El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó esta semana trabajos preliminares en una zona del cementerio de la Santa Cruz de la capital salteña para preparar la búsqueda de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, como consecuencia de una investigación iniciada por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Eduardo José Villalba.

Los trabajos fueron dispuestos por el titular del Juzgado Federal N°1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, a raíz del requerimiento del fiscal. Ese pedido fue la derivación de una investigación preliminar iniciada por Villalba tras la declaración en el juicio oral de la denominada "Megacausa Fronda" del odontólogo Manuel José Costello, quien narró que entre 1977 y 1978, en una fosa común de aquél cementerio, reconoció dos maxilares que se correspondían con los de una de sus pacientes, la desaparecida Gemma Ana María Fernández de Gamboa.

El testigo declaró que había sido conducido hasta el fondo del cementerio por policías y bomberos, en el marco de un reconocimiento que habían solicitado familiares de la víctima. "Recordó que les colocaron barbijos, toda vez que había un olor insoportable, e incluso uno de los bomberos le puso ruda para aguantar el olor. Aclaró que la fosa ya se encontraba abierta", describió el fiscal en la presentación.

En función de ese testimonio, el fiscal Villalba convocó a declarar a los empleados del cementerio de aquella época y a personas que participaron en una exhumación realizada en esa zona del cementerio en 1984. El objetivo de la medida fue identificar la zona en la que se hallaba la fosa común en la que -se sospecha- podrían haber sido arrojados los cuerpos de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

Al concluir la investigación preliminar, Villalba señaló que "hoy se tiene el nivel de certeza necesario a esta altura del proceso para afirmar que en el año 1976, por orden del Ejército, se enterraron cadáveres en una fosa común del Cementerio de la Santa Cruz", y citó al respecto cinco testimonios. Precisó además que los testigos también coincidieron en la localización de la fosa común y fundó el pedido de la exhumación en que "a pesar de haberse efectuado una medida similar en el año 1984" y que por entonces se indicó que "los cuerpos hallados no tenían signos de violencia, lo cierto es que no contamos con la pericia original por haberse extraviado el expediente; se desconoce el contexto y los detalles y condiciones de realización de la medida; lo que sumado a que fue realizada por personal de la Policía de la provincia apenas finalizada la dictadura militar, hace conveniente reiterarla".

Además, Villalba refirió que "no puede pasarse por alto que han transcurrido 30 años desde la exhumación del año 1984, en los que ha habido importantes avances científicos y técnicos, a lo que debe añadirse la experiencia acumulada en la materia por el Equipo Argentino de Antropología Forense, todo lo cual permite en la actualidad contar con medios técnicos más desarrollados y, por lo tanto, con mayores probabilidades de arribar a la identificación de las víctimas, a partir de obtención de muestras de ADN y su entrecruzamiento, con los datos disponibles en el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otras técnicas de identificación personas".

Con ese pedido del fiscal, el juez Bavio encomendó las tareas al EAAF, que trabajó entre lunes y miércoles de esta semana en el reconocimiento del terreno y la delimitación de la zona, para continuar con los trabajos de prospección en las próximas semanas.