10 de diciembre de 2019
10 de diciembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Las dictaduras de Banzer y Stroessner en la asociación ilícita transnacional
Paraguay y Bolivia en la Operación Cóndor, otros dos socios del terror en el Cono Sur
El fiscal Pablo Ouviña continúa con el alegato en el juicio por los crímenes de lesa humanidad de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas. Persecuciones, secuestros e intercambio de información de un aceitado sistema represivo.

Los binomios represivos de la década del '70 conformados por nuestro país en su relación con las dictaduras de Bolivia y Paraguay fueron abordados por el fiscal general Pablo Ouviña en el alegato del histórico juicio por los crímenes perpetrados por la Operación Cóndor, la asociación ilícita internacional que coordinó la persecución a los disidentes políticos en el Cono Sur más allá de las fronteras de cada país.

La exposición del fiscal sobre las contribuciones de Bolivia y Paraguay a la entente represiva llegó luego de las descripciones de las dictaduras uruguaya y chilena, de aspectos generales sobre el funcionamiento de la inteligencia y de la circulación de la información entre los países, los casos de víctimas de diferentes grupos y las bases de la operación. El alegato de Ouviña comenzó el 7 de agosto pasado y el juicio, el 5 de marzo de 2013. Hay 18 acusados argentinos y un uruguayo.

Cuando en las últimas semanas se internó en el análisis de la dictadura paraguaya, el fiscal aseguró que "el modelo represivo se basó en la prisión prolongada y el exilio masivo" y señaló que "no actuó de manera clandestina" aunque "actuaba de hecho, en las detenciones no mediaba nunca orden judicial". Para el confinamiento de prisioneros, indicó, "se emplearon establecimientos carcelarios, militares y policiales, comisarías, campamentos militares improvisados y campos de concentración como el de Emboscada". Ninguno de ellos fue secreto, acotó.

Para la descripción de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en la Operación Cóndor, el fiscal se basó en los testimonios recibidos durante el juicio y en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay; en los libros En los sótanos de los generales (Expolibro, Asunción, 2002) y Es mi informe (Centro de Documentación y Estudios, Asunción, 2006); en los documentos del Archivo del Terror; y en los cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos.

Ouviña puntualizó que la represión tuvo en 1968 a la Policía de Investigaciones como principal actor luego de que asumiera la conducción de la fuerza Pastor Coronel. Su Dirección de Asuntos Confidenciales fue reemplazada por la Dirección de Políticas y Afines (DPA), a cargo de Alberto Cantero. Al mismo tiempo, el Departamento 2° del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, a cargo de Guanes Serrano, pasó a estar a cargo de "la represión en países limítrofes". Guanes Serrano dependía del jefe del Estado Mayor, Alejandro Fretes Dávalos.

En el libro Es mi informe, expuso el fiscal, un documento que lleva el código R179F01279-01280 da cuenta de una reunión de la que participaron diferentes funcionarios de gobierno, entre ellos Guanes Serrano, en la que se definió el esquema que utilizaría ese país en la coordinación represiva. "Se organizó la división de tareas en torno al 'estudio de elementos de organizaciones subversivas' y se adjudicó la responsabilidad de la represión en Capital, Zona Central e Interior a la Policía de la Capital, la Zona Fronteriza a cargo de la Armada Nacional y las actividades en los países limítrofes a cargo del II Departamento", precisó.

Guanes Serrano fue además el representante paraguayo en la reunión fundacional de la Operación Cóndor, celebrada en Santiago de Chile durante tres días, que culminaron el 28 de noviembre de 1975 con la firma de un acta. Antes de esa formalización, el militar había sido el enlace de su país durante los operativos e intercambios de información con Chile para el secuestro en Paraguay en mayo de 1975 del militante chileno Jorge Fuentes Alarcón y del argentino Amílcar Santucho, ambos miembros de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), órgano de reunión de los movimientos guerrilleros del Cono Sur.

Ouviña ejemplificó la inserción de Paraguay en la Operación Cóndor con diversos documentos que contienen un "listado de subversivos brasileros radicados en Argentina" y profusa información que da cuenta del intercambio de datos con la comunidad de inteligencia argentina relativa a la persecución de militantes de nuestro país. El fiscal reparó en un documento que muestra a "Guanes Serrano participando en una 'reunión de trabajo', junto con personal de la SIDE argentina, del área [militar] 234 de Argentina y del Servicio de Inteligencia de Defensa del Uruguay, que en realidad fue un interrogatorio conjunto a un grupo de ciudadanos uruguayos y argentinos".

En el mismo sentido, un cable del Departamento de Estado de los EEUU da cuenta de información que Fretes Dávalos le brindó al embajador de ese país en Paraguay, Robert White. "Dávalos informó a White que había tenido una reunión con el jefe de inteligencia de Chile y que esta era simplemente una de las tantas reuniones que tenían lugar anualmente entre los jefes de inteligencia de los países del Cono Sur. Que este sistema de consultas se instauró como resultado de la expansión de la subversión Argentina a los otros países. Y que para los intercambios se utilizaba una red de comunicaciones con base en el canal de Panamá y se empleaban códigos bilaterales", describió Ouviña el documento, que finaliza con una conclusión del diplomático norteamericano, que el fiscal leyó: “obviamente, esta es la red Cóndor de la cual todos nosotros hemos escuchado hablar en los últimos años”.

