El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó esta tarde a once años de prisión al ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo como autor de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos agravada a una mujer secuestrada en septiembre de 1976. El ex uniformado se convirtió en el primer miembro de un grupo operativo de la Policía de Entre Ríos en ser condenado por crímenes de lesa humanidad y en el sentenciado número 800 desde la reapetura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Las juezas Lilia Carnero y Noemí Berros y el juez Roberto López Arango señalaron que los hechos constituyen delitos de lesa humaniad cometidos "en el marco de un genocidio", como había pedido la querella, y condenaron por los crímenes y las agravantes tipificadas en el Código Penal que había solicitado la Fiscalía: privación ilegítima de la libertad agravada por uso de violencia, en concurso real con aplicación de tormentos agravado por ser la víctima perseguida por motivos políticos.

"Se hizo justicia y eso es lo importante", dijo a Fiscales al finalizar la audiencia el fiscal general José Ignacio Candioti, quien estuvo acompañado durante la lectura del veredicto por el fiscal general ante la Cámara Federal de Paraná y titular de la Unidad de DDHH del MPF en esa jurisdicción, Ricardo Álvarez.

El fiscal ante la Cámara Federal, Ricardo Álvarez, acompañó al titular de la Fiscalía ante el tribunal, José Ignacio Candioti, durante la lectura del veredicto.

Tras la condena, Céparo regresó a la Unidad Penal 1 de Paraná, donde se encuentra detenido. El tribunal decidió diferir una resolución sobre el pedido de prisión domiciliria formulado por su abogado defensor.

El 5 de octubre pasado, el fiscal general Candioti había requerido la pena de 16 años de prisión para el acusado, mientras que la querella había solicitado 21 años de prisión.

En su alegato, Candioti había remarcado la intensidad del sufrimiento al que fue sometido la mujer, al punto que -dijo- "la víctima pedía a gritos que la mataran", pues "prefería morir a volver a la sala de torturas" de la Jefatura de Policía. Entre otras formas de tortura, la mujer padeció la picana eléctrica aplicada sobre su órganos genitales.

Los hechos por los que fue juzgado Céparo comenzaron el 23 de septiembre de 1976, cuando un grupo operativo de la Policía de Entre Ríos irrumpió en el Sanatorio La Entrerriana, de Paraná, y se llevó detenida por la fuerza y sin orden judicial a la víctima, que trabajaba como enfermera en ese centro de salud. Entre los secuestradores, la mujer y otro testigo calificado -que conocía previamente al acusado de su pueblo natal- reconocieron a Céparo.

Con este veredicto, suman 800 las personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios.

Durante el debate declararon una veintena de testigos, entre ellos dos ex policías, uno de los cuales refirió que Céparo "estaba vinculado a los detenidos políticos", es decir, relacionado a su persecución, y el otro declaró haber recibido amenazas de muerte para él y su familia con el objeto de que se manifestara en favor del acusado.

Entre otras pruebas, el fiscal tuvo en cuenta los testimonios de tres ex detenidas políticas -dos de las cuales declararon en el debate- que fueron sacadas por el acusado de la celda que ocupaban en la Unidad Penal 6 para que firmaran "una declaración que ya venía confeccionada y que no pudieron leer". En el veredicto dictado hoy, el tribunal ordenó remitir copias de aquellos testimonios para que se investigue a Céparo por los delitos contra esas mujeres.

Candioti también tuvo en cuenta en la acusación que el imputado "fue instruido especialmente en el curso para combatir la subversión" que dictaba la Policía Federal, para el cual había sido enviado por el jefe de la Policía de Entre Ríos.

En la primera audiencia del juicio, el fiscal Candioti logró que el tribunal aceptara la incorporación como documento de la denuncia que había realizado en 1984 la víctima ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que nunca había sido judicializada y que contiene un relato pormenorizado de los hechos que sufrió durante su cautiverio. El valor de ese documento radica en que, ya entonces, la mujer reconocía a Céparo como responsable.