Tras el pedido de ampliación de acusaciones realizado por el Ministerio Público, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que lleva adelante el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Monte Peloni, el centro clandestino de detención que funcionó en Olavarría, resolvió hacer lugar al recurso, aunque con algunas limitaciones.

La solicitud del fiscal federal Walter Romero, a la que adhirió el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se basó en el artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, que expresa: “Si de las declaraciones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión pero vinculadas al delito que las motiva, el fiscal podrá ampliar la acusación”.

Para el Tribunal, integrado por Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, el “delito continuado” al que hace referencia la norma es “una noción altamente imprecisa que proviene de una elaboración dogmática que carece de todo apoyo en la ley”, y por esto señalaron que “resulta más coherente entender que la continuación delictiva se refiere a la posibilidad de ampliar la imputación cuando nuevos elementos de prueba permitan suponer ‘provisionalmente’ que otros bienes jurídicos de las mismas víctimas han sido lesionados en el mismo contexto histórico situacional en el que se produjeron las lesiones que motivaron las acusaciones que ahora se amplían”.

Tras un detenido análisis, los jueces sostuvieron que “corresponde hacer lugar a la ampliación de la acusación respecto de Ignacio Aníbal Verdura -en relación a los homicidios de los que resultaran víctimas Amelia Isabel Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Rubén Villeres e Isabel Folini- y de Walter Jorge Grosse y Omar Antonio Ferreyra -en relación a los homicidios que tuvieran por víctimas a Jorge Fernández y Alfredo Serafín Maccarini”.

Respecto a Walter Jorge Grosse, Omar Antonio Ferreyra y Horacio Rubén Leites, acusados también por los homicidios de Amelia Isabel Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Rubén Villeres e Isabel Folini; y de Horacio Rubén Leites implicado por el fiscal en los asesinatos de Jorge Fernández y Alfredo Serafín Maccarini, el Tribunal no aceptó la presentación de los representantes del MPF. Los jueces consideraron que no existen hechos que los vinculen a los imputados con las víctimas.

Hasta el momento, sólo Verdura, dueño de la vida y de la muerte en Olavarría entre 1975 y 1977, estaba acusado por dos asesinatos y el resto sólo debía responder por privación ilegítima de la libertad y tormentos.