31 de octubre de 2020
31 de octubre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En la causa "Saint Amant III" se juzgan hechos ocurridos entre 1976 y 1977
San Nicolás: la fiscalía pidió prisión perpetua para cuatro ex militares y cuatro años y seis meses de cárcel para un ex policía
Los acusados con las penas máximas integraron el área militar 132. La fiscalía los considera responsables de privaciones ilegitimas de libertad, tormentos, violación, homicidios y allanamientos ilegales en perjuicio de cincuenta víctimas. La pena menor fue solicitada para sancionar un caso de privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y dos hechos de falso testimonio.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, integrada por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray, solicitó hoy ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad la imposición de la pena de prisión perpetua para cuatro integrantes del Área Militar 132 y una pena de cuatro años y seis meses de prisión para un ex policía, en el marco del juicio que aborda crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de cincuenta víctimas entre 1976 y 1977. Los delitos fueron ejecutados bajo la jurisdicción de Subzona 13, Zona I, en los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Pergamino.

Villatte y Murray culminaron así cuatro días de exposición de su alegato. Los representantes del MPF pidieron la pena máxima para el ex oficial jefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, el entonces Mayor Antonio Federico Bossie; los entonces capitanes Guillermo Anibal Piccione y Bernardo Luis Landa; y el ex jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, por entonces mayor Omar Andrada. Por otro lado, requirieron la pena mensurable para el ex oficial inspector de la Policía de la provincia de Buenos Aires Oscar Alberto Rodríguez.  El siguiente es el detalle de la acusación de la fiscalía:

  • Bossie: autor de 46 privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, 37 casos de aplicación de tormentos agravados, 17 allanamientos ilegales, 2 homicidios triplemente calificados, 1 caso de abuso sexual con acceso carnal y 9 falsedades ideológicas.
  • Piccioni: autor de 22 casos de privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, 20 casos de tormentos agravados, 12 allanamientos ilegales, 1 homicidio triplemente calificado, 1 abuso sexual con acceso carnal y 9 hechos de falsedades ideológicas.
  • Landa: autor de 4 privaciones ilegítimas de la libertad, 4 tormentos agravados y 1 homicidio triplemente calificado.
  • Andrada: autor del 7 privaciones ilegítimas de la libertad, 7 tormentos agravados, 1 homicidio triplemente calificado.
  • Rodríguez: autor de 1 caso de privación ilegítima de la libertad calificada, 1 caso de falsedad ideológica y por falso testimonio en 2 hechos.

El juicio en curso es conocido como "Saint Amant III" e inició las audiencias el 11 de junio de 2019. En tramos anteriores de la investigación fueron condenados otros integrantes de las fuerzas militares que respondían a las órdenes del ex jefe del área militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, quien recibió prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El represor falleció en 2016.

"Saint Amant III": el juicio toma el nombre del ex jefe del área militar 132, con jurisdicción en distritos del noreste bonaerense.

Las víctimas

Durante su alegato, la fiscalía describió que las víctimas de persecución política que integran el objeto procesal de esta causa fueron secuestradas en sus domicilios en las ciudades de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Baradero, Campana y Villa Constitución y trasladadas a centros clandestinos de detención que, bajo el control operacional del Área Militar 132, funcionaron en la ciudad de San Nicolás. Algunos de ellos fueron la Brigada de Investigaciones, la Comisaría Primera, la Delegación local de la Policía Federal, la Unidad Penal N° 3 y el  Batallón de Ingenieros de Combate 101.

Todas las víctimas eran militantes o dirigentes políticos, sociales o gremiales, incluso abogados o jueces del fuero penal. Entre los distintos perseguidos políticos se encuentran los casos del dirigente Omar Lalli, del Sindicato de Luz y Fuerza; el referente gremial Alejandro Gimenez, del Sindicato de Canillitas; el ingeniero Alberto Kipen, de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA); el intendente municipal de San Nicolás, Pedro Marchi; el diputado Alfredo Gamarra; y el juez penal del Departamento Judicial San Nicolás, Manuel Gil Morales; los sobrinos del ex vicepresidente de la Nación Vicente Solano Lima, Jorge Guillermo y Hugo Pascual Lima, y el abogado integrante de su estudio jurídico, Norberto Gil.

Cuatro de las víctimas fueron asesinadas y al día de la fecha no han aparecido sus cuerpos ni se han identificado sus restos. Ellos son Ricardo Miguel Biegkler, Eduardo Sergio Korsunsky, Julio Raul Peris y Alicia Gladys Noemí Fuhr de Sánchez.

Durante la parte final de su exposición, la fiscalía puso de relieve que durante el debate "surgieron distintas formas de violencia contra las secuestradas". Murray enumeró: "Una fue víctima de violación, fueron manoseadas y abusadas, sufrieron golpes y torturas con particular ensañamiento en senos, en vagina, fueron sometidas a desnudez forzada, lo que facilitaba a su vez la aplicación de otras violencias. Recibieron insultos o burlas vinculadas a su sexualidad, a la sexualidad de sus cuerpos. Fueron privadas de elementos higiénicos para las menstruaciones o impedidas de higienizarse durante las mismas, amenazas de sufrir violencias sexuales, afirmaciones respecto a que eran malas madres debido a sus militancias, ocultamiento de la localización de sus hijos luego de haber sido secuestradas, para provocarles angustia adicional, infundirles terror respecto de lo que ocurría a estos al haber quedado solos, etcétera".

Por lo cual, en nombre del MPF solicitó que los imputados "sean condenados por violación en el caso requerido, y que se destaque en la sentencia la violencia sexual sufrida por las mujeres en general y la víctima particular, y se deje constancia de los sufrimientos en el caso de esas violencias para que quede inscripto en la sentencia el especial ensañamiento con ellas con el objeto de disciplinarlas particularmente".