El Equipo Argentino de Antropología Forense exhumará restos óseos de 29 sepulturas ubicadas en un sector no habilitado para el entierro de restos humanos en el cementerio de Laguna Paiva, Santa Fe, con la hipótesis de que en ese lugar habrían sido inhumados los cuerpos de víctimas del terrorismo de Estado durante 1977.

"Las sepulturas se encuentran cubiertas por una loza de hormigón de similares caracteristicas y sin identificación alguna", señaló hoy en un comunicado la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez.

El predio, que se encuentra dentro del cementerio municipal de aquella localidad situada 40 kilómetros al norte de la capital provincial, está protegido por una medida cautelar de no innovar, es decir, de preservación del lugar, dictada por el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe.

La investigación en curso surgió tras la denuncia presentada el 2 de mayo pasado por las organizaciones Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y militantes de derechos humanos de Santa Fe. El juzgado delegó la instrucción de la causa en la fiscalía.

De tal forma, el fiscal Rodríguez y sus colaboradores, junto a personal de la Gendarmería, se constituyó en el cementerio y comprobó la existencia de las sepulturas en un lugar no habilitado, según la declaración del encargado de la necrópolis.

Rodríguez recibió testimonios y recogió, entre otros documentos, los libros de inhumaciones del cementerio, y pudo establecer que entre marzo y abril de 1977 ingresaron 14 féretros que podrían corresponder a víctimas del terrorismo de Estado, "ya que fueron acercados a bordo de dos camiones del Ejército Argentino, por intermedio de cinco personas uniformadas y encapuchadas, sin registro alguno que los identifique", informó la fiscalía.

El fiscal solicitó entonces la intervención del EAAF. El integrante de ese organismo, Miguel Nieva, llegó a la conclusión de que correspondía excavar 29 sepulturas, número que -según refirió la fiscalía- "resulta la hipótesis de máxima (y) que está sujeto a que en cada caso particular se evalúen las circuntancias de interés para la ejecución de la tarea".

El trabajo emprendido sobre el cementerio se realiza "en virtud del derecho a la verdad que asiste a los familiares de personas desaparecidas de conocer donde se encuentran los restos mortales de sus allegados, y la utilidad probatoria que ello tiene para el proceso penal", precisó la fiscalía, y aclaró que "sólo los resultados de las labores de los antropólogos y peritos permitirán verificar científicamente si nos encontramos ante el hallazgo de restos humanos, y si corresponden a personas desaparecidas; supuesto ante el cual se priorizará el anoticiamiento de familiares e interesados".