El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca procesó al ex camarista Néstor Luis Montezanti como autor del delito de asociación ilícita por su vinculación con integrantes de la organización paraestatal Triple A, en concurso real con el de intimidación pública -constitutivo de lesa humanidad- llevado a cabo el 26 de agosto de 1974, en el marco de una toma de la facultad de Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. La imputación había sido formulada por la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca el 27 de julio de 2015, cuando el ahora procesado todavía se desempeñaba en la Cámara Federal de esa jurisdicción, mientras que la audiencia para recibirle declaración indagatoria se concretó el 16 de febrero de 2018.

Si bien el fallo no impuso prisión preventiva, fijó medidas de coerción establecidas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal (CPPF): la obligación de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; y fijar domicilio, del que no podrá ausentarse por más de 48 horas sin previa autorización judicial. También mantuvo la prohibición de salida del país que se había decretado anteriormente.

El fallo

Luego de analizar la intervención de la Triple A en Bahía Blanca, en el ámbito universitario local -Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Universidad Nacional del Sur (UNS), por la que se encuentran en juicio los coimputados Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisu, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero-, la resolución del juez Walter López Da Silva se detuvo en la relación personal de Montezanti con varios de sus integrantes, y su participación durante la toma de la Facultad local de la UTN en agosto de 1974. Además analizó circunstancias relacionadas con su inserción en la comunidad de inteligencia.

Su vínculo con la Triple A

Da Silva entendió que el imputado mantenía relación con -al menos- los máximos integrantes de la asociación ilícita Triple A, quienes no llegaron a ser juzgados por haber fallecido: Remus Tetu -interventor de la UNS-, Rodolfo Ponce -por entonces diputado nacional y Secretario General de la CGT, cuyo grupo armado utilizado en la UTN era el mismo que luego utilizó Tetu en la UNS- y Argibay padre e hijo.

En cuanto a la relación del imputado con estos últimos, resaltó que una vez acaecido el homicidio de David Hover "Watu" Cilleruelo en los pasillos de la UNS, Jorge Argibay designó a Montezanti como abogado defensor en el marco de la causa penal en la que se investigaba el hecho. También Pablo Argibay lo designó como su abogado defensor luego de ser detenido a raíz del secuestro de un arma de fuego y equipos de comunicaciones pertenecientes a la UNS.

"Lejos de tratarse de una contratación casual, habría existido una relación de confianza para el tratamiento de temas sensibles" expresó el fallo respecto de la designación de Montezanti como defensor de dos acusados por un homicidio atribuido a la Triple A

Así el juez federal concluyó que dada la notoriedad en el accionar y presencia por entonces de la Triple A en la ciudad -conforme el relato de diversos testigos y lo ya resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca-, y la actividad del imputado en distintos ámbitos de esta ciudad -UNS, UTN y la UOM, entre otras- aquella no podía ser desconocida, lo que lo llevó a sostener que "lejos de tratarse de una contratación casual, habría existido una relación de confianza para el tratamiento de temas sensibles". Respecto de los vínculos con el rector interventor de la UNS Remus Tetu, quien también se desempeñaba como rector interventor en la Universidad del Comahue, el fallo resalta la relación que mantenía Montezanti en la época de los hechos, y con Rolando Teolino Funes, otro integrante del entramado en el plan represivo, cuyo nexo con el imputado no era otro sino Tetu. Al igual que Montezanti y otros integrantes de la asociación ilícita, Funes revistó como Personal Civil de Inteligencia, conforme el listado publicado por el Archivo Nacional de la Memoria (Dec. PEN 4/2010).

Participación en la toma de la UTN

Respecto de la participación de Montezanti en la toma de la UTN el 24 de agosto de 1974, la sentencia fue concluyente: "son varios los testimonios que lo ubican en el lugar de los hechos con una actitud desafiante y provocadora diferente a la que narró, lejos de un recorrido accidental como relatara en la audiencia indagatoria, en intento por mejorar su situación procesal", señaló Da Silva.

