El Ministerio Público Fiscal realizará mañana, desde las 9:00, sus alegatos en el debate oral y público en el que cinco militares de la Armada y tres prefectos son juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de los distritos de Berisso y Ensenada, durante la última dictadura cívico-militar. Los encargados de hacerlo serán el fiscal general Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.

Los miembros de la Armada que llegaron al juicio comenzado en julio de este año -casi dos años después de la formulación del requerimiento de elevación- son el comandante de Operaciones Navales de la Armada desde el 4 enero de 1977 al 21 de septiembre de 1978, Antonio Vañek; el Comandante de la Fuerza de Tareas Nº 5, al menos, entre el 19 de julio y el 26 de noviembre de 1976, Jorge Alberto Errecaborde; el director del Liceo Naval y comandante de la Fuerza de Tareas Nº 5 entre el 18 de febrero y el 26 de diciembre de 1977, Juan Carlos Herzberg; el comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM 3) entre el 9 de enero y el 30 de diciembre de 1976, José Casimiro Fernández Carró; y el jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3 durante, al menos, los años 1976 y 1977, Roberto Eduardo Fernando Guitian.

Los integrantes de la Prefectura Naval que están en juicio son los ex jefes de la Zona Río de La Plata Luis Rocca -entre el 8 de agosto de 1975 y el 17 de marzo de 1976 y entre el 20 de abril y el 1º de febrero de 1977- y Carlos José Ramón Schaller -entre el 18 de marzo y el 19 de abril de 1976-, y el ex oficial Eduardo Antonio Meza. El acusado Rocca, además, se desempeñó como comandante del Grupo de Tareas 5.4 durante los años 1975 y 1976.

Durante el debate se abordaron los casos de tres víctimas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron y los homicidios de Miguel Orlando Galvan Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58, pleno centro de La Plata.

Todos los acusados son los miembros vivos identificados con mayor grado de responsabilidad en las acciones desplegadas por la Fuerza de Tareas Nº5 (FT5) de la Armada. La FT5 reunía al personal, las instalaciones y la logística de la Escuela Naval Militar (cuyo director ejercía el comando de la Fuerza de Tareas), el Liceo Naval Almirante Brown, el Hospital Naval Río Santiago, el Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM3), la Prefectura La Plata, el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina y otras dependencias con asiento en La Plata, Berisso y Ensenada. La FT 5 fue uno de los ejes del plan represivo más importantes en esa región bonaerense, eclipsado en las investigaciones judiciales por la profundización de las pesquisas en torno a la Policía conducida por Ramón Camps.

Cuando requirió la elevación a juicio, la Unidad Fiscal federal de La Plata señaló que los crímenes cometidos por la FT5 fueron "principalmente, contra los trabajadores y las trabajadoras de las empresas enclavadas en las ciudades de Berisso, Ensenada y en la zona de Río Santiago", y remarcaron que sólo las tres principales empresas –Destilería La Plata (YPF), Propulsora Siderúrgica La Plata y Astilleros Río Santiago- contaban con aproximadamente 15 mil trabajadores a mediados de los ‘70.

La Fiscalía indicó entonces que luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 comenzaron a funcionar bajo la égida de la FT5 cuatro dependencias como centros clandestinos de detención: la ex base naval, la sede de la Prefectura, el BIM 3 y el Hospital Naval Río Santiago.