Al momento de su fuga, Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi estaban detenidos a disposición conjunta de jueces de San Juan, que forman parte de la jurisdicción federal que registra un tercio del total de los prófugos de todo el país, que actualmente son 72. El circuito de los tribunales de Mendoza, que integran los tribunales de la capital de esa provincia, de San Rafael, de San Juan y San Luis, supera con 24 rebeldes largamente al resto de las jurisdicciones del país.

El desagregado de esa cifra de 24 indica que once están prófugos de juzgados federales de la capital mendocina, otros nueve del juzgado de San Rafael, cinco de los juzgados de San Juan y el restante de San Luis. Si se suman todas esas cifras la cuenta da 25 como resultado, pero ello se explica porque un mismo imputado es buscado en San Rafael y en Mendoza capital.

Las jurisdicciones que siguen a Mendoza en cantidad de prófugos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con catorce; Rosario, con ocho;  y Mar del Plata, con seis.

Los números se desprenden del  relevamiento realizado –y actualizado diariamente- por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat, que reúne los datos remitidos por todos los fiscales federales del país que intervienen en causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.

El registro muestra que hay prófugos en la mayoría de las jurisdicciones federales del país. La nómina se completa con Bahía Blanca (4), San Martín (1), Comodoro Rivadavia (1), Córdoba (2), La Plata (4), Paraná (1), Posadas (1), Resistencia (2), Salta (3) y Tucumán (2). La excepción está dada por las jurisdicciones de las cámaras federales de General Roca y Corrientes, cuyos tribunales no registran prófugos en la actualidad.

La sumatoria de los números aquí expuestos es 73, es decir, uno más del registro total. Sucede que uno de los prófugos está rebelde de jueces de las jurisdicciones de Salta y Tucumán, y por ese motivo está sumado dos veces en la desagregación por jurisdicción. 

El registro también revela que 17 de los 72 prófugos tienen órdenes de captura libradas en más de una causa judicial.

Mayoría de militares

Más de la mitad de los prófugos, 39, revistaron en las Fuerzas Armadas. La mayoría, 28, lo hizo en el Ejército. Otros seis lo hicieron en la Armada, uno en la Fuerza Aérea y cuatro integraron la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI) que formaba parte de esas fuerzas.

La nómina de pertenencias se completa con siete militares uruguayos, diez policías federales, ocho policías provinciales, 7 civiles –entre ellos, el ex camarista federal de Mendoza, Otilio Romano- y un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también registra los casos de 92 imputados que se encontraban prófugos y que fueron capturados por diferentes fuerzas de seguridad en los últimos diez años.