Durante el lunes, martes y miércoles de la semana pasada se desarrollaron nuevas audiencias de debate en el juicio a la Triple A de Bahía Blanca. Entre los testimonios recibidos estuvo el del sociólogo e investigador del CONICET Fortunato Horacio Mallimaci, quien transitó la Universidad Nacional del Sur (UNS) como estudiante y trabajador en las escuelas medias de la institución, hasta que tuvo que exiliarse del país en mayo de 1975.

Las audiencias del debate oral -en el que se ventilan 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975– continuarán el 15, 16 y 17 de septiembre desde las 9 de la mañana, y se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de la UNS.

El testigo hizo un amplio y detallado análisis del proceso de persecución en el ámbito universitario y en el de los grupos de militancia religiosa, entre otros espacios sociales, y la articulación con la etapa represiva posterior al golpe de Estado de 1976, adjudicando todos los crímenes investigados en el juicio a las tres A: “El ’76 es un punto importantísimo de inflexión, pero no se puede comprender sin lo que pasó en el ’74 y ’75, sin ver la preparación, cómo se iban aglutinando, haciendo asesinatos y viendo qué reacción había”. En este sentido, exhibió informes de inteligencia administrados por la Comisión Provincial por la Memoria sobre actividad de espionaje realizada en el año 1974: “los nombres que figuran, hay que esperar seis meses, un año, dos años, y están todos detenidos, desaparecidos. Los Junquera, los Santucho, Pizá, Graciela Tauro, Rivera”, expresó.

Mallimaci habló sobre su militancia en la Juventud Peronista desde 1973, con la gestión del rector Víctor Benamo, hasta la llegada de Remus Tetu y su patota, integrada con la gente de Rodolfo Ponce, y describió la circulación de vehículos por la ciudad exhibiendo itakas y amedrentando a los ciudadanos: “sonaban los nombres de Argibay padre, Argibay hijo y la patota, los que los acompañaban, los que habían estado con Ponce y con Urgara, entre otros. Si usted ve alguien con una itaka se acuerda más de la itaka que de la cara”, graficó.

Sobre el asesinato del estudiante David Cilleruelo en los pasillos universitarios, recordó que en el velatorio eran poquísimos las personas presentes, al igual que sucedió en el funeral del cura Carlos Dorñak: “Si vamos, nos matan, nos fichan, pero ahí había que tener un deber de amigo, de compañero, de cristiano, de estar, de acompañar. Ir no era fácil, porque si habían podido asesinar adentro [de la universidad], por qué no iban a poder hacerlo ahí. Y era ir y después tratar de no ir, buscar un no-lugar, es decir, ir a un lugar a dormir que nadie conociera”.

“No podía ser pero fue. He aquí algo para aprender: uno cree que hay lugares que no se pueden... Cuando este tipo de situación se naturaliza, no hay lugar que quede libre, no hay iglesia, no hay templo, no hay universidad, no hay casa, no hay embarazada, no hay nada: la totalidad de que aquellos que se creen que son llamados por Dios o por el orden, a aniquilar y destruir”, reflexionó el testigo, y agregó: “Si alguien asesina donde están los salesianos, alguien asesina a Mendivil en su casa, alguien asesina al ‘Negrito’ García, alguien asesina dentro de la propia Universidad Nacional del Sur, ¿Cómo no se los detenía? ¿Qué protección había? ¿Cómo era posible que en esa ciudad de Bahía Blanca sucedieran este tipo de acontecimientos? El diario La Nueva Provincia ya sabía, no se hacía eco, al contrario, la policía de la provincia, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, dejaban que sigan, que caminen, que recorran, que creen miedo”.

Evocó también numerosos episodios de ataques y persecución a grupos eclesiásticos, como el asesinato del mencionado Dorñak, el incendio de la casa del cura José Zamorano y la colocación de una bomba al padre Hugo Segovia, quienes debieron exiliarse al igual que los diocesanos Miguel Sarmiento y Emilio Flores y el salesiano Benito Santecchia.

