07 de julio de 2022
07 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario
Rosario: piden el llamado a indagatoria para tres ex funcionarios judiciales por crímenes de lesa humanidad
Se trata de dos ex fiscales federales y del ex secretario del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción. Se les imputa haber tomado conocimiento de distintas violaciones a los derechos humanos y haber incumplido sus deberes de funcionario público para evitar la comisión de esos crímenes, ocurridos durante la última dictadura cívico militar. Además se pidió ampliar la indagatoria del procesado ex juez federal Guillermo Tschopp, por asociación ilícita.

El fiscal general integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, Federico Reynares Solari, requirió hoy al juez federal de esa jurisdicción Marcelo Martín Bailaque que cite a declaración indagatoria a los ex fiscales federales Pedro Ramón Tiscornia y José Luis Vázquez, y al ex secretario del Juzgado Federal N°2 de Rosario, Horacio Claverie, en orden a los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, desapariciones forzadas y homicidios, ocurridos durante la última dictadura cívico militar, de los que habrían tomado conocimiento en virtud de las funciones que desempeñaban.

También requirió que se convoque a amplair la declaración indagatoria, en relación al delito de asociación ilícita, al ex juez Guillermo Ernesto Tschopp, quien ya fue procesado por su participación en 62 casos de violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción de Rosario.

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que estos funcionarios judiciales tuvieron conocimiento, a través de su labor profesional, de distintas privaciones ilegales de libertad, torturas, desapariciones forzadas y homicidios. En ese sentido indicó que en un flagrante incumplimiento de los deberes que las normas y la Constitución Nacional vigentes les imponían, omitieron -de forma sistemática y deliberada- actuar para hacer cesar la comisión de esos delitos y, así, garantizar la impunidad de las fuerzas represivas.

Al respecto, consideró que esa garantía brindada a las fuerzas de seguridad constituyó una participación primaria en los delitos cometidos por los distintos grupos de tarea que operaron. Sostuvo que “queda claro que los miembros de fuerzas represivas, pese a las presentaciones de habeas corpus y denuncias encontraban una garantía de impunidad gracias a la actuación del poder judicial, debido a esta especial forma de actuación. Ese aporte no puede ser brindado por cualquier ciudadano sino solo por aquellos que tienen el cometido legal de intervenir activamente, y cuya renuncia dolosa a cumplirlos se transforma en el requisito objetivo e imprescindible que prevé el art. 45 del C.P.” [que establece igual pena para quienes hayan cooperado con los autores de un delito].

En relación a la inacción de los funcionarios judiciales investigados, el fiscal Reynares Solari afirmó que los “jueces, secretarios y fiscales tenían conocimiento -por la incontable cantidad de denuncias de tormentos ocurridos en los centros de detención que recibían por parte de los imputados en el marco de las leyes antisubversivas- de que cualquier persona detenida, ya sea por la división informaciones o, directamente, por el Comando II Cuerpo de Ejército, corría grave riesgo para su salud. A pesar de eso jamás hicieron comparecer a persona alguna ante los estrados del tribunal”.

En relación a los diversos recursos de habeas corpus interpuestos por desapariciones forzadas, el representante del MPFN señaló que “los fiscales intervinientes tampoco solicitaron medidas adicionales. Por el contrario, todos los fiscales, en absolutamente todos los casos, independientemente del relato del hecho y de las respuestas obtenidas por parte de las mismas fuerzas represivas, propiciaron el rechazo del recurso”.

Los imputados

  • Pedro Ramón Tiscornia se desempeñó como fiscal federal entre el 25 de marzo de 1977 y el 16 de agosto de 1979. Luego, fue designado como titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, entre agosto de 1979 y el año 1984. Se le imputan haber participado en 54 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones forzadas, y por el delito de asociación ilícita.
  • Por su parte, su colega José Luis Vázquez fue fiscal federal entre septiembre de 1977 y septiembre de 1983. La fiscalía pidió que sea indagado por su participación en seis casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y asociación ilícita.
  • Finalmente, Claverie trabajó como secretario del juzgado federal rosarino, entre el 19 de abril de 1977 y el 27 de noviembre de 1984. La fiscalía requirió que se lo indague por cinco casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y también por asociación ilícita.