El Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe comenzó hoy el juicio a tres expolicías acusados de de haber ejecutado una serie de operativos sin la correspondiente orden judicial en diferentes inmuebles de la ciudad de Santa Fe, privando ilegalmente de su libertad a seis militantes políticos durante 1977. En el juicio interviene el fiscal general Martín Suárez Faisal.

Los ex agentes de la policía provincial Wenceslao Claudio Bertolino y Eduardo Alberto Ramos Campagnolo y el ex integrante de la policía federal Ricardo Carrouché están señalados como responsables de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, tormentos, robo y abuso deshonesto. Un cuarto acusado, Germán Raúl Chartier, falleció antes del comienzo del debate.

Para este juicio, el Tribunal está compuesto por los jueces Luciano Lauria y José Maria Escobar Cello y presidido por la jueza Elena Beatriz Dilario. En la primera jornada se leyó el requerimiento fiscal y el auto de elevación a juicio. Luego de las cuestiones preliminares, se procedió a tomar declaración indagatoria a los tres acusados y se realizó una ronda de testimoniales que incluyeron a personas que estuvieron presentes durante algunos de los allanamientos y otras que fueron imputadas junto a las víctimas en una posterior causa judicial.

De acuerdo a la acusación, la tarde del 5 de mayo de 1977 una comisión policial conformada por Ramos Campagnolo, Bertolino y Chartier, entre otros agentes estatales que no pudieron ser identificados durante la investigación, ejecutaron una serie de allanamientos sin la correspondiente orden judicial en diferentes inmuebles de la ciudad de Santa Fe, privando ilegalmente de su libertad a los militantes políticos MAQ, HAC, MRO, JJE, RER y MAE. Durante los operativos, los implicados estaban armados y vestidos de civil.

Las víctimas

MAQ fue el primero en ser secuestrado en su lugar de trabajo. Allí lo encapucharon y en el baúl de un Ford Falcon lo trasladaron a la Seccional Quinta, donde lo depositaron en una pequeña celda esposado por la espalda. Previo a ello, el personal policial había allanado ilegalmente su hogar, y al no encontrarse presente se dirigieron al estudio de ingeniería donde trabajaba. En la seccional permaneció detenido por una semana, donde fue interrogado y golpeado. Luego, lo llevaron a la Comisaría Cuarta, donde lo desnudaron, golpearon y torturaron con picana eléctrica en varias oportunidades, mientras lo interrogaban sobre su militancia política. Asimismo, en esa dependencia sus captores tiraban “rompeportones” a la pared para atormentarlo, simulando fusilamientos.

Durante su cautiverio, MAQ fue llevado junto con otros detenidos a la dependencia local de la Policía Federal donde fue nuevamente torturado con picana eléctrica. Asimismo, fue trasladado al juzgado federal de Santa Fe para firmar una declaración ante un secretario y un escribiente judicial donde tuvo que mantener el testimonio prestado bajo torturas. Finalmente, fue llevado a la Comisaría Segunda junto con la víctima RER  y, al día siguiente, ambos fueron trasladados a la Jefatura de la policía donde se encontraron con JJE y finalmente fueron todos liberados.

Por su parte, JJE, MRO y HAC fueron secuestrados durante el allanamiento ilegal del domicilio del matrimonio MRO y HAC, donde se encontraba circunstancialmente JJE. En el mismo inmueble, fueron víctimas de golpes, amenazas y robo de objetos de valor. Asimismo, en el caso puntual de MRO, fue encerrada sola en un dormitorio donde fue abusada sexualmente. Luego de unas horas, todos fueron llevados -tabicados- en un automóvil a distintas dependencias policiales. MRO fue trasladada hacia la Seccional Octava, cerca del domicilio referido, mientras que HAC y JJE fueron depositados en la comisaría Cuarta; lugares donde sufrieron pésimas condiciones de detención y fueron víctimas de diferentes tormentos y torturas físicas.

En la comisaria Cuarta, HAC fue víctima de muchos golpes que lo dejaron sordo, y JJE fue interrogado con aplicación de picana eléctrica. Asimismo, este último fue sacado de esa dependencia policial y llevado a su domicilio particular, donde sus captores -entre los que estaban Bertolino y Chartier - realizaron un nuevo allanamiento sin ninguna orden judicial, desapoderándolo de muchas cosas de valor, como medallas, cadenas, un proyector de diapositivas, entre otras cosas.

De acuerdo a la acusación, la tarde del 5 de mayo de 1977 una comisión policial conformada por Ramos Campagnolo, Bertolino y Chartier, entre otros agentes estatales que no pudieron ser identificados durante la investigación, ejecutaron una serie de allanamientos sin la correspondiente orden judicial en diferentes inmuebles de la ciudad de Santa Fe, privando ilegalmente de su libertad a los militantes políticos MAQ, HAC, MRO, JJE, RER y MAE. Durante los operativos, los implicados estaban armados y vestidos de civil.