Contó que tras el asesinato de Dorñak, “tuvimos una reunión urgente en la curia, con el que era el obispo auxiliar, García, diciéndole pero cómo, por qué no salimos a denunciar, a pedir que se sepa quiénes fueron, dónde están, y ¿saben cuál era la respuesta? ‘y… ¡es mucho! ¿quién va a querer denunciar? ¿quién va a querer agarrar esto? Es decir, se empezaba a naturalizar la muerte”. Sobre la persecución a los religiosos, explicó: “era la idea de una traición: ¡Cómo estos curas y estas monjas que tendrían que estar con nosotros para luchar contra los comunistas y la subversión, sin embargo aparecen acompañando al pueblo y a los pobres! Es lo que le pasó al sacerdote Yorio, detenido y desaparecido también. Su superior le decía ‘no podés estar con el mundo de los pobres, tenés que estar en la casa de la compañía’”.

También apuntó a la complicidad empresarial y mediática: “si la muerte se hacía natural, esas empresas se creían dirigiendo Bahía Blanca, siendo recompensadas. El dinero que ellos ponían para todo esto, se veía recompensado en el orden, en la disciplina, en la tranquilidad que ahora había en Bahía Blanca, porque la ‘subversión’ había sido desaparecida, aniquilada”.

Dijo que en aquellos años, el diario La Nueva Provincia no solo informaba, sino predecía lo que iba a pasar: “predecían, no porque fueran profetas o magos, sino porque era un vínculo híper racional, de intereses. Los intereses del poder militar, el poder económico, el poder mediático tienen larga historia”.

Por último, destacó la necesidad de homenajear a las víctimas, y de los juicios como forma de reparación: “Estos juicios ayudan a comprender todo ese proceso para que no vuelva a pasar”.

Otro de los testimonios recogidos fue el del docente Orlando Balbo, quien desde su desempeño en el período investigado como estudiante y trabajador de la Universidad del Comahue, describió el esquema represivo instaurado por Remus Tetu en esa casa de estudios, y las similitudes con su gestión en la Universidad del Sur. Habló sobre la presencia de un grupo armado, entre los que estaban Raúl Guglielminetti -oficial de inteligencia del Ejército- y José Luis Cáceres, quien –según él mismo reconocía– respondía al comisario Benigno Ardanaz, jefe de la policía rionegrina. Estas personas se encontraban bajo las órdenes de Tetu, quien se paseaba armado por la universidad. Más tarde, Guglielminetti participaría del secuestro y las torturas sufridas por el testigo-víctima tras el golpe de Estado de 1976, hechos por los cuales fue condenado por el Tribunal Oral de Neuquén en la causa “Luera, José Ricardo”.

El hombre habló además sobre el cesanteo de numerosos docentes y no docentes por motivos políticos, y sobre la circulación de amenazas en forma de panfletos firmados con las tres A. Hizo referencia a testigos que vieron a uno de los vehículos de dicha institución participando en atentados realizados en la zona, tales como el ametrallamiento al diario de Rio Negro y una bomba en una librería. Sobre la relación entre las universidades, dijo que “la idea que teníamos era que Comahue era una sucursal de Bahía Blanca”.

Además de los testigos referidos, en la jornada del lunes 31 de agosto declaró el primer testigo por el caso de la víctima Víctor Eduardo Oliva Troncoso, ciudadano chileno refugiado en el país que fue secuestrado y asesinado el 2 de julio de 1975. Se trata de un pastor de la Iglesia Evangélica Metodista en Bahía Blanca y superintendente de la región patagónica, que tomó conocimiento del secuestro de Oliva a través de la hija del casero del templo, que había presenciado cómo un grupo de cuatro o cinco personas introducían a la víctima en una furgoneta mientras un patrullero cortaba el tránsito. Tras la aparición del cadáver con numerosos impactos de armas de fuego, la tarea de reconocimiento recayó en el propio testigo, junto a otro pastor metodista que –como Oliva– era refugiado chileno.

El testigo señaló que en Bahía Blanca, la Triple A era presidida por Remus Tetu, interventor de la UNS, junto al sindicalista Ponce. Nombró además a dos personas fallecidas, a través de las cuales pudo recabar información acerca de la vinculación del grupo de Ponce con las fuerzas armadas. De este modo, supo que era muy probable que la orden de ejecución viniera de la Universidad del Sur.

El segundo testigo en declarar en la misma jornada –un empleado de YPF y delegado del gremio de los petroleros– se refirió también a la patota de Ponce, distinguiendo entre sus integrantes a trabajadores de YPF y del ámbito de URGARA. Señaló la relación del grupo con la Base Naval Puerto Belgrano, a donde se los veía entrar y salir.

