04 de octubre de 2022
04 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Ayer, Miret reconoció que sabía que existían desaparecidos
Mendoza: continúa el juicio contra ex jueces, militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad
En la megacausa, se investiga la responsabilidad de civiles y uniformados involucrados en los procedimientos ilegales realizados en la provincia a partir del golpe de estado de 1976.

En una nueva audiencia del juicio oral en el que están acusados los ex magistrados Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo y una treintena de ex policías y militares, declaró hoy el ex uniformado provincial José Antonio Lorenzo quien admitió que era guardia en la Comisaría séptima y que trasladaba a los detenidos y los entregaba en la dependencia en que eran interrogados y torturados, pero que él no sabía nada y que nunca escuchó los gritos de las víctimas cuando sufrían los tormentos.

Lorenzo hizo hincapié en que él no torturó y que la comisaría séptima no era un Centro Clandestino de Detención porque las víctimas allí alojadas estaban registradas. Ante la pregunta de por qué muchos de los detenidos que denunciaban haber sido torturados lo involucraban a él, Lorenzo dijo que es como consecuencia de que él actuaba a cara descubierta y que todos lo llamaban por su apellido, a diferencia de los torturadores que lo hacían encapuchados.

A última hora de la audiencia, fue el turno de Rubén Darío Gonzalez, acusado de violar en forma sistemática a una de las víctimas.

Las contradicciones del Sr. Juez

El ex juez Luis Miret incurrió en contradicciones durante su indagatoria en el megajuicio en el que está imputado de haber cometido delitos de lesa humanidad. El ex magistrado respondió durante horas las preguntas realizadas por los representantes del Ministerio Público Dante Vega, Daniel Rodriguez Infante y Patricia Santoni; y de la querella Fernando Peñalosa, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de Carlos Varela Alvarez, por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.

El fiscal Federal Dante Vega le preguntó a Miret por cada habeas corpus que el juez rechazó y por cada uno de los sumarios realizados en comisarías ante las denuncias de familiares de personas que habían sido secuestradas por los represores.

En todos los casos, sus respuestas fueron similares. Sostuvo que cuando las Fuerzas Armadas reconocían tener detenida a una persona no daba lugar al habeas corpus porque como consecuencia del decreto del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la eliminación de la subversión, tenía dudas sobre si la medida era legal o no. Y agregó que no tenía en claro si el Ejército necesitaba una orden de allanamiento o no, pero cuando se le repreguntó que si eso era sí, cuál era el motivo por el cual brindaba órdenes de allanamiento, adujo que lo hacía simplemente porque se lo pedían.

Miret reconoció haberse encontrado con el ex general Fernando Humberto Santiago, uno de los máximos responsables de la represión ilegal en Mendoza, pero en eso contradijo lo dicho por el ex juez Romano, quien declaró que habían sido visitados por el entonces general, quien les había explicado cómo era la “lucha antisuvbersiva”. En cambio Miret dijo que ellos habían ido a verlo a Santiago para hacer docencia.

El ex magistrado relató que le había preguntado a Santiago acerca de la causa por la cual hacían allanamientos ilegales y que el represor le respondió que tenían órdenes secretas que cumplir. En ese punto, el fiscal Vega lo interrogó sobre si sabía algo más y Miret reconoció que detrás de los allanamientos podrían existir detenciones ilegales, e incluso detenidos-desaparecidos.

Si bien con anterioridad Miret había señalado que recién tomó conocimiento en 1978 de la existencia de desparecidos. Después admitió que ya en 1975 supo de uno y que podía haber otros. Además, afirmó que a consecuencia de los habeas corpus se enteró de los allanamientos llevados a cabo sin orden judicial.

La Fiscalía lo interrogó sobre por qué no investigó otros delitos que se denunciaban, como por ejemplo robos y violencia. El ex juez respondió que eso era competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero cuando se le repreguntó el motivo por el cual no se declaró incompetente, dijo que era obvio que no se investigarían a sí mismas.
Consultado sobre por qué no investigó las desapariciones de personas en los casos en que las Fuerzas Armadas negaban tenerlas bajo su disposición, ya que podía ser un delito común, el ex magistrado dijo que no se le ocurrió.