Durante sus detenciones ilegales, las víctimas fueron llevadas a fines de mayo de 1977 a la sede local de la Policía Federal, donde fueron objeto de interrogatorios sobre su militancia política por personal de dicha fuerza y el imputado Carrouché. JJE fue llevado en dos oportunidades de noche a ese lugar, donde también fue torturado con picana eléctrica. Además, las víctimas fueron trasladadas al Juzgado Federal de Santa Fe, donde realizaron una declaración indagatoria. Finalmente, JJE fue llevado a la Comisaría Tercera donde el 27 de mayo de 1977 obtuvo la libertad, mientras que HAC y MRO fueron liberados unos días más tarde.

MAE fue secuestrado cuando caminaba junto con su hermano por el centro de Santa Fe . Allí fueron interceptados por un auto Ford Falcon, siendo la víctima encapuchada y golpeada para luego ser trasladada en el piso del automóvil a un lugar que reconoció como el Tiro Federal, donde continuaron las torturas durante toda la noche. Previamente a estos hechos, los captores de MAE habían allanado ilegalmente su domicilio, a tres cuadras del lugar donde fue detenido.

Al día siguiente fue llevado a la Comisaría Cuarta donde tiempo después compartió detención con sus compañeros de militancia RER, MAQ y HAC. Allí permaneció continuamente vendado en sus ojos y fue interrogado y torturado con golpes y picana eléctrica. 15 o 20 días después, fue llevado a la sede local de la Policía Federal, donde personas vestidas de civil “los preparaban” para ir a declarar al Juzgado Federal de Santa Fe y donde “armaban el expediente”, bajo amenaza de que volverían a ser torturados en caso de que no firmaren las declaraciones. Luego de unas horas fue efectivamente llevado al Juzgado, donde firmó una declaración. Finalizado ese acto, fue devuelto a la Cuarta y luego trasladado a la Jefatura de policía de calle Primera Junta, para terminar en la Comisaría Quinta, donde fue liberado.

RER fue privado ilegítimamente de su libertad en el allanamiento ilegal realizado en su domicilio. Desde ese lugar fue llevado a la Comisaría Octava en un auto donde viajó vendado y tirado en el piso. Al llegar, fue interrogado mientras por dos personas al respecto de sus actividades políticas mientras recibía golpes con la cabeza tapada. En ese lugar, RER estuvo detenido de forma ilegal durante aproximadamente unos 35 días. Durante su cautiverio, fue llevado de noche hacia el Departamento de Informaciones D-2 de la Policía santafesina, donde las mismas personas que lo habían interrogado en la seccional policial lo volvieron a interrogar con aplicación de picana eléctrica por un lapso de tres horas. A fines de mayo de ese mismo año, RER fue también llevado a la sede de la Policía Federal para luego ir a prestar declaración en el Juzgado Federal de Santa Fe, obteniendo la libertad unos días después.

Las responsabilidades

En su requerimiento de elevación a juicio, el MPF consideró acreditada -con el grado de probabilidad que exige la ley- la participación de los tres imputados. En ese sentido, al momento de los hechos, Bertolino, Ramos Campagnolo y el fallecido Chartier se desempeñaban en la policía de la provincia de Santa Fe. Chartier prestó funciones como Jefe de la División de Informaciones Policiales de la U.R.I. desde el 21 de diciembre de 1976. Por su parte, Bertolino revistó con el grado de Oficial Principal en dicha División desde el 11 de enero de 1977 hasta el 29 de diciembre de 1978 , mientras que Ramos Campagnolo cumplió funciones en el Departamento de Informaciones (D-2) a partir del 16 de enero de 1974, asumiendo el grado de Oficial Ayudante desde el año 1976 hasta que fue pasado a situación pasiva a fines de 1977.

Para la fiscalía, los tres acusados mencionados habrían presuntamente intervenido en los allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad y posteriores tormentos sufridos por RER, MAQ, MAE, JJE, HAC y MRO. Además, en el robo de objetos personales de JJE, HAC y MRO, y abusos sexuales infligidos a la última.

Por su parte, Carrouché fue funcionario de la Delegación de Santa Fe de la Policía Federal, desempeñándose como Segundo Jefe a partir del 3 de enero de 1977 con el grado de Subcomisario, conforme surge de su legajo personal. De acuerdo a lo indicado por la fiscalía, en ese rol habría intervenido en los interrogatorios obtenidos bajo tormentos de las víctimas JJE y MAQ, manteniendo las privaciones ilegítimas a la libertad que venían sufriendo. Su intervención en los hechos investigados surge de allanamientos y de las presuntas declaraciones brindadas por las víctimas ante la policía provincial, que llevan su firma y nombre junto con la del fallecido Inspector Floreal Rubén Branca  y el sello con la leyenda “Agregado a sus antecedentes. Conste”.

Luego, figuran declaraciones que las víctimas “optaron” prestar ante Carrouché en la Delegación santafesina de la Policía Federal, donde actualmente existe una placa que la rememora como un excentro clandestino de detención. Así, se encuentran acreditados los interrogatorios a JJE, MAQ, RER , HAC, MAE y MRO y según surge de dichas actas, las declaraciones versaron exclusivamente sobre aspectos vinculados a su militancia y actividad política.