El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe comenzó el jueves pasado el juicio a Julio Adelaido Ramos, quien se desempeñó como personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército y se encuentra acusado de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de Luis Felipe Solé. En el juicio interviene  el fiscal Martín Suárez Faisal, titular de la Fiscalía General ante ese tribunal y de la Unidad de Derechos Humanos para la jurisdicción Santa Fe

Para este juicio, el tribunal está compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauria y Germán Sutter Schneider. En la jornada inicial se leyó la minuta sustitutiva del requerimiento de elevación a juicio, y se le tomaron los datos personales a Ramos. El acusado destacó que fue doce años concejal de la ciudad de Vera y diputado provincial entre 1987 y 1991, y se reservó el derecho de declarar más adelante en el juicio. Durante la jornada del jueves prestaron declaración la víctima y un compañero de cautiverio en la cárcel de Coronda. El viernes las testimoniales continuaron con la hermana de la víctima y la entonces esposa de Solé.

De acuerdo con la investigación que llegó a juicio, la mañana del 27 de diciembre de 1975 Luis Felipe Solé fue privado ilegalmente de su libertad en su domicilio particular en la ciudad de Santa Fe, por personal del Ejército Argentino y de la delegación local de la Policía Federal, que se presentaron vestidos de civil. Luego de ser puesto boca abajo en el suelo, le ataron las manos con alambre y lo encapucharon para trasladarlo a otro lugar donde fue interrogado por su militancia política. 

Posteriormente, el 6 de febrero de 1976, Solé ingresó al Instituto Correccional Modelo U-1 de Coronda, donde permaneció detenido hasta el 4 de mayo de 1979, fecha en que fue trasladado a la Cárcel de Encausados U-1 de Caseros. Desde allí recuperó su libertad el 26 de marzo de 1982. Estando detenido en la cárcel de Coronda, Solé fue sacado hacia diferentes lugares en cuatro oportunidades durante el año 1977, conforme surge de su legajo de detención. 

Según declaró la víctima, en una de esas salidas fue llevada por personas de civil a una dependencia policial ubicada en el barrio Villa María Selva, donde permaneció hasta horas de la noche y luego fue conducida a una casa quinta. Añadió que allí fue encadenada a una cama de hierro e interrogada bajo tormentos por Julio Ramos, a quien conocía previamente de la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Ingeniería Química, donde había estudiado, y por otra persona llamada Rubén Real, a quien también conocía porque vivía cerca de su casa. Al día siguiente Solé fue devuelto a la cárcel de Coronda. 

El legajo personal de Julio Adelaido Ramos -que forma parte de las pruebas del debate- señala que cumplió funciones como personal civil de inteligencia en el Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, en Santa Fe, bajo el seudónimo de “Ademar Rossi”. Al momento de los hechos, el destacamento estaba bajo las órdenes del teniente coronel Domingo Manuel Marcellini, quien rubricó con su firma y sello la ficha individual que obra en el legajo de Ramos el día en que fue formalmente propuesto para formar parte de la fuerza. Ramos fue nombrado como “agente S” (agente secreto) en el “Cuadro C – Subcuadro C-2 – In 14”. Según el Decreto-Ley “S” N°19.373/71, el Cuadro “C” correspondía a “personal con funciones o tareas directamente vinculadas al cumplimiento de la misión específica de Inteligencia”. 

La participación de Ramos en los hechos surge de las múltiples declaraciones testimoniales prestadas por la víctima. Solé declaró que los interrogatorios tenían como objetivo averiguar dónde se encontraba su hermano, Alberto, quien fue secuestrado meses más tarde y continúa desaparecido.

En el requerimiento de elevación a juicio, Suárez Faisal calificó a los hechos como privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas y tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos. En ese sentido, remarcó que el hecho de que la víctima haya estado detenida por orden de la justicia federal y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional “no constituyen elementos para calificar que su detención haya sido legal”. Suárez Faisal desarrolló que Solé estaba detenido por el decreto 52/76 del Poder Ejecutivo Nacional, y que este tipo de decretos fueron dictados “con el solo objetivo de mantener la privación de la libertad de los opositores políticos e ideológicos, más allá de la existencia de una causa justa de detención o expediente judicial en trámite”.

De acuerdo con el cronograma inicialmente previsto, el debate continuará el 23 y el 30 de marzo con la recepción de declaraciones testimoniales. El 31 de marzo la fiscalía realizará su alegato y el 13 de abril será el turno de la defensa. El 14 de abril el tribunal recibirá las últimas palabras al acusado y se conocerá el veredicto.