El fiscal general integrante de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Federico Reynares Solari, solicitó la ampliación de la declaración indagatoria del exfiscal federal de esa ciudad, Pedro Alberto Ramón Tiscornia, por amenazas coactivas ejercidas contra una empleada y un empleado -exdetenidos desaparecidos-, a quienes -de acuerdo a la imputación- obligó a renunciar a sus empleos en la Fiscalía Federal N°2 de Rosario.

Tiscornia, quien se desempeñó como fiscal federal entre el 25 de marzo de 1977 y el 16 de agosto de 1979, se encuentra con prisión preventiva -en cumplimiento domiciliario- desde el 16 de mayo pasado por orden del juez federal Marcelo Bailaque. El exfiscal está imputado por su participación -como "garantía de impunidad" para los perpetradores, dado que se considera que omitió investigar los crímenes- en 48 casos de privaciones ilegales de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados y en dos homicidios agravados.

La detención de Tiscornia fue consecuencia de un pedido formulado por la Unidad Fiscal de Rosario en diciembre pasado, que incluyó imputaciones similares al también exfiscal federal José Luis Vázquez y al ex secretario del Juzgado Federal N°2 de Rosario, Horacio Claverie. Tanto Vázquez como Claverie fueron indagados y permanecen en libertad.

El fiscal Reynares Solari presentó al juez Bailaque el pedido de ampliación indagatoria el mes pasado. La nueva imputación es por los hechos que afectaron a Adriana del Huerto Cuaranta, quien con posterioridad llegó a desempeñarse como jueza en lo civil de la provincia, y Rafael Bielsa, actual embajador ante la República de Chile.

En 1977, cuando ocurrieron los hechos que se le imputan a Tiscornia, Cuaranta y Bielsa trabajaban en la Fiscalía Federal N°2 de Rosario.

El pedido de ampliación de declaración indagatoria está fundado en la repetida narración de los hechos que ambas víctimas realizaron cada vez que tuvieron que declarar por crímenes de lesa humanidad. El fiscal Reynares Solari retomó sus testimonios para formular la imputación por amenazas coactivas contra Tiscornia.

"No hace falta explayarme acerca de la conexión íntima de estos hechos con el programa represivo ilegal de la última dictadura cívico – militar. No son delitos conexos, son parte del mismo plan", señaló Reynares Solari en su presentación.

De acuerdo con la imputación, Cuaranta fue obligada a renunciar en abril de 1977 por Tiscornia y por el entonces presidente de la Cámara Federal de Rosario, Celestino Araya, dos meses y medio antes de ser secuestrada y confinada en un centro clandestino de detención. Bielsa, en tanto, fue obligado a renunciar en julio de 1977, después de su secuestro.

"Las conductas desarrolladas por quien fuera titular de la Fiscalía Federal N.º 2 al momento de los hechos y por lo tanto responsable de los agentes a su cargo como fueron Cuaranta y Bielsa deben ser calificadas como amenazas coactivas, en tanto ambos fueron compelidos a presentar una renuncia en clara violación al trámite administrativo y disciplinario que existía en el momento para desafectar a un agente de la estructura del Poder Judicial de la Nación. Es decir que por medio de amenazas y otro tipo de intimidaciones se buscó imponer a Cuaranta y Bielsa la realización de una acción no querida, la cual consistió en obligarlos a presentar una renuncia por motivos falsos", indicó el fiscal Reynares Solari.

El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó en otro tramo de la imputación: "No hace falta explayarme acerca de la conexión íntima de estos hechos con el programa represivo ilegal de la última dictadura cívico – militar. No son delitos conexos, son parte del mismo plan. Más aún, estos hechos que traemos en este escrito permiten colocar a la complicidad judicial con el Terrorismo de Estado en otro nivel".

Y añadió: "Aquí vemos dos aspectos insoslayables: la actuación del Poder Judicial de la Nación como una estructura orgánica impropia de la judicatura y de su independencia. Los hechos que aquí relatamos son una bofetada ruidosa en el rostro de la pretendida 'neutralidad' y 'formalidad' del actuar judicial en materia penal federal durante la última dictadura cívico militar".

Amenazas y renuncias

En sus diferentes testimonios, Cuaranta refirió que en abril de 1977 Tiscornia le pidió la renuncia a su cargo de auxiliar de la fiscalía. La mujer indicó que para esa época hacía dos años que se había recibido de abogada y que llevaba cuatro trabajando en el sistema judicial federal, los dos primeros como "meritoria".

