El fiscal general Federico Carniel y el auxiliar fiscal Diego Vigay solicitaron ayer al Tribunal Oral Federal de Resistencia que imponga las penas de seis años de prisión e inhabilitación absoluta para el exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni por considerarlo partícipe necesario del delito de tormentos agravados, en la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos contra Hugo Barúa, un militante detenido en septiembre de 1975.

La audiencia de ayer continuó con el alegato de las querellas, que realizaron una exposición unificada, y de la defensa. El debate, que comenzó el pasado 26 de febrero, contó con la declaración de seis testigos y se reanudará mañana con las últimas palabras del imputado. El tribunal se encuentra integrado por los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Fabián Cardozo.

El acusado Mazzoni cuenta con una condena a 11 años de prisión, impuesta en 2019, por los delitos de "tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes". En esa causa también estaban implicados por la comisión de crímenes de lesa humanidad el exjuez federal Luis Ángel Córdoba y el exfiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del debate oral.

Según la investigación que llevó a Mazzoni nuevamente a juicio, durante la madrugada del 10 de septiembre de 1975, Barúa fue detenido y torturado durante un allanamiento a su domicilio llevado adelante por la Policía de Chaco y la Gendarmería Nacional, y entre las personas que participaron del operativo se encontraba Mazzoni, por entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia.

La víctima de esta causa sobrevivió al terrorismo de Estado y testificó en diferentes juicios por crímenes de lesa humanidad. Ejerció la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco en 2011 y falleció en 2020.

"La violencia fue ejercida a través de un arma, a través de golpes de puño y a través violencia psicológica porque hubo amenazas y, lo más importante, es que durante todo ese procedimiento en la habitación de Barúa estuvo presente Mazzoni, en su carácter de funcionario judicial", sostuvo el fiscal Carniel.

"Fue a garantizar los objetivos del procedimiento"

La audiencia de ayer comenzó con la exposición del auxiliar fiscal Diego Vigay, quien realizó el análisis probatorio del caso y resaltó que en los juicios por crímenes de lesa humanidad el testimonio de la víctima es “un pilar central en la reconstrucción de los hechos”, debido a “la clandestinidad de lo que fue el terrorismo de Estado y a la dificultad que eso implicaba” a la hora de la reconstrucción de lo ocurrido después de muchos años. “Sin embargo, eso solo no basta, sino que tiene que estar acompañado de otros elementos probatorios”, agregó.

Luego repasó las seis declaraciones de la víctima en otros procesos, en las que había detallado los hechos ocurridos durante la madrugada del 10 de septiembre de 1975, que fueron incorporadas como prueba en este debate.

La primera había sido en 1985; luego, en 1998, en una instancia de los denominados juicios por la verdad -procesos sin pretensiones punitivas mientras estuvieron vigentes las denominadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida-, donde Barúa hizo un relato muy parecido al primero y declaró que había recibido apremios ilegales estando en la habitación de su casa por parte de dos agentes de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco, José Cardozo y Gabino Manader, y que Mazzoni, que supuestamente estaba para cuidar su integridad física, no hizo nada mientras eso ocurría. Vigay añadió que la víctima dijo en su testimonio que habían sacado a su madre afuera de su casa y que lo torturaron a través de golpes en distintas partes del cuerpo durante un interrogatorio para saber dónde estaban sus compañeros. El auxiliar fiscal repasó otras declaraciones muy parecidas que la víctima hizo en 2002, 2007, 2010 y 2012. En esta última, precisó el funcionario, Barúa detalló que aquella noche hubo dos secuencias de golpes: primero en su habitación y, luego, cuando fue traslado 300 metros caminando con Mazzoni a la par.

“Todos los testimonios de Barúa son absolutamente coherentes en cómo recuerda la situación y cuál fue la participación de Mazzoni en ese interrogatorio y en esa sesión de torturas. Refirió que estaba en ese lugar como secretario de un juzgado federal”, resaltó Vigay.

También analizó la causa abierta a Barúa por violación a la ley 20.840 (conocida como “ley de seguridad nacional”, que permitió entonces judicializar la persecución por motivos políticos), que incluyó el legajo prontuarial de la víctima, el legajo de trabajo del imputado y los testimonios de funcionarios de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales.

