Los restos de una mujer que se presume podría ser hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, fueron exhumados el 26 de marzo pasado del Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación que tramita ante la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, a cargo del fiscal federal Roberto Salum, con intervención de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El caso se originó a partir del testimonio de una víctima del terrorismo de Estado que, al declarar en otra causa, refirió la posible existencia de una persona que habría nacido entre 1974 y 1976 pero que su partida de nacimiento presentaba inconsistencias manifiestas que llamaban la atención.

Por dicho motivo, el MPF inició la investigación preliminar tras recabar información suficiente para comprobar la veracidad de la declaración ante la posibilidad de estar ante un delito de lesa humanidad en infracción a los artículos 139, 146, 292 y 293 del Código Penal, referidos a la sustracción y ocultamiento de menores, supresión o alteración de su identidad y falsificación de documentos públicos mediante la inserción de datos falsos.

La Sede Fiscal profundizó la pesquisa con el objetivo de localizar a la persona mencionada y solicitar una muestra de ADN para su posterior cotejo genético. Sin embargo, se estableció que había fallecido en 2023 y que sus restos se encontraban inhumados en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe.

Ante esa situación, se solicitó una medida cautelar de no innovar para preservar los restos y evitar cualquier alteración hasta tanto pudiera concretarse la extracción de material genético.

A pedido de la Sede Fiscal, el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Alurralde,

hizo lugar al planteo y ordenó la exhumación del cuerpo con el fin de obtener muestras idóneas para su análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Las tareas demandaron meses de coordinación y contaron con la intervención y la interacción coordinada de: 

• El Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), a cargo de la seguridad, redacción de acta y traslado de muestras a Buenos Aires, a Prefectura Naval Argentina – Sede Santa Fe,
• El Banco Nacional de Datos Genéticos, que asignó un antropólogo forense para la extracción de muestras,
• La Municipalidad de Santa Fe, que coordinó las tareas de extracción del ataúd y posterior inhumación con el Cementerio Municipal de dicha ciudad
• La Dirección Provincial de Investigación Criminal de la Provincia de Santa Fe, a través de la cual se pudo obtener la colaboración de la División Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, cuya participación aportó personal técnico eviscerador, odontólogo forense, personal de criminalística, de filmación y fotografía.
• La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), que guía a la sede fiscal en el trámite de la causa.
• La Unidad Fiscal Santa Fe – Oficina de Derechos Humanos-, a quien se solicitó colaboración para representar a la sede fiscal Reconquista en el contralor de la medida judicial
• El Juzgado Federal de Turno de la ciudad de Santa Fe – Secretaría de Derechos Humanos.

La exhumación

La diligencia se llevó a cabo el 26 de marzo pasado por la mañana y se extendió durante aproximadamente dos horas. El personal especializado extrajo dos piezas óseas que servirán para obtener los perfiles genéticos y, una vez finalizada la medida, el ataúd fue reubicado en su lugar de sepultura.

Las muestras fueron remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar si existe compatibilidad con registros de familiares de personas desaparecidas.

La medida se inscribe en el proceso de investigación de delitos de lesa humanidad asumido por el Ministerio Público Fiscal y en las acciones destinadas a restituir la identidad de posibles víctimas de apropiación durante el terrorismo de Estado, en un contexto marcado por el paso del tiempo —se cumplieron 50 años del golpe militar— que torna especialmente urgente el esclarecimiento de estos hechos ante el envejecimiento y eventual fallecimiento de las personas que pudieron haber sido apropiadas.