En una sala de audiencias colmada por el público, comenzó ayer en los tribunales federales de Retiro la etapa de alegatos en el juicio más grande de la historia judicial argentina, en el que 67 personas son juzgadas por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el ámbito de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en perjuicio de casi 800 víctimas.

El Ministerio Público Fiscal fue primera de las partes en alegar. La exposición que se estima le demandará al fiscal general Guillermo Friele y a la fiscal ad hoc Mercedes Soiza Reilly alrededor de un mes. Las audiencias se realizarán los lunes, miércoles y jueves de cada semana.

Soiza Reilly adelantó en el inicio del alegato que pedirán condenas al encontrar “un cargo probatorio cargoso suficiente en contra de los imputados que ha puesto en crisis el principio de inocencia contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, tras dos años y medio en el juicio más voluminoso de la historia”, luego de “acumular impunidad durante años, con una parálisis que permitió a los integrantes de las fuerzas armadas echar mano a cuanta prueba pudiera perjudicarlos”. Además, destacó que los imputados “están siendo juzgados por las leyes argentinas, por tribunales argentinos, como cualquier ciudadano, garantizando de manera absoluta los principios constitucionales de un Estado de Derecho.” “Ocuparon cargos y fueron parte del engranaje indispensable para dejar un número enorme de víctimas”, consideró respecto de los acusados.

Luego, explicó que el alegato estará estructurado alrededor de las pruebas que dan cuenta de los aspectos generales de los hechos investigados y luego los particulares, para luego indicar los tipos penales escogidos, el grado de autoría, la antijuricidad de los actos y por último la graduación de las penas. Para ello, la Fiscalía tendrá en consideración los documentos, al igual que el valor probatorio de los relatos de los testigos que han declarado durante estos dos años y medio.

En primer lugar, valoró las “innumerables denuncias” recibidas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), luego del “rechazo de más de ocho mil hábeas corpus por parte de una justicia cómplice”, en las que “a poco de leerlas, se vislumbra el miedo y, en muchos casos, la ausencia de precisiones. Pero en otras, se destacan relatos elocuentes en los que se mencionaban los primeros nombres y/o apodos de quienes formaban parte del grupo de tareas que funcionó dentro de la ESMA", consideró sobre aquellas denuncias.

Asimismo, negó que los elementos probatorios aportados por los hombres y mujeres que pasaron por el centro clandestino de detención puedan ser reprochados, en tanto que actuaron cuando el sistema de administración de justicia “no lo hacía”. En ese sentido, destacó los relatos y la confección de listados de cautivos elaborados por Sara Solarz de Osatinsky, Graciela Daleo, Miriam Lewin y Víctor Basterra, entre muchos otros, como también los que contenían nombres propios y apodos de los imputados, que sirvieron para “completar, comparar y entrecruzar datos”.

"Este juicio debe dejarnos una enseñanza en relación al tratamiento de vÍctimas/testigos de crímenes aberrantes cometidos por los agentes del Estado represor; porque deponer sobre los hechos crueles que se cometieron tiene un significado y una carga muy alta para ellos. Son hechos que no pasan desapercibidos y permanecerán para toda la vida", aseveró.

También, valoró el análisis de los archivos abiertos merced a la desclasificación ordenada por el Poder Ejecutivo, por parte de los ministerios de Defensa y de Seguridad, y las pericias elaboradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Además, recalcó la importancia del acceso a la información proveniente de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA) -que se encuentran en custodia en la Comisión Provincial por la Memoria-, que permitió constatar la realización de operativos de los grupos de tareas de la ESMA en conjunto con otras fuerzas militares como el Ejército, y tanto la policía de aquella provincia como la Federal. En ese sentido, dio cuenta de varios casos que forman parte del objeto procesal del juicio -entre otros los de Julio Roque, Norma Arrostito y la familia Adjiman.

Por otra parte, dio entidad documental al habeas corpus presentado por la familia de Inés Ollero,  secuestrada a sus 22 años cuando volvía en colectivo de Ciudad Universitaria: todos los pasajeros fueron a declarar a una comisaría y liberados, pero Ollero sigue desaparecida. En él puede verse la intervención del grupo de tareas de la ESMA en los hechos que damnificaron a la joven.

Finalmente, hizo hincapié en la “extensa red de informantes” plasmada, por ejemplo, en los cables de la agencia ANCLA, que según la fiscal, representó una forma de resistencia y comunicación popular, contra las operaciones de prensa de las fuerzas armadas que tenían por finalidad “desinformar”, tal fue el caso de la también desaparecida Thelma Jara de Cabezas, Norma Arrostito y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

Antes del comienzo de la exposición del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal N°5 comunicó que no hizo lugar al planteo de recusación de Soiza Reilly y que decidió incorporar el video de la última declaración testimonial del marino Alfredo Scilingo.