17 de agosto de 2022
17 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca
Megacausa Zona 5: testigos declararon acerca de los operativos de secuestros realizados en localidades del sur de Buenos Aires
Ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, distintos testigos dieron cuenta de los operativos realizados en las localidades de Dorrego, Tres Arroyos, Huanguelén y Algarrobo en el marco del juicio donde se juzgan a 38 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas.

En el marco del juicio conocido como “Megacausa Zona 5”, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca escuchó durante junio distintos testimonios que dieron cuenta de los operativos de rastrillaje y secuestros realizados en diferentes localidades del sur de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar. En el debate, intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y la auxiliar fiscal Paula Daniela Molini y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

En las ultimas audiencias, declararon testigos que describieron los operativos realizados en las localidades de Dorrego, Tres Arroyos, Huanguelén y Algarrobo. A su vez, en la última audiencia declararon dos de las hijas y una amiga del matrimonio de Isabel Forteza y Eduardo Gaztañaga, víctimas de delitos de lesa humanidad quienes se encuentran actualmente fallecidos.

En el juicio se juzgan las responsabilidades de 38 imputados (ex militares, ex policías federales y provinciales y un director de unidad penitenciaria) por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado.

El caso de Forteza y Gaztañaga

Julieta Gaztañaga, hija mayor del matrimonio, relató en la audiencia del 23 de junio pasado que sus padres fueron secuestrados en la semana santa del año 1977, pero que ella recién tomó conocimiento a sus 17 años, cuando accidentalmente se lo comentó una tía. Remarcó que sus padres vivieron con miedo toda su vida y que lo que sufrieron “fue un secreto, un estigma profundo y espantoso”.

De acuerdo a su testimonio, pudo reconstruir con el tiempo lo que habían padecido ambos en el centro clandestino de detención “La Escuelita”. “Sufrieron torturas, el que más expresó esto fue mi padre: lo picanearon muchísimo, le pegaron", relató.

“En cuanto a la situación de vejación, el que habló más fue mi padre. Mi madre solo mencionaba situaciones de mucha indignidad, de estar escuchándolo a mi padre en las sesiones de tortura, de reconocer sus gritos, los lamentos de compañeras de secuestro embarazadas. Más que nada describía el entorno, no hablaba casi nada de ella, no podía", indicó

De acuerdo a lo que relató Julieta, su madre le contó a una amiga lo que había sufrido cuando estaba a punto de morir: que cuando estuvo secuestrada fue violada y que no sabía si Julieta era hija de su compañero o el producto de la violación.

Tanto Julieta (que se realizó un estudio de ADN con su padre y coincidió genéticamente con él) como su hermana María, que también declaró, señalaron la importancia de que los abusos sexuales sean investigados y juzgados como delito y no como otra forma de tortura.

Cabe recordar que el caso de Isabel es uno de los que actualmente está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tanto la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca como la Cámara Federal Casación confirmaron que no se podía continuar con la investigación de los casos de violencia sexual en los que no se cuenta con el impulso de la víctima debido a que son delitos de instancia privada. Al respecto, el fiscal Javier De Luca presentó un recurso extraordinario en el que opinó que debían investigarse delitos contra la integridad sexual cometidos durante el terrorismo de Estado y no denunciados por las víctimas.

Operativos de rastrillaje y secuestros en localidades del sur bonaerense

Durante el 13 y 16 de junio, se escucharon testimonios que dieron cuenta de los operativos realizados en diferentes localidades del sur de la provincia de Buenos Aires, como fueron Dorrego, Tres Arroyos, Huanguelén y Algarrobo. Uno de los testigos fue Rubén Rodolfo Randazzo, hijo de Salvador Randazzo y Blanca Goycochea, quienes junto a su hermana Liliana, fueron secuestrados por “militares encapuchados” en un vehículo del Ejército Argentino, en el marco de un operativo en Coronel Dorrego. El hombre explicó que su padre, militante del Partido Comunista, fue increpado por un militar de apellido Sierra para que no haga política hasta la vuelta a la democracia.

Respecto de lo sucedido en Tres Arroyos, declaró Guillermo Francisco Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante de la Comisión Provincial por la memoria, y coautor de la investigación “22, Los tresarroyenses desaparecidos”.

El libro, que es prueba documental en el debate, es fruto de la investigación que Torremare realizó con el objetivo de recopilar testimonios e información sobre víctimas y sobrevivientes de la última dictadura militar en aquella localidad. El testigo relató que la primera edición del 2001 fue un disparador para que mucha gente se animara a brindar su testimonio. En total entrevistaron a más de 60 personas.

