Comenzó el juicio a los abogados y ex integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres, quienes están acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la previa del Golpe cívico militar de 1976. Ambos llegan acusados de conformar una asociación ilícita y el primero además por ocho homicidios. Tras la lectura de la acusación, el rechazo de unificar un proceso que tiene también como imputado a Ullúa y el aviso del Ministerio Público Fiscal de la posibilidad de ampliar las calificaciones de los hechos juzgados, el debate se retomará el miércoles 25 de septiembre.

A casi tres años de la condena a otros siete miembros de la agrupación de ultraderecha, los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori dieron inicio al debate oral y público, en el que interviene en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Pablo Ouviña, acompañado por la auxiliar fiscal María Eugenia Montero, y cuenta con la representación de las víctimas en las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Provincia y la Nación, y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En el inicio de la audiencia inaugural se leyó durante más de una hora una síntesis de los requerimientos de elevación a juicio de los dos acusados, quienes estuvieron en la sala de audiencias. Corres -quien no había sido incluido en la primera parte del juzgamiento de la organización por cuestiones procesales- llegó excarcelado al debate, mientras que Ullúa fue trasladado hasta el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata desde Campo de Mayo, donde permanece detenido después de su captura en 2017, tras permanecer nueve años prófugo.

Corres y Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a los otros siete miembros de la CNU -condenados en diciembre de 2016- para cometer delitos con una clara voluntad de persecución política.

Luego, Ouviña adelantó que, de acuerdo a las descripciones de los hechos del requerimiento de elevación a juicio de Ullúa, las calificaciones podrían ser más graves. En este sentido, explicó que a excepción del homicidio de Enrique “Pacho” Elizagaray, quien fue acribillado en el techo de la casa donde dormía cuando intentó escapar, para el resto de los homicidios -y no sólo el de María del Carmen Maggi- están descriptas privaciones ilegítimas de la libertad, a pesar de no estar asignadas en las calificaciones de cada hecho al momento de elevar la causa a juicio.

Por otro lado, reparó en que el agravante de los homicidios que llegan a juicio está exclusivamente referido al inciso sexto del artículo 80 del Código Penal –que refiere al “concurso premeditado de dos o más personas”-, mientras que el fiscal general advirtió que de acuerdo a la descripción de los hechos se estaría frente a homicidios alevosos, y estaría la posibilidad de otra calificante prevista en el inciso 2 del mismo artículo, que contempla los casos cuando media “ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso”.

Por otro lado, la defensa oficial, a cargo de la representación de Ullúa, solicitó la acumulación en este juicio de las acusaciones que pesan sobre su defendido en la causa 130001/2007, conocida como “Cueva 3”, donde se juzgan nueve homicidios enmarcados en la denominada “Noche de las Corbatas”. Esta cuestión fue rechazada por el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuyos argumentos fueron refrendados por las querellas.

El fiscal planteó que esta petición ya se realizó y fue rechazada incluso en instancia de la Cámara de Casación Penal, dijo que los estados procesales son diferentes y que esto puede llevar a una demora en la resolución de este proceso. Por otro lado, y al finalizar, marcó que las lógicas de la investigación en Cueva 3 son “absolutamente distintas” a esta causa, dado que una está enmarcada en el Golpe cívico militar y la otra es anterior, y si bien la connivencia del Estado es común, “los sistemas de imputación son absolutamente diferentes”. La resolución del Tribunal fue en esta línea al señalar que no correspondía la unificación de los procesos para el juzgamiento de Ullúa.

Las acusaciones

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016 con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Ullúa llegó a juicio procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y el médico Bernardo Alberto Goldemberg –secuestrados y acribillados en la denominada noche del 5 por 1-; por los asesinatos de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

De acuerdo a la acusación, la CNU operó con el apoyo de diversos organismos estatales como la Fiscalía Federal -el entonces fiscal fue condenado por ello-, la Universidad y fuerzas de seguridad

Los integrantes de la organización se repartían diversos roles: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado. De hecho, de acuerdo a la investigación, el accionar de la asociación ilícita contó con el apoyo de diversos organismos estatales como la Fiscalía Federal -el entonces fiscal fue condenado por integrar esta organización-, la Universidad y fuerzas de seguridad, donde sus integrantes prestaban funciones o tenían vínculos.

Al requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos y amenazas “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.