El titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dictó el viernes pasado el procesamiento con prisión preventiva del ex jefe de la Delegación local de la Policía Federal, Juan Dib, en la causa que investiga secuestros y desapariciones producidas en cadena en su mayor parte durante la primera quincena de agosto de 1976 en esa ciudad santafesina, que tuvieron como víctimas a una treintena de militantes del PRT-ERP. La decisión judicial incluyó el embargo de los bienes del imputado por 4,5 millones de pesos.

La información fue dada a conocer por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte. El organismo del MPF destacó que el juez compartió la hipótesis de la Fiscalía sobre "la existencia de un plan de exterminio de integrantes del PRT-ERP", cuyas víctimas fueron alojadas en su mayoría en el centro clandestino de detención Quinta Operacional de Fisherton.

De acuerdo con las pruebas recogidas en la investigación, los procedimientos fueron ejecutados por fuerzas conjuntas, integradas por miembros del Ejército pertenecientes al Destacamento de Inteligencia 121 y  por policías federales que revistaban en la delegación que esa fuerza tiene en Rosario.

Dib ya cuenta con una condena a siete años y medio de prisión por su intervención en la retención y el ocultamiento de Pablo Athanasiu Lascan, el nieto recuperado número 109, a quien entregó a uno de sus subordinados.

El procesamiento dictado el viernes por Bailaque indica que Dib resulta responsable, en carácter de partícipe necesario, de 25 hechos de privación ilegal de la libertad, 24 de los cuales se consideran agravados por mediar violencia y amenazas, dos casos de tormentos, uno de apremios ilegales, 27 homicidios calificados y también  del caso de la sustracción de una menor de diez años y su supresión de identidad. Todos esos delitos, indicó el juez, fueron perpetrados en el marco de una asociación ilícita en la que el ex policía intervino en carácter de coautor.

La Unidad Fiscal de Rosario informó a Fiscales que sólo una de las víctimas adultas sobrevivió a esos procedimientos. Varias murieron en los operativos mientras que la mayoría fue secuestrada y se encuentra desaparecida. Los cuerpos de tres de ellas fueron hallados años después. Casi todos los hechos se produjeron en la primera quincena de agosto de 1976, mientras que otros dos casos fueron perpetrados en septiembre y octubre de ese mismo año.

El juez indicó en el procesamiento que "teniendo en consideración el grado y funciones de responsabilidad" que tenía Dib "resulta probable" que "el imputado tuviera participación en los ilícitos que aquí se le imputan, que materialmente fueran cometidos por sus subordinados o, en definitiva, dependientes de algún modo de él". Y, en ese sentido, tuvo en cuenta que en esta causa ha dictado los procesamientos de "cinco subalternos suyos por distintos hechos que le fueron imputados en su declaración indagatoria".

Bailaque remarcó que los crímenes que se investigan "no son el producto de la errática y solitaria decisión individual de quienes los ejecutaron", sino que "fueron llevados a cabo a través de la compleja gama de factores (hombres, órdenes, lugares, armas, vehículos, alimentos, etc.), sirviéndose de la particular situación funcional y/o del servicio del Estado de los partícipes".

"Los autores inmediatos no pudieron ejecutar los delitos ordenados si no se los hubiera conducido a ello y, a su vez, por orden de Dib –como máxima autoridad de la Policía Federal en esta ciudad a la época de los hechos- se les hubieran otorgado los medios necesarios para ello. La ropa, los vehículos, el combustible, las armas y municiones, los lugares de alojamiento de cautivos, constituyeron un auxilio imprescindible para la ejecución, como así también las demás condiciones necesarias para efectuarse en un marco clandestino, procurando mantener un ocultamiento de lo actuado, como medio para obtener impunidad", puso de relieve el magistrado.