Según contó la víctima, pidió explicaciones sobre el motivo del pedido de renuncia y que el entonces fiscal federal le respondió que había sido una exigencia de "la superioridad" hacia él. Cuaranta agregó que entonces fue a pedirle respuesta al presidente de la Cámara Federal de Rosario, Celestino Araya. En esa época la fiscalía dependía orgánicamente del Poder Judicial.

"Los hechos que aquí relatamos son una bofetada ruidosa en el rostro de la pretendida 'neutralidad' y 'formalidad' del actuar judicial en materia penal federal durante la última dictadura cívico militar".

Cuaranta declaró que Araya le dijo que no había razones ni motivos para labrar sumario administrativo y que ella entonces le respondió que tampoco había razones para que le exigieran la presentación de la renuncia. Agregó que, en el marco de ese diálogo, continuó insistiendo en el pedido de explicaciones y que, ante la persistencia, Araya le contestó que no le podía dar "garantías de vida" y que, por tanto, le recomendaba que presentara la renuncia.

La víctima explicó que, entonces, se retiró a su despacho a redactar la renuncia, la cual dirigió a Tiscornia, quien era su jefe. Eso ocurrió un lunes y, dos días después, la Cámara Federal se reunió en un acuerdo extraordinario al solo efecto de aceptar su dimisión, aclaró.

El 4 de julio de 1977 Cuaranta fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención "La Calamita", donde fue sometida a interrogatorios sobre personas que conocía, entre ellos Rafael Bielsa, su compañero en la fiscalía, sobre sus actividades políticas durante sus años de estudio de abogacía y sobre sus tareas en tribunales. Tres días más tarde recuperó la libertad.

Bielsa, en tanto, fue secuestrado el 29 de junio de 1977 en la intersección de Boulevard Oroño y Rioja, a pocos metros del acceso a su trabajo en los tribunales federales de Rosario, por personas que se trasladaban en un Renault 12 color rojo. Tras ser sometido a interrogatorios y tormentos en "La Calamita", Bielsa fue liberado el 7 de julio de 1977.

Los secuestros de Bielsa y Cuaranta fueron acreditados en diferentes sentencias. Bielsa narró que, cuando recuperó la libertad, se comunicó con la defensora oficial Laura Cosidoy, quien le recomendó que se presente en la sede del Cuerpo II del Ejército. "Ahí fui sometido a un consejo de guerra; no sé cuál es la fórmula jurídica pero un poco se repitieron, sin el auxilio de 'Martita Corrientes' [ironizó la aplicación de picana eléctrica], las mismas preguntas que se me habían hecho mientras estuve secuestrado. El lunes vine a tribunales; quien entonces era fiscal de Cámara, doctor Saccone, me dijo que o bien renunciaba a mi cargo en la justicia Federal o bien me iban a someter a la ley 20.840 [que establecía "penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones"]; renuncié a la justicia federal a los 10 días, 7 u 8 días...”, refirió Bielsa en su declaración.

Responsabilidad

Para el fiscal Reynares Solari, "aunque el pedido viniese -como le manifestara Tiscornia a Cuaranta- 'de la superioridad', en nada exime de responsabilidad al encartado haber ejecutado esa “orden” o “sugerencia” ilícita (palmariamente ilícita) y haber recibido y darle curso a la renuncia que le presentaron ante su propia persona ambos agentes a su cargo. Es más, si no hubiese existido la tozudez de Adriana Cuaranta en exigir respuestas de quien era el máximo responsable de la justicia Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Dr. Celestino Araya, éste último no hubiese tenido que atender ningún reclamo, ya que la ejecución de la orden ilícita llevada a cabo bajo amenazas se hubiese cumplido perfectamente por la perfecta acción llevada adelante por su inmediato superior, el entonces Fiscal Federal Dr. Pedro Tiscornia, quien a menos de dos meses de haber asumido, ya había 'desmalezado' la dependencia que dirigía".

Respecto del caso de Bielsa, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos puso de relieve que Tiscornia "garantizó que otro delito de iguales características [al que tuvo como víctima a Cuaranta] se lleve adelante con un dependiente suyo, incluso que había sido recientemente secuestrado y mantenido en carácter de desaparecido. Sabido es que la renuncia debía ser presentada al titular de la dependencia, Dr. Tiscornia, y que éste era quien podía darle trámite a tal procedimiento ilegal, cosa que hizo".