El titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, Abel Córdoba, inició ayer la primera parte de su alegato en el juicio a tres expenitenciarios por la denominada “Masacre del Pabellón Séptimo”, ocurrida en 1978, en el penal porteño de Villa Devoto. Calificó los hechos como “crímenes de lesa humanidad” perpetrados en el marco del terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico militar.

En el debate, iniciado hace un año ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°5, son juzgados el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez; y el excelador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda.

A todos ellos se les imputa la aplicación de tormentos contra 153 personas -65 de esos casos, seguidos de muerte- durante y después del incendio ocurrido el 14 de marzo de 1978 como resultado de una requisa en el pabellón séptimo de la Unidad Penitenciaria N°2 de Devoto.

“Una agresión a la condición humana”

Durante la primera de las tres jornadas previstas para su acusación, el fiscal general Córdoba estuvo acompañado por la jefa de despacho de la fiscalía Desiré Salomón y el subsecretario letrado Claudio Pandolfi. Al inicio de su exposición, afirmó que los hechos imputados fueron acreditados con la certeza que requiere esta instancia y destacó que los acusados “mostraron desprecio por la condición humana de las víctimas”.

El representante del MPF sostuvo que los agentes penitenciarios torturaron y exterminaron a los detenidos “con armas de fuego y sufrimiento”, en lo que describió como “un despliegue de violencia inusitada”. Según detalló, los imputados buscaron “la destrucción absoluta de los detenidos en el pabellón séptimo”.

El fiscal general Abel Córdoba y la jefa de despacho de la fiscalía Desiré Salomón, durante el alegato. Foto: M. Pellón.

“Las víctimas fueron amontonadas, y se abrió fuego en todo sentido”, subrayó el fiscal. “Se los aplastó y se los quemó. Fueron destruidos como si fueran residuos”, describió, y calificó el accionar de los imputados “como una agresión a la condición humana”. Quienes sobrevivieron fueron sometidos a una segunda fase de represión a lo largo del trayecto que lleva del pabellón a los calabozos de castigo.

Córdoba argumentó que “el contexto histórico es definitorio” y que “los crímenes tienen conexión con el proyecto político iniciado en 1976”. En ese sentido, sostuvo que la represión ilegal en las cárceles respondía a una “voluntad de disciplinar y amedrentar a las personas detenidas”. Para la fiscalía, se trató de una “masacre plural” y el hecho más grave dentro de un establecimiento penitenciario de toda la historia argentina.

“El accionar de los imputados no fue espontáneo, sino que fue parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, cometidos por agentes de una fuerza de seguridad, en este caso del Servicio Penitenciario Federal, bajo control operacional de los mandos militares”, puntualizó el fiscal.

Además, explicó que “la categoría de lesa humanidad no está solo circunscrita a la disidencia política, sino también a un método de disciplinamiento social”, vinculando así la represión en los penales con la metodología del terrorismo de Estado.

Tras la exposición, el TOF N°5, integrado por los jueces Nicolás Toselli (presidente), Daniel Obligado y Adriana Palliotti pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 29 de octubre, cuando la fiscalía continuará con su alegato.