El fiscal general Dante Vega y su colega titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad culminaron este lunes las réplicas de los alegatos en el marco del histórico juicio oral que aborda en Mendoza la responsabilidad de ex magistrados, ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad en crímenes del terrorismo de Estado. “Mi objetivo es que no quede flotando la mentira”, dijo Vega en su respuesta a los abogados defensores de los 34 acusados. A más de tres años de su inicio en febrero de 2014, el proceso se encamina a su final, dado que sólo resta la culminación de las dúplicas de las defensas y las últimas palabras de los acusados.

La intervención de la Fiscalía se había iniciado durante las jornadas del martes y el miércoles de la semana pasada, cuando el fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante contestó y dictaminó por el rechazo de las nulidades interpuestas por las diferentes defensas.

El temario repasado por la Fiscalía durante las tres jornadas fue amplio y variado, teniendo en cuenta las alegaciones que diferentes abogados defensores realizaron durante las exposiciones efectuadas a lo largo de los últimos meses: desde la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, que llegó a incluir la afirmación de que hubo una "escasa cantidad de estados adherentes a las convenciones internacionales"; la incompetencia del fuero federal para intervenir frente a los crímenes en los que los acusados ex magistrados actuaron como "garantía de impunidad"; la selección de la prueba por parte de los fiscales; la supuesta violación del principio de congruencia (es decir, que no se alteren a lo largo del proceso los hechos imputados); las nulidades de declaraciones testimoniales previas al juicio oral y de los reconocimientos de los acusados realizados durante la instrucción; y hasta la alegación de que la pena de prisión perpetua es inconstitucional, entre otros aspectos. En ese contexto, el defensor oficial Ramiro Dillon profirió el exabrupto de llamar a los miembros del MPF como "fiscales del relato".

Tanto en la contestación de las nulidades como en las réplicas, los fiscales tuvieron que responder un cuestionamiento de la defensa que atravesó este juicio: la supuesta selectividad de la acusación a los cuatro ex magistrados Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren ignorando la actuación de los jueces provinciales en los habeas corpus.

Vega, tras señalar que la Fiscalía había compulsado toda la documentación de los ocho juzgados de instrucción de la provincia, destacó entre otras cosas que el defensor había afirmado falsamente que de las 200 personas que -conforme estimaciones del propio defensor- habían desaparecido en Mendoza, sólo 55 habían tenido trámite en la justicia federal mientras las 145 restantes habían concurrido a la justicia provincial, cuando la información real demostraba que abarcando todo tipo de trámite la justicia provincial sólo registraba expedientes respecto de 25 personas desaparecidas, de las cuales 20 tenían también causas en la justicia federal. Es decir que sólo cinco casos tuvieron trámite exclusivo en el fueron provincial, de los cuáles 4 correspondían a homicidios.

Auat, en tanto, salió al cruce de los defensores que enmarcaron la actuación de los imputados en una "guerra" y reivindicó a las víctimas. El titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad dijo que en el juicio “estamos hablando de Justicia, no de venganza. Ni aún cuando hubo un cepo legal, dejaron de pedir Justicia. Acá hubo un Estado terrorista que violó derechos humanos. No hubo una guerra. Pido la tacha de cualquier tipo de agravio que recibimos. Nos merecemos un gesto de respeto”, citó al fiscal el blog de los organismos de derechos humanos juiciosmendoza.wordpress.com, que publica el resumen de cada una de las audiencias -van 210- desde el comienzo del debate.