Concluidos los alegatos de las defensas de los nueve imputados del juicio denominado CNU, este martes la audiencia de réplicas y dúplicas duró apenas unos minutos y el tribunal fijó la próxima audiencia para el martes 20 de diciembre a las 9, para escuchar primero las últimas palabras de los imputados y, luego, se podría dar a conocer el veredicto.
Después de casi un año y medio de debate, está por llegar a su fin el juicio en el que se juzga el accionar de un grupo violento que secuestró y asesinó en la antesala del último golpe cívico militar, enmascarado en la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Daniel Adler, Laura Mazzaferri y María Eugenia Montero, se les imputa ser parte de una asociación ilícita, conformada para cometer delitos, bajo protección estatal y con el entonces fiscal Gustavo Demarchi como jefe. Y sobre algunos de ellos también pesa la acusación por ocho homicidios, de los que fueron víctimas Jorque Enrique Videla, Guillermo Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Enrique “Pacho” Elizagaray –en la denominada noche del 5 x 1-, la entonces secretaria general de la Universidad Católica María del Carmen “Coca” Maggi, y Jorge Stoppani y Daniel Gasparri, interceptados en la vía pública y asesinados luego.
En el último mes, se escucharon los alegatos de las defensas, distribuidos en siete audiencias. En primer lugar fue el turno de Horacio Insanti, abogado defensor de Juan Pedro Asaro y Raúl Viglizzo. Luego fue el turno de José Luis Granel, quien ejerció su autodefensa.
En dos audiencias alegaron los defensores oficiales José Galán, quien oficia de abogado de Mario Durquet; Isabel Labattaglia, por Fernando Alberto Otero y Roberto Justel; y Manuel Bailleau, quien defiende a Raúl Rogelio Moleón y Juan Carlos Asaro.
Por último, fue el turno de Gustavo Modesto Demarchi, y su codefensor Claudio Benvenuto, quienes alegaron durante tres jornadas.
Con distintas líneas argumentativas, pidieron la absolución de sus defendidos marcando que los delitos que se juzgan -ocho crímenes cometidos en 1975 y formar parte de una asociación ilícita- no son delitos de lesa humanidad. A su vez, señalaron que no existen pruebas que den cuenta de la autoría de estos delitos.