni comprobado la verdadera existencia de la causa mencionada por el Jefe de la policía, Ramón Camps, tal como el propio imputado reconoció en su indagatoria".

Por eso, los fiscales señalaron que  las pruebas ordenadas por el juez para profundizar la investigación no son necesarias, dado que no existe "elemento alguno que permita desvirtuar la imputación ya efectuada a Rafael Sarmiento en el requerimiento de instrucción, respecto a su intervención en los hechos”. 

Juez de la dictadura

El imputado Rafael Sarmiento se desempeñó durante la última dictadura cívico militar como titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital Federal. Los fiscales platenses habían pedido su indagatoria en abril pasado porque consideran que "el ex juez se constituyó en una pieza central para lograr la detención ilegal y los posteriores tormentos que sufrió Miralles".

La víctima fue secuestrada el 23 de junio de 1977 en la sede del juzgado a cargo de Sarmiento cuando fue a consultar el trámite de un habeas corpus preventivo que había interpuesto en su favor, dado que temía por su integridad y libertad. Para ese momento, sus hijos Carlos y Julio, y su nuera Luisa Villar estaban desaparecidos, mientras que su esposa, María Delia Arana, sus dos hermanos y la señora que realizaba tareas en su domicilio habían sido secuestrados y posteriormente liberados.

Inmediatamente, Miralles fue ingresado al circuito de centros clandestinos de detención comandado por Camps. Pasó por los lugares conocidos como COTI Martínez y Puesto Vasco y por el Destacamento de Arana y la comisaría de Monte Grande.

Según acreditó la Cámara Federal porteña en el juicio a Camps de 1986, en los dos primeros lugares Miralles fue torturado con picana eléctrica con la participación del ex médico policial Jorge Antonio Bergés. El cautiverio clandestino se prolongó hasta el 24 de agosto de 1978.