El fiscal federal de Mar del Plata Pablo Esteban Larriera requirió al juez Santiago Inchausti la elevación a juicio de diez integrantes del grupo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) implicados en violaciones a los derechos humanos entre febrero de 1975 y y marzo de 1976. Nueve de los imputados son civiles, encabezados por el ex fiscal Gustavo Demarchi, mientras el restante es un militar que ya estaba retirado en el momento en que ocurrieron los hechos.

En diálogo con Fiscales, Larriera sostuvo que la clave es el vínculo de esta asociación ilícita con el Estado, y aseguró que algunos de sus integrantes operaban como parapoliciales insertos en la estructura de la fiscalía federal y conectados con la policía.

Y agregó que “la CNU contaba con la venia de las fuerzas de seguridad y actuaban teniendo una zona liberada”. Larriera indicó que Demarchi, quien fuera fiscal en el momento en que se cometieron los delitos que se investigan, era el jefe de la asociación ilícita.

Demarchi, que estuvo prófugo en Colombia, fue extraditado en septiembre del año pasado.
Su captura fue producto de una denuncia formulada en junio de 2008 por los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata luego de recibir durante años testimonios en el Juicio por la Verdad, a raíz de lo cual lo denunciaron por paralizar sistemáticamente las investigaciones de los crímenes de la CNU.

El ex fiscal está procesado desde el 9 de octubre de 2012 por su participación en el delito de asociación ilícita, en los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg; y en el secuestro y posterior homicidio de María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica.

También están imputados por los delitos de homicidio y asociación ilícita el profesor de filosofía Mario Ernesto Durquet, el fotógrafo Raúl Rogelio Moleón, el librero Juan Pedro Asaro y militar retirado Fernando Alberto Otero.

Otero y Durquet, además, están imputados por los homicidios de Daniel Gasparri y Jorge Alberto Stoppani.

En tanto que el broker de comercio exterior Marcelo Arenaza, los abogados José Luis Granel y Luis Roberto Coronel, el comerciante Roberto Alejandro Justel y el taxista Juan Carlos Asaro están procesados sólo por asociación ilícita.

En el requerimiento a elevación a juicio, el fiscal Larriera coincidió con la Cámara Federal al señalar que “la particular estructura organizativa de funcionamiento de la asociación ilícita en el período de tiempo investigado en esta causa", que abarca el lapso comprendido entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976, "obedeció al modo en que pasó a llevarse a cabo la política Estatal de persecución sistemática de opositores políticos a nivel nacional, que hasta entonces no se había servido de instrumentos legales que acompañaran el accionar de los grupos paraestatales fomentados o tolerados por el propio Estado, uno de los cuales era, precisamente, la Concentración Nacional Universitaria”.

La causa tiene aún como prófugos a Eduardo Salvador Ullúa, ex ayudante del fiscal Demarchi en la Fiscalía Federal; Fernando Federico Delgado y Raúl Viglizzo.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100 mil pesos para aquellas personas que ofrezcan datos para dar con sus paraderos.