El fiscal federal de Azul, Walter Romero, pidió la indagatoria de 18 personas por posibles complicidades del directorio de la cementera Loma Negra con el terrorismo de Estado, y en particular por el secuestro, tortura y homicidio de Carlos Alberto Moreno y al menos otras seis detenciones ilegales de empleados de la empresa.

La causa caratulada “Ignacio Aníbal Verdura, Loma Negra S.A. y otros s/privación ilegal de la libertad” surgió de la sentencia dictada en marzo de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata por el secuestro, tortura y posterior homicidio de Moreno. En ese momento, los jueces habían ordenado la extracción y remisión de testimonios para la investigación.

De acuerdo a la información brindada por la Fiscalía Federal de Azul, durante el juicio oral se reunió una serie de elementos de prueba que “autorizan a sospechar fundadamente que los hechos que tuvieron como víctima a Moreno formaron parte de acciones persecutorias en el marco del plan pergeñado por el Proceso de Reorganización Nacional y ejecutadas por las máximas autoridades de las Áreas 124 y 121, dependientes de la Subzona 12 en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil en complicidad con los directivos de la empresa Loma Negra”.

Iniciada la pesquisa, no solamente se logró determinar la responsabilidad de las autoridades militares que tenían jurisdicción donde se desarrollaron los hechos, sino que también establecer la identidad de aquellas personas que participaron en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior homicidio de la víctima.

Con el objeto de indagar en relación a la complicidad civil en el secuestro y asesinato de Moreno, se relevó una gran cantidad de documentación y expedientes laborales de la época.

Luego del análisis de documentación y expedientes laborales de la época y de testimonios aportados por personal de la empresa, “se logró confirmar la hipótesis inicial en relación a la participación de la empresa en los hechos que damnificaron a Moreno”. Incluso, se obtuvieron elementos de prueba suficientes que permitieron ampliar el objeto procesal inicial, incluyéndose así las detenciones ilegales sufridas por Andrés Staldeker, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Walter Ignacio Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Álvarez y José Ricciardi, todos ellos empleados de la fábrica Loma Negra.