El declarante ratificó lo declarado en el 2007, cuando señaló como responsable principal del asesinato del estudiante Carlos Alberto Davit a Remus Tetu y aclaró que algunos de sus guardaespaldas aún se encontraban dentro del aparato represivo, señalando entre ellos a Héctor Forcelli. Acto seguido, solicitó que la justicia garantizara su seguridad y la de su familia, ya que en el 2008 –un año después de declarar– su casa fue incendiada. También hizo mención a “la fiambrera” –y explicó que ese vehículo era del grupo de tareas de Ponce– y a la relación de este grupo con Remus Tetu y con la Triple A.

El último testigo de aquella audiencia fue un amigo de las víctimas José Alberto Surace, Julio Alberto García y Gabriel Raymundo Ganuza, estudiantes de geología secuestrados y asesinados en la madrugada del 6 de diciembre de 1975. El testigo habló sobre la militancia de las víctimas en la JUP y sobre el clima de efervescencia estudiantil vivido en la universidad en los primeros años de la década del ’70. Dijo que tras la muerte de Perón la persecución empezó a recrudecer, aludiendo a la toma de la UTN local como uno de los momentos en que empezó hablarse de la patota de Ponce. Entonces empezaron a aparecer alumnos muertos desparramados en las rutas. Con Remus Tetu, la presencia de personas armadas en la universidad comenzó a ser una constante.

Entre los integrantes de la patota que eran nombrados por la militancia -a los que identificaban como la Triple A–, señaló a Forcelli y Aceituno; sobre este último aclaró que ya era mencionado por entonces como uno de los asesinos del estudiante Cilleruelo. Sobre la “fiambrera”, la describió como un Fiat 125 celeste que junto a un Dodge Polara estaban frecuentemente estacionados en la esquina de la CGT local. También mencionó un Falcon verde, del cual una medianoche, meses antes del asesinato de sus compañeros, se bajó un integrante de la patota y le apuntó a la cabeza con una pistola con silenciador. También apuntó a los vínculos del grupo de Ponce con la CNU, cuyos integrantes apretaban estudiantes y realizaban pintadas en la ciudad en 1974.

En la audiencia del martes 1° de septiembre prestó testimonio quien fuera compañera de José Surace, quien describió el clima de amplia militancia y participación política que se vivió a partir de 1973, con la salida de la dictadura militar y de la proscripción política, y el punto de inflexión que -en Bahía Blanca- significó la misión Ivanissevich y el surgimiento de la Triple A, con la presencia de matones armados en la universidad y en las calles. Según explicó, no había que pasar por enfrente de la CGT porque ahí estaba la patota de Ponce. Incluso, en una oportunidad la novia de Ganuza había sido seguida por la “fiambrera”.

“En este juicio se busca saber quién gatilló, y no importa quién lo hizo, porque estos hombres –los matones de Remus Tetu que estaban en los pasillos, los matones de Ponce que andaban en auto patrullando la ciudad–, jamás, nunca andaban solos, siempre salían juntos y salían a matar. Todos ellos sabían que salían a matar, que salían a secuestrar estudiantes u obreros para ametrallarlos, para matarlos, para torturarlos”, señaló la declarante.

Sobre el concepto de patota, continuó explicando: “no se los puede separar. Con un uno solo que esté identificado sabiendo que formaban parte, son responsables directos de la muerte de 24 compañeros en Bahía Blanca. Eran cobardes y lo seguirán siendo. Todos éramos plenamente conscientes de que no nos íbamos a chocar con uno de ellos. Todos sabíamos que andaban en patota. Nadie hace referencia a un apellido o a una persona: hablamos de la patota de Ponce porque eran uno solo”.

Un día antes de los asesinatos, escucharon por la radio sobre el estallido de una bomba, a lo que Ganuza les dijo que esa noche habría redada seguro. “Hubo redada, y esa redada fue en Zapiola 659”, donde fueron secuestradas las tres víctimas. Horas más tarde, la testigo tuvo que reconocer los restos de sus compañeros: “Acá se va a emitir una sentencia, y la sentencia tiene que ser justa, tiene que ser reparatoria: no los fusilaron, los golpearon y los ametrallaron. Esta mano, que no es tan grande, no cabía en el cuerpo de José sin tapar un agujero de bala. Eso hacía esta gente”.