“El impacto que tuvo el libro fue develar la verdad, venciendo miedos y prejuicios”, señaló y sostuvo que  desde el primer día de la dictadura la ciudad fue sitiada: “vinieron del V Cuerpo de Ejército, hubo requisas generalizadas, allanamientos y muchas detenciones de personas”.

También se refirió al operativo militar conjunto llevado a cabo en esa ciudad entre el 14 y el 15 de septiembre de 1976, a cargo de Osvaldo Bernardino Paez -uno de los imputados en este juicio—, en el que se hicieron requisas, allanamientos y detención de personas. Según Torremare, 30 personas fueron secuestradas, llevadas al palacio municipal y luego a la comisaría local. Algunos de ellos posteriormente fueron trasladados a Bahía Blanca, cuyos casos son objeto de este juicio: se trata de las víctimas Villalba, San Giuliano, Pollacchi, Ale y Peñalva.

En la misma jornada se proyectó el testimonio de Jorge Villalba, quien fue secuestrado en Tres Arroyos y llevado al Batallón de Comunicaciones 181 en Bahía Blanca. Villalba declaró en el primer juicio realizado en la ciudad de Bahía Blanca, en noviembre de 2011. Allí dijo que el operativo lo comandó el Teniente Coronel Páez y detalló que la ciudad estaba “acordonada” y que en cada esquina había personal militar.

Sobre lo sucedido en Huanguelén y las implicancias que tuvo la irrupción militar en el pueblo, declaró César Horacio González y se reprodujo el registro audiovisual de Marta Bravo, quien había prestado testimonio en un juicio anterior de la ciudad de Bahía Blanca.

En su testimonio, Gonzaléz señaló que las fuerzas militares “ocuparon” el pueblo, llevando a cabo una importante cantidad de allanamientos.  Remarcó que fue "un marco de terror que vivió el pueblo” y que dicho operativo se realizó de forma conjunta por el personal del Ejército argentino y de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, declaró Julio López, un dirigente gremial de Vialidad Nacional y que vivía en Algarrobo, localidad que para la época de los hechos tenía alrededor de mil habitantes. Su declaración fue pedida para que relate lo que conociera acerca del secuestro en 1976 de Sirio Prat, trabajador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Secretario Adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Villarino y congresal del Sindicato Unidos Petroleros de Estado por la filial Bahía Blanca.

López precisó los nombres de compañeros que llevaban a cabo actividad gremial en Algarrobo y que fueron secuestrados, tales como Julio “Cacho” Berardi, Rafel Silva y Omar Rollhauser. Detalló que además de Prat, otros compañeros de YPF secuestrados fueron Sacchi, Procopio y Tolosa, víctimas de este juicio.

Más testimonios

Néstor Oscar Bertinat, que al momento de su secuestro en septiembre de 1976 era dirigente de la UOCRA Seccional Bahía Blanca, relató en su declaración que fue secuestrado en Bahía Blanca, por el “Chueco” Salinas en un Torino blanco perteneciente al Comando Radioeléctrico. Según la requisitoria de elevación a juicio de la fiscalía, se trata de Jesús Salinas, condenado a prisión perpetua en el juicio “González Chipont”, por los secuestros y las torturas sufridos por Laura Manzo, María Emilia Salto y Daniel José Bombara, y por el asesinato de este último. Por estos mismos casos, se encuentra actualmente en juicio el policía retirado Claudio Alejandro Kussman, compañero de Salinas.

Respecto de su cautiverio y torturas, Bertinat detalló: “me desnudaron, me acostaron en un elástico de cama, me mojaron, y me pusieron un cable en el segundo dedo del pie". "Si gritaba me ponían una almohada en la cabeza. Cada 3 horas me pasaban electricidad”, agregó y sostuvo que el interrogatorio versaba siempre sobre su actividad gremial. Luego, contó que lo llevaron a la cárcel de Villa Floresta, donde pudo ver a Mariano Barcia, José Alberto Cruz, Víctor Benamo, Quiroga, quienes son todas víctimas de esta Mega Causa.

Por último, también se presentaron dos víctimas que solicitaron que no se difundieran sus declaraciones. Ambos fueron secuestrados violentamente en la vía pública, vendados y trasladados a los galpones del ferrocarril de la ciudad de Bahía Blanca, donde funcionaba un centro clandestino de detención y tortura.