El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, interpuso un recurso extraordinario en el que solicitó, por un lado, que se deje sin efecto el fallo de la Sala I de ese tribunal que convalidó el sobreseimiento -sin ser indagado- del ex titular del Tribunal de Menores Juan Carlos Marchetti de la causa en la que se investiga su presunta participación en la supresión de la identidad, sustracción y ocultamiento de un niño durante la última dictadura militar, y por el otro, que se aparte al juez federal de Instrucción de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
El devenir del expediente implicó el sobreseimiento en dos oportunidades del imputado por parte del magistrado federal de San Nicolás, que no hizo lugar al pedido para que sea indagado. Esas decisiones habían sido revocadas en dos oportunidades por la Cámara Federal de Rosario. Sin embargo, la Sala I de Casación -con los votos en mayoría de Eduardo Riggi y Mariano Borinsky y la disidencia de Gustavo Hornos- hizo lugar a una presentación en queja de la defensa y anuló lo dispuesto por la Cámara rosarina.

Diversas causales de arbitrariedad

En su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la sentencia de Casación incurrió en diversas arbitrariedades, en tanto "se excedió en su jurisdicción y trató el fondo de la cuestión planteada sin encontrarse reunidos los requisitos" porque la revocación del sobreseimiento no era sentencia definitiva ni una resolución equiparable a tal como así lo había resuelto la Sala en la oportunidad anterior en que la causa había ido en Casación.
De Luca consideró además que se efectuaron "afirmaciones que se apoyan exclusivamente en la voluntad de los jueces que la suscriben, de modo que se apartan arbitrariamente de los extremos probados y dictan un sobreseimiento sin contar con la certeza negativa que requiere la norma". Omisión de considerar prueba dirimente y descarte infundado de prueba "perfectamente producida e introducida al proceso" fueron algunas de las cuestiones que advirtió. En ese sentido, se encuentra acreditado que organismos de derechos humanos que buscaban a los hijos de desaparecidos se presentaron en 1978 en el Juzgado a cargo de Marchetti. "A pesar de ello no informó a ningún organismo que había dado en guarda judicial, con fines de adopción en el año 1977, a un niño sobreviviente de los entonces llamados 'operativos antisubversivos'", precisó De Luca. Entre las irregularidades se encuentra además la entrega en tiempo récord de la guarda provisoria del menor a una pareja muy cercana a un familiar directo del propio Marchetti, situación expresamente prohibida por la legislación provincial.
Asimismo, el fiscal general encontró que la doctrina del "plazo razonable" se aplicó "en claro desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte [Suprema de Justicia] con relación a su inaplicabiIidad a los casos en los que se investigan delitos de lesa humanidad".

El caso
En la madrugada del 19 de noviembre de 1976, fuerzas conjuntas de la Policía Federal Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe realizaron un operativo en una vivienda ubicada en Juan B. Justo 676, de San Nicolás, en el que asesinaron a todos sus ocupantes, a excepción de un niño de seis meses que fue puesto a disposición del juez de menores de esa localidad, Juan Carlos Marchetti.
Tiempo después, pudo identificarse a su madre como una de las víctimas del mencionado operativo, en tanto que su padre había sido detenido ilegítimamente y asesinado en marzo de 1976 en Escobar, hecho por el que se encuentra condenado Luis Abelardo Patti. El individuo pudo recuperar su verdadera identidad en 1995 como Manuel Gonçalvez Granada.
En la investigación iniciada de oficio por la Fiscalía Federal de San Nicolás, se requirió al juez federal a cargo de la instrucción, Carlos Villafuerte Ruzo, que cite a declaración indagatoria a los ex magistrados que intervinieron en el expediente en el que se tramitó la guarda y posterior adopción de Manuel Gonçalvez Granada, entre quienes se encuentra Marchetti. El juez federal Villafuerte Ruzo denegó el pedido y dictó el sobreseimiento, lo que motivó que las partes acusadoras -Fiscalía y querella- recurrieran ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que revocó el sobreseimiento y dispuso la realización de medidas.
A pesar de las directivas, el magistrado nuevamente resolvió rechazar el pedido de citación a indagatoria de los imputados, y decretó el sobreseimiento de Marchetti. Una vez más, esa resolución fue apelada y revocada por la Cámara Federal de Apelaciones. En ese escenario, la defensa de Marchetti interpuso recurso de Casación: el recurso fue denegado, lo que motivó la interposición de una queja, que la Sala I de la Cámara de Casación abrió el 4 de mayo de 2015