El fiscal general Dante Vega reclamó hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza que condene a prisión perpetua a los ex magistrados federales Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Roque Romano, a quienes acusó por la comisión de crímenes contra la humanidad, en el marco de un alegato en el que, en total, pidió la aplicación de 12 penas máximas y otras 16 de entre 3 y 22 años de prisión. Vega, acompañado por los fiscales Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante, finalizó de esta manera la exposición de la Fiscalía, que se extendió durante cinco meses y medio: los tres representantes del MPF habían comenzado a exponer el 14 de marzo pasado.

La Fiscalía acusó a los 28 ex militares, ex policías, ex penitenciarios y civiles que llegaron al final de este debate, que se inició el 17 de febrero de 2014. Salvo en el caso del chofer de una comisaría, a todos los demás acusados les pidió condena por el delito de asociación ilícita, desde los ex magistrados a los jerarcas militares y funcionarios intermedios de las fuerzas armadas y de seguridad.

El representante del MPF acusó, según los casos, por los delitos de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio, violación, abuso deshonesto, allanamiento ilegal, encubrimiento, omisiones de denunciar y de promover las investigaciones, con diferentes agravantes.

El caso de los ex magistrados se destaca en este histórico juicio desarrollado en Mendoza, dada la influencia que mantuvieron esos imputados hasta hace poco tiempo en el fuero federal local. Los cuatro ex funcionarios fueron acusados por los delitos que perpetraron desde los roles que cumplieron antes y durante la dictadura. Luis Miret y Rolando Carrizo fueron jueces federales, Otilio Romano ejerció como fiscal federal y Guillermo Petra Recabarren como defensor público oficial. Todos, no obstante, rotaron por las diferentes funciones, porque la ley vigente en la época habilitaba la subrogancia de los cargos entre los mismos magistrados. Así, el fiscal y el defensor en algunos casos podían reemplazar a los jueces.

A lo largo de más de cinco meses, los fiscales describieron integralmente el funcionamiento del aparato estatal represivo, desde las autoridades militares que tenían a sus máximas jerarquías en la VIII Brigada de Infantería de Montaña hasta la inteligencia policial del Departamento de Informaciones, D2, y los guardias de la penitenciaría de Mendoza, hasta la actuación de los magistrados, que -indicaron- desde su lugar avalaron e impulsaron las acciones del plan represivo.

Pedidos de perpetua

• El ex juez Miret fue acusado como partícipe primario en siete hechos de homicidio agravado en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad agravada, 17 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, seis hechos de tormentos agravados, 1 allanamiento ilegal y tres robos agravados. Y en calidad de partícipe necesario en el delito de violación agravada en un hecho.
• El ex juez Rolando Evaristo Carrizo fue acusado en carácter de partícipe primario en dos hechos de homicidios agravados en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada, en 14 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, dos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal.
• Petra Recabarren fue acusado como partícipe primario en 17 hechos de homicidios agravados en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad agravada y en cinco hechos de privación abusiva de la libertad agravada.
• El ex fiscal Romano fue acusado como partícipe primario en 33 hechos de homicidios agravados en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada, 25 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, 36 hechos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal. Fue además acusado en calidad de partícipe necesario en el delito de violación agravada en cuatro hechos y en cinco de abuso deshonesto agravado, y como autor del delito de omisión de promover la investigación en un hecho.
• La Fiscalía reclamó también prisión perpetua para el ex director del Liceo Militar General Espejo, coronel Carlos Horacio Tragant, y para el ex suboficial mayor del Ejército de la misma institución, José Antonio Fuertes, a quienes acusó -al primero en carácter de autor mediato y al segundo, como coautor- de un homicidio agravado. Asimismo, los consideró responsables de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada (a Tragant en ocho hechos mientras que a Fuertes en uno). También, fueron acusados como autores en el delito de asociación ilícita.
• La pena máxima también fue solicitada para el ex jefe de Operaciones y de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Paulino Enrique Furió, quien fue acusado como autor mediato en 25 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, nueve casos de aplicación de tormentos agravados, 16 homicidios agravados, la supresión de la identidad de una niña menor de diez años, así como su sustracción, retención y ocultamiento y la falsedad ideológica de sus documentos, un caso de robo simple y dos de robo agravado. También, fue acusado de asociación ilícita en carácter de autor.
• Los fiscales pidieron prisión perpetua para el ex vicecomodoro y ex jefe de la Policía de la provincia, Alsides Paris Francisca, quien fue acusado como autor mediato en 22 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, 18 casos de homicidios agravados, un robo agravado, cinco hechos de tormentos y un caso de abuso deshonesto, y como autor de asociación ilícita.
• Para el ex oficial del D2, Armando Osvaldo Fernández, la Fiscalía también pidió perpetua. Lo acusaron como autor mediato de 20 hechos de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados y 1 caso de homicidio agravado, y como autor de cuatro casos de violación, 10 de abuso deshonesto y por asociación ilícita.
• También, reclamaron prisión perpetua para el ex cabo del D2, Pablo José Gutiérrez Araya, a quien acusaron en carácter de coautor de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos en siete hechos y un caso de homicidio agravado, y como autor de asociación ilícita.
• Para el ex sub comisario del D2, Luis Rodríguez, y para el agente del mismo organismo policial, Miguel Ángel Tello Amaya, también pidieron prisión perpetua. La Fiscalía los acusó como autor mediato y como coautor, respectivamente, de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 3 hechos y de 1 caso de homicidio agravado, y a ambos como autores de asociación ilícita.