Vigay puntualizó que, según la declaración de varios testigos, Barúa militaba en esa época en la la Juventud Peronista y desarrollaba tareas en la parroquia San Antonio de Padua.

La víctima, Hugo Barúa, sobrevivió al terrorismo de Estado y falleció en 2020, pero declaró en seis oportunidades. El auxiliar fiscal Diego Vigay repasó cada testimonio: “Todos son absolutamente coherentes en cómo recuerda la situación y cuál fue la participación de Mazzoni en ese interrogatorio y en esa sesión de torturas".

Luego tomó la palabra el fiscal Carniel, quien sostuvo que, de acuerdo a la gran cantidad de prueba reunida, el MPF consideraba acreditado que Barúa vivía en una casa humilde junto a su mamá y que el 9 de septiembre de 1975, aproximadamente a las 23.30, irrumpió en su domicilio un operativo policial junto con oficiales de la Gendarmería para llevar a cabo un allanamiento con la presencia de Mazzoni, en carácter de secretario del juzgado federal de Resistencia.

“En ese momento, Barúa fue llevado a su habitación y su madre fue retirada del domicilio. Nosotros consideramos probado que hubo un interrogatorio durante el cual la víctima fue brutalmente golpeada por parte de las autoridades policiales. En el hecho de violencia participaron, por parte de la policía de Chaco, Gabino Marader y José Cardozo. La violencia fue ejercida a través de un arma, a través de golpes de puño y a través violencia psicológica porque hubo amenazas y, lo más importante, es que durante todo ese procedimiento en la habitación de Barúa estuvo presente Mazzoni, en su carácter de funcionario judicial, a cargo del procedimiento”, describió Carniel.

El fiscal detalló que Barúa fue llevado con golpes de puño desde su casa a donde estaban los vehículos. “Luego (Barúa) fue trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía Chaco y pudo reconocer a Mazzoni porque ya lo conocía de otros procedimientos judiciales. Este es el hecho concreto. Estamos convencidos de que la materialidad ilícita está probada y que la autoría de Mazzoni también”, resaltó.

Carniel hizo hincapié en que los hechos relatados en relación a la conducta de Mazzoni “deben ser considerados como un delito de lesa humanidad” y que las características están “ampliamente fundadas”, no solamente por las descripciones del hecho y la prueba, sino que “es una materia que no ha sido controvertida en todos los expedientes donde ya ha sido juzgado Mazzoni”. “Por eso vamos a sostener la imprescriptibilidad de los hechos por los cuales está siendo juzgado”, remarcó.

El fiscal general luego se refirió al rol que cumplió Mazzoni dentro de este procedimiento en particular y al rol del Poder Judicial en esa época. “Si analizamos en abstracto la Constitución Nacional de 1853 y la reforma posterior hay un punto que se mantuvo incólume, que es el doble rol que se le asigna al Poder Judicial: el de garante de la vigencia del Estado de derecho y el de la protección jurídica de las personas, individuos y ciudadanos (…) El rol del Poder Judicial tomaba más fuerza todavía en una época en la que había Estado de sitio y las garantías constitucionales estaban suprimidas por parte de la autoridad del Poder Ejecutivo. La única institución que podía inclinar la balanza en ese momento era el Poder Judicial ¿Qué paso aquí? El Poder Judicial fue cómplice de esa manera atroz de ejercer el poder. La presencia del Mazzoni le garantizaba impunidad al funcionario policial e indefensión al ciudadano que estaba siendo sometido a ese trato cruel e inhumano”, enfatizó.

En esa línea, afirmó que Mazzoni fue al operativo “no a garantizar que no sufra tormentos la víctima sino a garantizar los objetivos que tenía ese procedimiento, que era sacar a Barúa a patadas y de manera violenta para obtener información. Y este no fue un hecho aislado”.

“No quedan dudas que Mazzoni observó los tormentos y los avaló, no solo con su presencia sino al no haber ejercido su autoridad sobre las fuerzas policiales para evitar que Barúa sufriera los tormentos que sufrió”, concluyó Carniel.