El ex militar condenado en San Juan por delitos de lesa humanidad, Jorge Antonio Olivera, estará nuevamente sentado en el banquillo de los acusados desde el 13 de marzo del corriente año, cuando se inicie el debate oral y público donde se juzgará a doce ex jefes y oficiales del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de San Juan, tres ex policías federales que prestaban servicio para la delegación de esa fuerza en la provincia y seis ex policías provinciales, entre ellos el jefe y el encargado de inteligencia, en lo que se conoce como “Megacausa II”. A Olivera se le imputan crímenes de lesa humanidad en tres de los expedientes. El fiscal general Francisco Maldonado intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal.

Olivera se encontraba prófugo desde el 25 de julio de 2013, cuando se escapó del Hospital Militar porteño junto a Gustavo Ramón De Marchi -quien también estará entre los acusados-, hasta que  semanas atrás fue detenido en la casa de su ex mujer en la localidad de San Isidro. La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 5, a cargo de Franco Picardi, estuvo a cargo de la investigación, conjuntamente con la Fiscalía Federal de San Juan y el Juzgado Federal de esa jurisdicción.

El debate que comenzará en San Juan reúne la investigación desarrollada en siete causas, que tienen acusados por delitos -contra un total de 205 víctimas del terrorismo de Estado- a ex miembros del Regimiento de Infantería de Montaña 22, la Policía Federal y la Policía provincial.

Para el plan criminal implementado durante la última dictadura, la provincia de San Juan conformó el área 332, que tenía su jefatura en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM22). De las elevaciones a juicios de la fiscalía se desprende que  hubo varios lugares que operaron como centros clandestinos de detención: la Penitenciaría de Chimbas y la alcaidía de mujeres de la policía provincial, el edificio de la antigua Legislatura, la Central de Policía de la provincia, «La Marquesita», en las inmediaciones de aquella unidad militar, y el propio RIM 22.

Tanto Olivera como De Marchi fueron condenados -a prisión perpetua y 25 años, respectivamente- por el Tribunal Oral Federal de San Juan al término de la primera “Megacausa”, en 2013. Fue pocos días antes de ser trasladados a Buenos Aires y su posterior fuga.