El titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, ordenó esta semana que se le reciba  declaración indagatoria a quien se desempeñara como magistrado federal en esa ciudad durante la última dictadura cívico–militar, Guillermo Ernesto Tschopp, y dispuso la prohibición de su salida del país. La citación tuvo lugar a raíz de un pedido hecho por el titular de la Unidad Fiscal que investiga violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, Adolfo Villatte, el 8 de abril en el marco de la causa “Denunciado:   Tschopp,   Guillermo   Ernesto   s/ infracción art.   248  bis.   Querellante:   Hijos   por   la   identidad   y   la justicia” n°81073/2018. A pesar de la feria extraordinaria dispuesta para el Poder Judicial de la Nación por el COVID-19, el fiscal general consideró que se reunían los requisitos de urgencia para que dicho pedido fuera resuelto en lo inmediato.

La investigación de estos hechos se inició el 15 de agosto de 2018 como consecuencia de una denuncia presentada por la presidenta de la agrupación H.I.J.O.S., Ingrid Schegtel. La dirección de la investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, a partir de lo cual comenzó a investigarse la presunta responsabilidad del ex magistrado en delitos de lesa humanidad.

Recolección y análisis de la prueba
Para ello, se realizó una profusa recolección de prueba instrumental. Se estudiaron 134 recursos de Habeas Corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo interpuestos por éstos, dando un total de 173 expedientes que tramitaron ante la justicia federal rosarina durante la última dictadura cívico-militar.

Se estudiaron 134 recursos de Habeas Corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo

Tras poco más de un año y medio, el fiscal general a cargo de la investigación entendió que se habían reunido elementos suficientes para citar a Tschopp a declaración indagatoria por la participación primaria en los delitos cometidos en perjuicio de 63 víctimas del terrorismo de Estado. Entre los delitos que se le imputan se encuentran los de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos calificados, desaparición forzada de personas y homicidio calificado.

Para fundar ese grado de intervención en los hechos, la fiscalía puso de resalto que –a diferencia de lo que sucedió con los poderes Ejecutivo y Legislativo que fueron suplantados por las Fuerzas Armadas-, el Poder Judicial no podía dejar de funcionar durante la dictadura por la sencilla razón de que era necesario para resolver otros múltiples conflictos que son sometidos al conocimiento de los jueces. Por ello, la opción fue la continuidad de su funcionamiento, aunque a cargo de jueces –como probablemente sea el caso de Tschopp, que estaba a cargo del Juzgado Federal Nº2 de Rosario- que fueran permeables a los intereses del gobierno dictatorial y que garantizaran la impunidad de los hechos delictivos que se cometían y en cuya investigación intervenían.

La declaración indagatoria tendrá lugar el 8 de julio de 2020, en la sede del Juzgado Federal n°4 de Rosario.