El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por sus colegas Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, juzga desde ayer al ex policía federal Juan Carlos Alzugaray como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas, y partícipe necesario de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio del abogado boliviano Gustavo Medina Ortiz, quien fue secuestrado por un grupo de tareas, el 10 de octubre de 1975. En el debate intervienen el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila y la auxiliar fiscal Barbara Chunco, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Federal salteña.

En el debate, tras la negativa de Alzugaray de prestar declaración indagatoria, el tribunal dio paso a la etapa testimonial. En dicho contexto, dos hijos y otros familiares del Medina Ortiz repasaron los detalles del momento que la víctima fue detenida ilegalmente en su casa, ubicada en la calle Mendoza 1511, en el macrocentro de la ciudad.

En su testimonio por videoconferencia desde el Estado Plurinacional de Bolivia, Richard Iván Medina Hoyos, de 58 años y profesión ingeniero químico, relató el dramático hecho que lo dejó sin padre a los 10 años. Dijo que, el 10 de octubre de 1975, sintió fuertes golpes en la puerta de su casa y los gritos amenazantes que pedían por la entrega de su padre.

“Si mi padre no salía, ellos iban a irrumpir en la casa. Mi papá no quería eso, así que se cambió, se despidió de mí y se lo llevaron”, contó Medina Hoyos. Agregó que, al salir a la vereda, solo pudo ver como una furgoneta policial se llevaba a su padre, del cual nunca supo más nada.

Al explayarse sobre otros detalles y las razones de la detención, su hijo explicó que se debió a la “actividad socialista” de su padre, quien tenía una militancia reconocida en el grupo de izquierda Espartaco y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), razón por la cual debió escapar con toda su familia de Bolivia, luego de que el general Hugo Banzer Suárez derrocara a su par Juan José Torres, lo que inició la persecución de esos movimientos.

Si bien, el testigo señaló que todo ello lo supo con posterioridad, dada la edad que tenía al momento del secuestro de su padre. Afirmó que los días siguientes a su detención, y por varios meses, acompañó a su madre Zoila Luz Hoyos en los reclamos que hizo ante dependencias de Gendarmería Nacional, para dar con el paradero de Medina Ortiz.

Medina Ortiz fue privado de su libertad durante un operativo en el que participaron efectivos vestidos de gendarmes y de civil, que eran comandados por un hombre, que vestía chaqueta azul y les daba órdenes a los demás.

Según la hipótesis de la fiscalía, este hombre era Alzugaray quien, en esa fecha, integraba la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina, aunque luego pasó a cumplir funciones en el Servicio Penitenciario de la Provincia, donde cometió otros crímenes de lesa humanidad, por los que ya fue procesado.

A su turno, Mirtza Hoyos Medina, hija de la víctima y también presente cuando su padre fue arrebatado de su vivienda, ratificó los dichos de su hermano. La mujer exteriorizó el dolor guardado por la ausencia de su padre, a quien esperó por varios años. Ahora, en cambio, solo rogó a Alzugaray saber cuál fue el destino de los restos de Medina Ortiz.

En la audiencia también declararon otros familiares de Medina Ortiz, quienes coincidieron en la narración del episodio. Agregaron que la víctima, desde que llegó de Bolivia, vivía bajo vigilancia y recibía amenazas y que, incluso, los fines de semana solían ir a buscarlo para detenerlo hasta el lunes o martes. Ello se debía a que la víctima siguió con su actividad en favor de otras personas que eran perseguidas por su militancia política y hasta llegó a recibirlos en Salta y refugiarlos.

Sobre este aspecto, el fiscal ad hoc Sivila y la auxiliar fiscal Chunco resaltaron ante el tribunal el contenido de una serie de documentos desclasificados por el gobierno boliviano, de los que surge la conexión que mantenían referentes de la militancia de izquierda, en ambos países.

Según la fiscalía, este nexo prueba que la desaparición de Medina Ortiz fue parte del conocido “Plan Condor”, una acción de colaboración represiva entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

La ronda de testigos se completó con vecinos de la casa del abogado, quienes también recordaron lo sucedido la noche en que se llevaron detenido a Medina Ortiz, como así también el pesar vivido por sus familiares por la incertidumbre respecto a su paradero.

De esta manera, y tras varias horas de debate, el tribunal dispuso un receso hasta el próximo martes, cuando se desarrollarán los alegatos, deliberación y posterior veredicto.