El juez federal de Tucumán (subrogante en Salta), Fernando Poviña, elevó a juicio oral y público la causa que tiene acusado al ex juez federal salteño Ricardo Lona por las irregularidades cometidas en la investigación del secuestro y desaparición del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone; el homicidio del testigo del hecho, Santiago Catalino Arredes, y las lesiones a Margarita Martínez de Leal, quien también presenció el procedimiento de secuestro.

En una resolución firmada el viernes 10 de febrero, Poviña dio curso al requerimiento de elevación a juicio formulado por las querellas y por los fiscales generales Carlos Martín Amad y Francisco Santiago Snopek, quienes en octubre pasado acusaron a Lona por los delitos de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento de los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas, en carácter de autor.

Ragone fue interceptado alrededor de las 8:00 del 11 de marzo de 1976 cuando conducía por la capital salteña su Peugeot 504 poco después de dejar su casa. Los captores abordaron su automóvil, lo inmovilizaron y luego, desvanecido, lo tiraron en la parte posterior del vehículo. Mientras todo ocurría, la empleada de comercio Margarita Martínez y el comerciante Santiago Arredes, propietario de un almacén, salieron a la calle para ver qué ocurría. Arredes, incluso, salió en defensa de Ragone. Pero los captores dispararon contra ambos: mataron a Arredes de un disparo en el pecho e hirieron a Martínez con una ráfaga de ametralladora.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales destacaron que Lona cerró la investigación después de recibir el expediente policial, y que omitió pruebas relevantes, como citar a declarar a la testigo baleada durante los hechos.

El ex juez, indicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, omitió adoptar medidas procesales trascendentes para la pesquisa, controló y seleccionó las medidas que debían adoptarse y convalidó  irregularidades policiales, lo cual -explicaron- condujo a "hacer desaparecer o frustrar pruebas relevantes para llegar a identificar a los responsables" del atentado.

Para la Fiscalía, "cuanto menos el imputado se adaptó, toleró o prestó su asentimiento al plan criminal, conociendo que su comportamiento omisivo dejaba impune un magnicidio y los delitos conexos". De esa forma, puntualizaron, Lona se colocó "como un engranaje de la maquinaria estatal que posibilitó la concreción de las múltiples infracciones penales que involucraron este tipo de ataques masivos a la población civil".