A continuación, declaró un primo de Julio García que convivía con las víctimas en la misma pensión, y que estuvo presente al momento del operativo de secuestro: “Hice mucho esfuerzo para olvidarme de eso”. Tras separar a las víctimas, uno de los captores manifestó en relación al testigo: “De este no tenemos orden”. Al declarar en sede judicial a los pocos meses, el juez le sugirió que declare lo menos posible: “No me dijo ‘no declares esto porque te va a perjudicar’, pero me lo dio a entender”.

Por último, en la jornada del miércoles 2 de septiembre, declaró el cuñado de Fernando Antonio Alduvino, estudiante universitario y empleado municipal secuestrado el viernes 21 de marzo de 1975, en la misma madrugada en que fue asesinado el sacerdote Carlos Dorñak, y secuestrada y asesinada María Isabel Mendivil. El cuerpo sin vida de Alduvino fue hallado dos días más tarde, desnudo y con trece impactos de armas de fuego, junto a la ruta 35.

El testigo contó que en el lapso de la desaparición, el padre de la víctima fue a ver a Rodolfo Ponce, desoyendo su advertencia de que se metería en “la boca del lobo”. Según pudo saber luego, aquél le pregunto a Ponce si tenía información sobre su hijo, quien le manifestó “estos hijos de puta ya lo deben haber matado”.

Describió a los matones de Ponce como una banda que estaba en la universidad y en toda la ciudad, recordando –también él– a “la fiambrera” como un Fiat 125 azul que permanecía estacionado en la vereda de la CGT. Luego del asesinato, tanto el testigo como la familia Alduvino fueron vigilados por el mismo grupo armado: observaron  a “la fiambrera” cuando terminaba sus prácticas de vóley en el club Villa Mitre, y a la salida de su lugar de trabajo. A bordo de dicho vehículo reconoció a Sañudo, uno de los integrantes de la patota.

Dijo que dicha vigilancia cesó abruptamente luego de que, tiempo después del asesinato, se topó con la patota en la sede de la Asociación de Empleados de Comercio, a donde había concurrido a realizar un trámite laboral. Entre los matones se encontraba Héctor Forcelli, quien jugaba al básquet en el mismo club que su hermano mayor. Al advertir la expresión de espanto del testigo, Forcelli se acercó, lo saludó e indicó en dirección a los integrantes del grupo -entre los que se encontraba Sañudo– “es amigo mío”. “Después de ese encuentro no vi más al 125”, explicó. A Forcelli lo vio en otra oportunidad en las escalinatas del rectorado, junto a Roberto Capdeville -con quien jugaba al básquet y actuaba como personal de seguridad en las escuelas de la universidad, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio-, con armas en manos, en dirección al automóvil del rector interventor Remus Tetu.

Según pudo saber, Alduvino había tenido un altercado con el grupo de matones en un restaurante ubicado a pocos metros de su domicilio, al que éstos solían concurrir exhibiendo armas. También dijo que en una asamblea en contra de la política de Tetu, la víctima había denunciado la presencia de personas extrañas al medio universitario.

Relató además que el hermano mayor de la víctima fue amenazado en la universidad, con un arma en el cuerpo. Le dijeron que si seguía concurriendo, iban a tener problemas los mellizos, en alusión a sus hermanos menores.

También habló sobre el velatorio de Fernando Alduvino, al que muchas personas no concurrieron por miedo a ser registradas. Entre los presentes, había gente que nadie conocía, y un vehículo realizaba vigilancia a la salida. También plantaron un automotor frente al domicilio de la familia.

El testigo dijo no tener dudas de que aquel grupo pertenecía a la Triple A: “Había una mezcla de roles. La policía no se metía, la federal tampoco. Tenían carta blanca para hacer lo que quisieran. Era como un vale todo”. Una noche, presenció un tiroteo entre la patota de Ponce y custodios de La Nueva Provincia, mientras circulaban en distintos vehículos, uno de ellos sobre la vereda.

Al ser preguntado sobre la respuesta de la justicia frente al asesinato de Alduvino, contestó: “¿Qué justicia? Nada más ni nada menos que cuarenta y cinco años pasaron”.

La causa –en la que intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento, y como partes querellantes Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur– tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la mencionada organización criminal, y en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.