El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata realizó este miércoles una nueva audiencia preliminar, con asistencia presencial y virtual de las partes, para organizar el juicio a 18 acusados por crímenes de lesa humanidad contra 197 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en las sedes de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía provincial en la capital bonaerense. El eje del debate estuvo en tres propuestas formuladas por la fiscalía para afrontar el juicio con modalidades que preserven la salud de los y las participantes en el marco de la pandemia de coronavirus.

Los jueces Ricardo Basílico, Roberto Lemos y Nelson Jarazo encabezaron la audiencia en la sala de juicios de los Tribunales Federales situados en 8 y 50 de esa ciudad. La mayoría de las partes, tanto acusadoras como de la defensa, asistieron al recinto, donde cumplieron con las medidas sanitarias de distanciamiento social y uso de tapabocas para la prevención de contagios.

La Unidad Fiscal que interviene en los juicios por violaciones a los derechos humanos en esa jurisdicción estuvo representada en la audiencia por el fiscal general Gonzalo Julio Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, mientras que el fiscal general Hernán Schapiro lo hizo de forma virtual. Con la modalidad de conexión a distancia también participaron los y las representantes de los organismos encargados de la contención y asistencia a los y las testigos.

El juicio por los crímenes en "1 y 60" -tal la denominación con la que se conoce en La Plata a las instalaciones policiales situadas en la intersección de esas dos avenidas- debió comenzar el 22 de abril pasado, pero fue suspendido en virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia de COVID-19. El 17 de febrero se había realizado la audiencia preliminar.

Ante la nueva situación sanitaria, la Unidad Fiscal pidió la realización de otra audiencia preliminar, para organizar el debate en el actual contexto.

Las alternativas propuestas por el MPF

El auxiliar fiscal Nogueira tomó la palabra en el inicio. Su exposición se centró en la necesidad de "readecuar el juicio a los formatos digitales” para “preservar la salud” de las y los operadores judiciales, las partes y los y las empleadas judiciales, bajo una premisa fundamental: “La emergencia no debe bloquear el acceso a la justicia”.

Sobre esta base, los representantes del MPF pusieron de relieve que la realización de debates mediante medios no presenciales es una modalidad promovida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la acordada 6/20 dictada con motivo de la pandemia, a la vez que encuentra recepción en los artículos 164 y 297 del Código Procesal Penal de la Nación, con base en el sistema interamericano de derechos humanos, y con cita de las 100 Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Luego expusieron tres alternativas:    

1) Realizar el debate de forma enteramente virtual, con la utilización de una plataforma provista por el Consejo de la Magistratura, que se encuentra en gestiones para proporcionar un sistema para el desarrollo de los debates orales, u otro tipo de plataformas tercerizadas, en la medida en que se contraten servicios adecuados. La Unidad Fiscal  refirió que un juicio enteramente a distancia no viola, en principio, ninguno de los principios de los debates orales, como la oralidad, la inmediación y el control de la prueba. Señaló al respecto que esta modalidad obligaría a tomar recaudos para la individualización de las partes y la acreditación de identidades, para lo cual propuso movilizar a funcionarios judiciales y/o personal provisto especialmente para esa tarea. También remarcó la necesidad de que, en ese contexto, los organismos de asistencia a los y las testigos actúen con un protocolo acorde. En tal sentido, el Comité para la Defesa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) informó su propuesta de acompañamiento a distancia.

2) La segunda propuesta de la fiscalía combina la presencia en la sede tribunalicia y la participación a distancia, con jueces constituidos en la misma sala, algunas partes y la toma de testimonios en forma remota, con la excepción de aquellas personas que quieran hacerlo de modo presencial, para lo cual se ponderará la situación en cada caso.

3) Finalmente, una tercera opción presentada por el MPF consiste en que el tribunal se constituya en pleno en la sala de audiencias para recibir los testimonios de los y las testigos de forma presencial, pero con la participación remota de todas las partes.

En orden a la publicidad del debate, la fiscalía propuso la difusión a través del Centro de Información Judicial, tal como se viene realizando en todos los juicios de lesa humanidad. Además, solicitó que, teniendo en cuenta la imposibilidad de recibir público, se contrate con fondos propios del Poder Judicial de la Nación un servicio de streaming para poder transmitir en vivo, en un formato enriquecido.

La audiencia giró en base a esas propuestas. La primera opción no fue bien receptada por las querellas, puesto que insistieron en la necesidad de que los y las testigos asistan a declarar ante el tribunal, dado que es el deseo de muchos y muchas y por el carácter reparatorio de esa participación. Los organismos de contención indicaron, en ese sentido, que hay víctimas que no desean hablar de sus padecimientos en el entorno de su hogar.

Las defensas, en tanto, plantearon algunas objeciones a los testimonios de forma remota por la imposibilidad de controlar que los testigos no reciban asistencia durante su declaración.

El Tribunal receptó las propuestas y planteos y comunicó que, próximamente, dará a conocer una resolución sobre la fecha en que comenzará el juicio y la forma en la que se llevará a cabo el debate.