De 3 a 22 años

Los fiscales reclamaron 20 años de prisión para el ex jefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, Dardo Migno, y 22 años de prisión para el jefe de aquella unidad militar, Juan Ramón Puebla, por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en ocho casos, y un hecho de abuso deshonesto, en carácter de autores mediatos, y asociación ilícita, como autores.

También, pidieron 20 años de prisión para los ex agentes del cuerpo de seguridad del Departamento de Investigaciones (D2), Rubén Darío González y Julio Héctor La Paz, como coautores de privación abusiva de la libertad y aplicación de tormentos, y en carácter de autores de violación agravada y abuso deshonesto, en perjuicio todos ellos de una víctima. También, fueron acusados como autores de asociación ilícita.

En tanto, pidieron 18 años de prisión para el ex vicecomodoro y ex jefe de la Policía de Mendoza, Mario Alfredo Laporta, por privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados, en carácter de autor mediato, y de asociación ilícita, como autor.

La misma pena solicitaron para el ex cabo del D2, Marcelo Rolando Moroy, como coautor de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en dos casos, y autor de un caso de violación agravada, dos de abuso deshonesto y asociación ilícita.

Para el ex sargento del D2 Diego Fernando Morales, los fiscales pidieron la pena de 16 años de prisión. Lo acusaron de privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en dos casos, en carácter de coautor, y de asociación ilícita, como autor.

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para los ex agentes penitenciarios e integrantes del grupo de tareas de la cárcel local, Oscar Alberto Bianchi y Pedro Modesto Linares, por privación abusiva de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada, en dos y tres hechos, respectivamente, en carácter de coautores, y como autores del delito de asociación ilícita.

La misma pena requirieron para el segundo jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Ricardo Benjamín Miranda, como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada y de aplicación de tormentos agravados en un hecho, y en carácter de autor de asociación ilícita.

Los fiscales además pidieron 10 años de prisión para el ex subcomisario a cargo de la seccional 13°, Armando Hipólito Guevara, a quien acusó como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada y de aplicación de tormentos agravados en 4 hechos y como autor del delito de asociación ilícita.

También, pidieron 10 años de prisión para los ex oficiales subayudantes de la Comisaría Séptima, Antonio Indalecio Garro y José Antonio Lorenzo, a quienes acusaron en carácter de coautores de privación abusiva de la libertad y aplicación de tormentos en tres hechos, y como autores en dos casos de violación agravada y de abuso deshonesto, y de asociación ilícita.

En tanto, para el ex subcomisario de la seccional 16°, Juan Carlos Ponce, los fiscales reclamaron la aplicación de una pena de siete años de prisión, por haberlo considerado autor mediato del delito de encubrimiento por omisión de denunciar en tres hechos, y como autor de asociación ilícita. Por los mismos delitos, acusaron al ex subinspector de la misma comisaría, Héctor Rubén Camargo, para quien pidieron una pena de seis años y medio de prisión.

Para el chofer de la misma dependencia, Miguel Ángel Ponce, pidieron la pena de tres años de prisión por su participación, en grado de coautor, en el delito de encubrimiento por omisión de denunciar.