El Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén inició el martes pasado el juicio contra ocho exintegrantes de fuerzas armadas y de seguridad acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 16 víctimas en distintas localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro entre 1976 y 1979.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén, integrada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el auxiliar fiscal David Maestre y los funcionarios Gabriela Schumacher y Juan José Cendagorta.

El debate comenzó con la lectura de los tres requerimientos de elevación a juicio. El tribunal está integrado por los jueces Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián. Las audiencias se realizarán todos los martes por la mañana y, en principio, se extenderán hasta el mes de junio.

Los acusados son los exmilitares Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale y Hugo Renes (oficiales del Destacamento de Inteligencia 182) y Carlos Carretto (capitán de ingenieros en comisión en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña e interventor militar de Catriel entre el 23 de marzo y el 24 de mayo de 1976).

También son juzgados los exgendarmes Miguel Cil (subalférez y jefe de la Sección Núcleo del Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional con asiento en San Martín de los Andes) y Emilio Sacchitella (segundo comandante a cargo de la Sección Junín de los Andes); y los expolicías provinciales Miguel Ángel Ferrari (integrante del Cuerpo de Informaciones de la Comisaría 28 de Catriel, en Río Negro) y Adolfo Mellao (comisario inspector a cargo de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, en Neuquén).

Cinco de los ocho acusados —Renes, Carretto, Ferrari, Cil y Mellao— llegan a juicio por primera vez.

De acuerdo con las acusaciones, se los juzga por privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos en perjuicio de 16 víctimas: José Luis Appel de la Cruz, Carmen Delard Cabezas, Daniel Gallo, Stella Maris Solanas, Carlos Pérez, Mónica Elvira, Amalia Cancio, Juan Raúl Pichulman, Leticia Veraldi, Luis Mendoza, Graciela Vicente, Matilde Segura, Juan Carlos Molinez, María Ester Sepúlveda, Oscar Escobar y Juan Ramón Colobig.

Cuatro de ellas —Appel de la Cruz, Delard Cabezas, Pichulman y Veraldi— permanecen desaparecidas.

Según los requerimientos fiscales, las detenciones ilegales ocurrieron en distintas localidades de la región. En la provincia de Neuquén fueron secuestradas Solanas, Pérez, Gallo y Vicente, en la ciudad de San Martín de los Andes); Molinez, en Junín de los Andes; Segura y Sepúlveda, en Plottier; y Colobig en la ciudad de Neuquén.

En la provincia de Río Negro, en tanto, fueron detenidos Escobar y Elvira, en San Carlos de Bariloche; Mendoza, en Catriel; Veraldi, Appel de la Cruz y Delard Cabezas, en Cipolletti; y Cancio y Pichulman, en la localidad de Juan José Gómez.

El Plan Cóndor y “La Escuelita”

El debate se desarrolla de manera presencial en el salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), mientras que los imputados participan de forma remota conectados desde sus lugares de detención o de prisión domiciliaria. La primera audiencia comenzó con la lectura de la acusación fiscal.

Entre los hechos investigados se encuentra el caso del matrimonio chileno integrado por José Luis Appel de la Cruz y Carmen Delard Cabezas, cuyos secuestros también fueron incluidos en la megacausa conocida como “Plan Cóndor”.

Según el requerimiento fiscal, ese plan constituyó “una creación delictiva de Estados que emplearon y coordinaron sus estructuras para la comisión de los más graves crímenes contra la humanidad”.

Al momento de los hechos, Appel de la Cruz y Delard Cabezas eran estudiantes de medicina en la Universidad Austral de Valdivia y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en ese país, ambos sufrieron persecución política y se vieron forzados a migrar a la Argentina.

El 11 de diciembre de 1976, cerca del mediodía, Appel de la Cruz fue secuestrado por integrantes de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la plaza central de la ciudad de Cipolletti, en Río Negro. Su esposa presenció el hecho y se dirigió a la casa de compatriotas chilenos que también residían en la ciudad. Allí relató lo sucedido, dejó al cuidado a su hija de cuatro meses y manifestó que iría a la comisaría local para averiguar sobre el paradero de su esposo.

Desde entonces no se volvió a saber nada de ninguno de los dos, quienes permanecen desaparecidos.

En este nuevo juicio también se vuelve a analizar el funcionamiento del centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) conocido como “La Escuelita”, ubicado en terrenos del Ejército Argentino contiguos al Batallón de Ingenieros 181 de la ciudad de Neuquén.

Asimismo, se investigan hechos ocurridos en otros lugares utilizados como espacios de detención ilegal, entre ellos la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina, las instalaciones de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, la Escuela de Instrucción Andina de San Carlos de Bariloche y el Escuadrón N°33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería Nacional.