05 de febrero de 2023
05 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Juicio en Córdoba
Megacausa La Perla: la fiscalía pidió investigar a empresarios, sacerdotes y jueces
Al escuchar las denuncias de las víctimas, la fiscalía solicitó remitir las declaraciones a los fiscales de instrucción para que investiguen nuevos hechos. Más de 80 testigos prestaron declaración desde el comienzo del juicio. Se trata del proceso más grande por delitos del terrorismo de Estado en Córdoba.

El fiscal general de Córdoba Carlos Facundo Trotta requirió que se extrajeran copias de las declaraciones de diferentes víctimas que declararon en la mega causa "La Perla" para remitirlas a las fiscalías que investigan en primera instancia la complicidad de empresarios, sacerdotes y jueces en la represión ilegal durante la última dictadura cívico militar. 

La participación de diferentes componentes de la sociedad civil en los crímenes del terrorismo de Estado es uno de los temas prominentes que surge de las declaraciones de los más de 80 testigos en el juicio más grande por crímenes de lesa humanidad que tiene por escenario al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba y que lleva más de cincuenta audiencias desde su comienzo el 4 de diciembre pasado. 

La complicidad de los empresarios apareció en el testimonio de las víctimas que fueron secuestradas dentro de instalaciones fabriles. También se evidenció dentro del centro clandestino La Perla, donde "se hacía ver a los secuestrados álbumes fotográficos que provenían de las mismas empresas que permitían se secuestre dentro de sus instalaciones", indicó Trotta a Fiscales. "Tal fue el grado de precisión que brindaron algunos testigos", señaló el fiscal, que por ello solicitó copia de las constancias de las declaraciones "a fines de investigar la posible vinculación de empresarios con el secuestro de trabajadores fabriles".

Durante los seis meses que lleva el debate, también expusieron algunos testigos sobre el grado de conocimiento que tenían altos jerarcas de la Iglesia Católica de Córdoba sobre los centros clandestinos de detención y la situación de los desaparecidos. "El nivel de connivencia existente entre la sociedad civil y el régimen militar también se manifestó cuando los testigos se refirieron al rol que cumplió la Justicia por aquellos años. En este sentido, se hizo referencia a la existencia de “listas” confeccionadas por los militares en manos de Jueces, de amenazas por parte de funcionarios y magistrados, de inactividad ante denuncias y planteos de hábeas córpus; ello, incluso luego del avenimiento de la democracia", aseguró Trotta, que también requirió que se comience a investigar en primera instancia la responsabilidad de sacerdotes y jueces.

En efecto, Trotta tiene a su cargo la instrucción de la investigación sobre funcionarios judiciales, que le fue delegada por el juez federal.

En la megacausa “La Perla" se juzgan violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas en los campos clandestinos de detención La Perla, Campo La Rivera y el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2), lugares actualmente recuperados por los organismos de Derechos Humanos como Espacios para la Memoria y en los que el tribunal ya realizó inspecciones oculares.

La causa contaba inicialmente con cuarenta y cuatro acusados, pero actualmente se ha separado a tres imputados por cuestiones de salud. Los delitos que se les imputan son privación ilegítima de la libertad agravada, torturas, homicidio calificado, violación y sustracción de niños y niñas, cometidos en Córdoba entre marzo de 1975 y fines de 1978, en perjuicio de 417 víctimas.

Delitos sexuales

Durante el debate también fueron denunciados delitos de índole sexual y de género. "Tanto mujeres como hombres han descripto que, además de las penurias físicas y psicológicas que los torturadores les imponían, en muchos casos se presentaba la agresión sexual. Así, algunas mujeres expusieron que por el hecho de su pertenencia de género, debían sufrir una doble tortura: además de los tormentos físicos, debían soportar manoseos, vejaciones y en algunos casos hasta violaciones por parte de los miembros de la patota de La Perla, Campo La Rivera o el D2", explicó Trotta.

Ante esas declaraciones, el representante del Ministerio Público consultó a las víctimas si era su intención que se investiguen estos hechos, "a fin de remover el obstáculo a la persecución penal", explicó Trotta, dado que se trata de delitos de acción pública pero de instancia privada. En la mayoría de los casos, el fiscal obtuvo el acuerdo, tras lo cual solicitó la remisión de los testimonios a la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba, donde tramita una causa en donde se investigan exclusivamente delitos de índole sexual en contra de múltiples víctimas de la última dictadura cívico-militar en Córdoba.