Ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza comenzó hoy el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio por la apropiación de la hija biológica de Carlos Poblete y María del Carmen Arroyo. En el juicio se investiga la participación de tres personas, entre las que se encuentran dos integrantes del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la policía de la provincia de Mendoza y la pareja de uno de ellos, acusados de haber inscripto falsamente a la víctima como su hija biológica. El MPF está representado por el fiscal general Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante, quien estuvo a cargo del alegato en esta primera jornada. 

En el comienzo de su intervención, que continuará en la próxima audiencia, Rodríguez Infante realizó una reconstrucción de los perfiles de las víctimas Moyano y Poblete. La jornada de la fecha estuvo centrada en demostrar la injerencia del D2 en la persecución de Moyano, su entorno y su grupo de pertenencia durante el 1975, cuando María del Carmen aún vivía en Mendoza. Para esa época, el imputado Armando Osvaldo Fernández Miranda era parte del D2 junto con el fallecido Eduardo Smaha Borzuk, y al que luego se incorporó también Santiago Garay. Aquel organismo policial fue precisamente el eslabón central en la persecución desplegada contra María del Carmen Moyano en esa provincia, quien a raíz de esa persecución se radicó tiempo después en San Juan, donde conoció a Carlos Poblete.

De acuerdo a la acusación fiscal, la hija de Moyano y Poblete nació aproximadamente en junio de 1977 en instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), situada en la ciudad de Buenos Aires, donde su madre permanecía privada ilegítimamente de la libertad desde abril de ese año, tras ser trasladada desde el centro de detención “La Perla”, ubicado en la provincia de Córdoba. Al momento de los hechos, Moyano tenía 23 años y cursaba el séptimo mes de su embarazo, cuando fue secuestrada junto a Carlos Poblete en Córdoba. Transcurridos ocho días del parto, la niña fue arrancada de los brazos de su madre y entregada a una pareja.

Fernández Miranda, integrante del D2 de la policía mendocina, departamento que había tenido el rol protagónico en la persecución de María del Carmen Moyano dos años antes en aquella provincia, y su esposa, Iris Yolanda Luffi, inscribieron a la niña como hija biológica, mientras que Smaha y Garay fungieron como testigos del nacimiento falsamente documentado, mediante una partida de nacimiento con datos apócrifos.

La Oficina Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal con sede en Mendoza le atribuyó a la pareja apropiadora y el hombre restante los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años, en calidad de coautores -que siguieron cometiéndose hasta que se conoció el resultado del examen de ADN, ocasión en que la damnificada “pudo conocer su verdadera identidad y tener la posibilidad así de reestablecer el vínculo familiar que fue interrumpido inmediatamente después de su nacimiento”-; alteración de su estado civil, también en coautoría; y falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad -en estos últimos casos por la especial relevancia que tuvo la inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Mendoza del acta con datos filiatorios falsos.