La Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento del ex oficial de la Policía bonaerense, Raúl Orlando Machuca, por el secuestro y la desaparición en La Plata del poeta Daniel Omar Favero y su pareja, María Paula Álvarez, en 1977. El máximo tribunal penal señaló que la responsabilidad del policía debe ser dilucidada en el marco de un juicio oral y público.

En la resolución, fechada el 4 de diciembre pasado, los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky hicieron lugar de esa forma al recurso interpuesto por el fiscal Félix Crous -cuando se desempeñaba como titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado- y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Machuca había sido beneficiado con el sobreseimiento por la Cámara Federal porteña en esa causa, que -por cuestiones de competencia- tramitó en el fuero federal porteño, en el marco del expediente sobre los crímenes en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, y actualmente está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de la Plata.

El ex oficial está imputado por haber liderado el grupo de policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata que emboscó a Favero y a Alvarez el 24 de junio de 1977 en un departamento del edificio de la calle 57, entre 12 y 13, de esa capital. El policía Julio César Argüello, procesado y actualmente a un paso del juicio oral, participó también del procedimiento junto a otro efectivo por ahora desvinculado del expediente.

En la causa también están procesados como autores mediatos el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, el ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Fernando Svedas, y estuvo procesado hasta su muerte hace dos años el jefe de la repartición, Rubén Oscar Páez.

Durante el procedimiento en el departamento de los Favero, Argüello fue herido de bala y, por esa razón, se labraron actuaciones administrativas que permitieron, años más tarde, individualizar a la "patota" de policías bonaerenses que intervino en los crímenes.

El sobreseimiento dictado por la Cámara Federal porteña a Machuca tuvo que ver con una singular interpretación de aquellas pruebas documentales -que sirvieron para procesar a otros imputados, menos a Machuca-, que ahora el tribunal de Casación acaba de revertir.

En aquél expediente administrativo no se logró probar que una de las firmas insertas fuera la de Machuca, aunque otros elementos -según valoró Crous y, en el mismo sentido, la Cámara de Casación- lo vinculan al procedimiento, como la declaración del propio Argüello -cuya firma sí fue comprobada-, quien afirmó que el operativo estuvo a cargo de Machuca.

"Ello fortalece el razonamiento efectuado por el recurrente (Crous) en cuanto a que a tres días del procedimiento, Argüello no tenía motivo alguno para mentir sobre quienes habrían integrado la comisión policial que realizó el operativo, ya que el sumario no tenía por objeto buscar responsables sino justificar las lesiones que éste sufrió y, de esta forma, atribuirlas a un acto de servicio", señaló el juez Hornos, cuyo voto contó con las adhesiones de sus colegas Gemignani y Borinsky.

Los magistrados, además, encontraron correlato en otras pruebas testimoniales y la declaraciones de otros imputados para arribar a esa conclusión. Por eso, remarcaron, la resolución de sobreseer a Machuca fue "al menos irrazonable, y como tal prematura".

"La solución desvinculante propuesta por la Cámara Federal requiere de un debate previo con intervención de todas las partes, a fin de posibilitar la reconstrucción histórica de los hechos investigados, y las responsabilidades penales que se deben asignar, motivo por el cual la clausura definitiva de las actuaciones se ha adelantado al momento propicio para su desarrollo, que deberá ser el juicio oral y público", pusieron de relieve los jueces de Casación.

El caso fue ventilado e investigado por la Cámara Federal platense en el marco del Juicio por la Verdad, cuando aún estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue justamente el fiscal Crous quien, actuando ante los tribunales platenses a principios de la década pasada, pidió en septiembre de 2002 la detención de los policías y la declaración de inconstitucionalidad de las dos normas de impunidad.

La causa estuvo paralizada en la justicia platense durante varios años por la recusación de jueces y un prolongado conflicto de competencia, que culminó con la radicación de la causa en la Capital Federal, en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, quien dictó los procesamientos de los imputados.

El 19 de diciembre de 2012, en el marco de otro expediente voluminoso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata condenó a prisión perpetua a Machuca, Svedas, Etchecolatz y Argüello, quienes fueron juzgados entre una veintena de imputados por crímenes en el marco del denominado "Circuito Camps" de centros clandestinos de detención.