El ex juez Roberto Catalán, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad, continuará en prisión domiciliaria como consecuencia de que el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, no hizo lugar al pedido de revocatoria que realizó la fiscal Marta Kunath, en base a informes de cuatro forenses que dictaminaron su aptitud para cumplir la prisión preventiva en la cárcel.

La domiciliaria de Catalán ya había sido rechazada en todas las instancias: la Cámara Federal de Córdoba, la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación habían ordenado que cumpliera la prisión preventiva en la cárcel.

Por ese motivo, el 6 de mayo pasado Piedrabuena había ordenado la detención del ex juez en un penal. El imputado pasó cuatro días en el lugar hasta que fue internado y luego fue beneficiado con una domiciliaria "transitoria", hasta que se hicieran los exámenes médicos que ya están en la causa y que son favorables a la detención en una cárcel, tal como lo solicitó Kunath.

Pero con la decisión de Herrera Piedrabuena de no acceder al pedido de la fiscalía -que se basó en aquellos peritajes- el incidente de prisión domiciliaria volverá a transitar todas las etapas por las que ya pasó, hasta que se dicte una decisión que adquiera firmeza. Mientras tanto, Catalán seguirá en su casa.

En su resolución, Herrera Piedrabuena consideró que el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja -el único penal provincial, de deficiente infraestructura- no cuenta con las condiciones de alojamiento adecuadas para el imputado, pero no tuvo en cuenta la posibilidad de derivarlo a otro establecimiento. La única alusión en ese sentido aparece en la cita de un oficio del Servicio Penitenciario Federal que le informa que el Hospital intramuros de Ezeiza no tiene lugar para procesados por crímenes de lesa humanidad, pero en los informes de los cuatro forenses es claro cuando refiere que no es necesario alojarlo en un nosocomio.

Por otro lado, Herrera Piedrabuena tuvo en cuenta que el informe socioambiental del imputado refiere que goza de "buen concepto vecinal" y que se encuentra arraigado en la ciudad desde hace más de 70 años.

"Figura emblemática"

Tras el rechazo del juez a esa solicitud de revocatoria de la domiciliaria, el fiscal Darío Edgar Illanes interpuso un recurso de reposición -para que Piedrabuena volviera sobre el paso dado- al considerar que no se habían evaluado de manera completa los informes médicos y psiquiátricos por los cuales se le había otorgado a Catalán el beneficio de la prisión domiciliaria; y que no se indicaba qué elementos de la detención en el Servicio Penitenciario perjudicarían la salud del imputado.

Por otro lado, el fiscal planteó que "si bien Catalán no es militar, fue un eslabón determinante en la cadena operativa del aparato represor”. Y agregó que “para la mayoría de las víctimas fue la figura emblemática de la represión en La Rioja”.

Además sostuvo que el ex juez tiene "influencia en la provincia y que ello lo convierte en una persona de alto riesgo procesal, ya que podría fugarse o abstraerse de la justicia".

El juez Piedrabuena rechazó el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación en subsidio. Ahora, deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Catalán, de 76 años, sólo pasó cuatro días en la cárcel en los últimos dos años. Detenido desde mayo de 2011 pero con prisión domiciliaria, el 6 de mayo pasado fue derivado al penal provincial, el 10 lo internaron en un sanatorio y el 13 fue beneficiado con el arresto domiciliario transitorio por Piedrabuena, quien para ello no le pidió opinión previa a la fiscalía.

Piedrabuena fue cuestionado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en agosto del año pasado por su actuación en las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, entre otros temas, por la demora en la toma de decisiones. La Procuraduría, por entonces Unidad de Coordinación y Seguimiento, le remitió un informe al Consejo de la Magistratura en ese sentido.

El ex juez Catalán está procesado por distintos grados de autoría en más de una decena de casos de imposición de tormentos, privación ilegítima de la libertad, homicidio calificado y allanamiento ilegal, como organizador de una asociación ilícita. Esos delitos tuvieron como víctimas a personas secuestradas y confinadas en el Instituto de Rehabilitación Social. Su último procesamiento data del 25 de marzo pasado.