Los casos de víctimas que forman parte del objeto de la causa ligado al binomio Paraguay-Argentina son los de Agustín Goiburú Jiménez, Juan Alberto Filártiga Martínez, Emilio Roa Espinosa, Antonio Maidana, Néstor Rodas, Florencio Benítez Gómez, Oscar Eladio Medina Ledesma, Fausto Augusto Carrillo Rodríguez, Federico Jorge Tatter Morinigo, Juan José Penayo Ferreyra y Cástulo Vera Báez.

El viejo cóndor de Stroessner

El caso de Goiburú mostró en el juicio la coordinación represiva a lo largo de los años. Médico traumatólogo de 47 años, casado y con tres hijos, Goiburú Jiménez fue secuestrado el 9 de febrero de 1977 en Paraná, Entre Ríos, luego de una larga persecución que comenzó con su exilio en Argentina en 1959, cuando se negó a falsificar actas de defunción de manifestantes asesinados por la policía de Stroessner.

En 1969, fue secuestrado en Argentina junto a su hijo por la marina paraguaya mientras pescaba en aguas argentinas del Río Paraná. Un año después, Goiburú logró escapar de la comisaría 7ª de Asunción por un túnel, se asiló en la embajada de Chile y se fue para ese país, tras lo cual regresó a Posadas, Misiones. Allí, una vez más un policía de su país intentó secuestrarlo y, por ese motivo, decidió adentrarse en territorio argentino y alejarse de la frontera.

En enero de 1975, llegó a Paraná. Por entonces, sus hijos mayores también habían comenzado a sufrir persecuciones. El 7 de febrero de 1977, Agustín Goiburú recibió una citación de la Policía Federal y acudió a la delegación de esa fuerza en la capital entrerriana. Lo tuvieron mientras esperaba un rato y luego le informaron que había sido un error. Varias personas pasaron frente a él y lo miraron detenidamente. "Quienes habían sido designados para capturarlo, usaron este método para asegurarse de identificarlo correctamente, para entrar en acción al día siguiente sin riesgo de equivocarse", concluyó Ouviña.

El 9 de febrero, Goiburú fue secuestado en plena vía pública de Paraná. Primero, chocaron su automóvil detenido simulando un accidente. El represor que conducía comenzó a preguntar por el dueño del vehículo, para recompensarlo. Cuando la víctima apareció, otro grupo irrumpió en una camioneta y, entre todos, se llevaron a Goiburú, que fue visto por última vez un mes después en el Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción, en Paraguay. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a ese país por su desaparición.

La Bolivia de Banzer

Bolivia entró en el Cóndor cuatro años después del golpe de Estado que llevó al poder al dictador Hugo Banzer el 21 de agosto de 1971.

Para reconstruir el funcionamiento de la coordinación represiva en ese país, el fiscal acudió a documentación publicada por el periodista paceño Gerardo Irusta. En esos documentos, se señala que la comunidad informativa estaba conformada por el Ministerio del Interior, que centralizaba las comunicaciones con los otros países que integraban el Cóndor, el Departamento de Orden Político (DOP) y el Departamento II de Inteligencia Militar.

El Télex 07/77 divulgado por el periodista, titulado "Reorganización de Cóndor 2", el sindicado encargado de las comunicaciones de Bolivia en la Operación Cóndor, Juan Carlos Fortun, informa que "en el Ministerio de Interior, en el tercer piso, fue instalado un sistema de comunicaciones vía radio-operador y luego un sistema de télex que estaba enlazado con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a través de la empresa Cable West Coast", citó Ouviña.

La finalidad de ese equipamiento era pedir "informes sobre el paradero de algún elemento subversivo, o recibíamos pedidos de los servicios de inteligencia de esos países para que se haga seguimiento de alguna persona en particular para luego proceder a detenerlo". El documento escrito por Fortun explica además que "se decía que era una máquina especialmente fabricada para el 'Sistema Cóndor' por el departamento de Logística de la Central de Inteligencia Americana" y que "esa máquina codificaba en grupos numéricos que no podían ser leídos si acaso no se tenía esa máquina decodificadora".

Ouviña señaló que en Bolivia funcionaron varios centros de detención, entre los cuales mencionó "el campo de Midadi Viacha, Achocalla, la isla del Coatí, decenas de casas de seguridad, la casa de hacienda de Chonchocoro, las celdas de la Dirección de Orden Político (DOP), y de la Dirección de Investigación Criminal (DIP)". En esos lugares, según testigos que declararon en el juicio, participaban interrogadores argentinos, que "no hacían preguntas directamente sino por medio de los agentes bolivianos y que esas preguntas giraban en torno de la JCR".

En el debate por los crímenes de la Operación Cóndor, el fiscal Ouviña abordó los casos de las siguientes víctimas del binomio Argentina-Bolivia: Luis Faustino Stamponi, Graciela Rutila Artés, Oscar Gonzáles de la Vega, Efraín Fernando Villa Isola, Mafalda Corinaldesi, Erasmo Suárez Balladares y Jorge Hernán Villavicencio Calderón.