Además, valoró los numerosos y concordantes testimonios que, en consonancia con la prueba documental, impiden sostener que la participación de cualquiera de los sujetos reconocidos en el recinto pudiera obedecer a un hecho casual o de simple paso, como esbozó el imputado en su descargo.

Además, resaltó la envergadura de la intimidación "que llevó a la renuncia del rector interventor por la falta de garantías para desarrollar las funciones para las que había sido nombrado". "Tan solo estuvo en funciones 24 hs. abandonando la ciudad por el temor a que su libertad o vida estuviera en juego", añade la resolución al respecto.

Inserción en la comunidad de inteligencia

Por otra parte, el fallo tuvo acreditado que Montezanti realizaba actividades específicas de inteligencia en forma previa a su ingreso formal al Destacamento de Inteligencia 181.

En este sentido recogió un testimonio producido por la fiscalía que, en coincidencia con los archivos de inteligencia de la Prefectura de Zona del Atlántico Norte, conducen a que el imputado no solo era consultado por conocidos sobre si una persona podía ser víctima o no del llamado Terrorismo de Estado -en clara asociación a los servicios de inteligencia-, sino que ya durante los años 1977 y 1978 podía conocer quiénes podrían ser víctimas de ese accionar ilegal.

El procesamiento reconoció -en este mismo sentido- que existieron sujetos que no sólo ejercieron tareas de inteligencia, sino que también las dirigieron sin pertenecer formalmente a los servicios de inteligencia del estado, como fue el caso del rector interventor de la UNS Remus Tetu -sobre cuya actividad se pronunció la Cámara Federal local- y Emilio Fernández, quien fue mencionado en el Legajo de PCI de Julio César Abraham como colaborador del Destacamento de Inteligencia 181 pese a no poseer tal carácter.

El fallo tuvo acreditado que Montezanti realizaba actividades específicas de inteligencia en forma previa a su ingreso formal al Destacamento de Inteligencia 181.

También resaltó que la incorporación al Servicio de Inteligencia de sujetos que ya cumplían previas funciones como parte del entramado criminal era una práctica consolidada del Batallón de Inteligencia 601 en esa época. En la jurisdicción de Bahía Blanca eso ocurrió con Héctor y Miguel Ángel Chisú, Antonio Mazzota, Victoriano Garay y Raúl Guglielminetti. Vale recordar que Héctor Chisu falleció poco antes de comenzar el debate en que sería juzgado como miembro de la Triple A de Bahía Blanca.

Asimismo, Da Silva valoró en el mismo sentido el aval brindado por Jorge Oscar Riveiro, jefe del Destacamento de Inteligencia 181 y de la Central de Inteligencia Bahía Blanca, a Montezanti para su ingreso como Personal Civil de Inteligencia por conocerlo desde 1975, con la confianza suficiente para responder por el cumplimiento por parte del mismo de dichas relevantes y secretas funciones.

Por último, el falló también analizó los registros del archivo de inteligencia de la Prefectura de Zona Atlántico Norte, que prueba la actividad de inteligencia desarrollada sobre el blanco “subversivo” en la ciudad de Bahía Blanca, durante el período en que Montezanti se desempeñó como personal civil de inteligencia -a partir de 1982-, destacando que constituyeron "parte esencial del cúmulo de actividades de inteligencia la persecución a familiares de víctimas y organismos de derechos humanos". Y que por esa época, la persecución también estuvo dirigida a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Sur, conforme documentación de la actividad de inteligencia del período 1981/83. "Particularmente preocupaba el retorno a la UNS de grupos de militantes que reclamaban su regreso a la actividad académica, en tanto que gran cantidad de trabajadores concurrirían al estudio del Dr. Montezanti solicitando sus servicios profesionales para reclamar por su incorporación a dicha casa de Altos Estudios", completó la resolución.