La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que, tras la sentencia dictada en La Plata el último viernes en el juicio por los delitos en el centro clandestino de detención La Cacha, la cantidad de condenados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país asciende a 559 y la de absueltos a 61, desde el retorno del Estado de Derecho en 1983.

Actualmente, en nueve jurisdicciones se encuentran en curso 15 juicios (13 orales y públicos y dos escritos, en el marco del viejo Código Procesal), en los que están siendo juzgadas 267 personas por un total de 2219 hechos. Cinco debates se desarrollan en la Capital Federal y hay un juicio abierto en cada una de las siguientes ciudades: Azul, Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, San Luis, Paraná, Rosario, San Martín y Tucumán.

En este contexto, se aguarda que en los próximos dos meses comiencen los juicios a otras 24 personas por 131 hechos en las cuatro causas que ya tienen fecha de inicio programada.

La Procuraduría a cargo del fiscal general Jorge Auat, con la coordinación de Carolina Varsky, actualizó las cifras en el informe trimestral sobre "el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado". El trabajo permite observar en perspectiva cómo se viene desarrollando el proceso de verdad y justicia en los últimos años.

Otro dato trascendente que muestra el informe son los 1131 procesados que hay actualmente en todo el país, cifra que "continúa creciendo exponencialmente". Más de la mitad de ellos, 619, "cuentan con una o más causas elevadas a juicio", mientras que sobre otros 217 los fiscales formularon requerimiento de elevación a juicio.

Las estadísticas muestran que desde diciembre de 2007 la cantidad de procesados creció en más de un 300 por ciento. En marzo de aquél año, el entonces procurador General Esteban Righi puso en funcionamiento la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, hoy jerarquizada como Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

La escala anual con el recorte en diciembre de cada año muestra un ascenso constante con 543 procesados en 2008; 634 en 2009; 820 en 2010; 843 en 2011; 1013 en 2012, y 1069 en 2013.

El recorte de los últimos siete años responde al momento en que se visualizaron problemas en la tramitación de las causas y se trazó un plan para la realización de los juicios. En efecto, los primeros debates fueron realizados a mediados de 2006, luego de la anulación legislativa (2003) de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de su posterior declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2005). En los dos primeros juicios se juzgó a Miguel Osvaldo Etchecolatz (en La Plata) y a Julio Héctor Simón, alias "el Turco Julián", (en la Capital Federal) por pocos casos en relación a su comprobada inserción en el plan criminal. El testigo Jorge Julio López desapareció por segunda vez en La Plata el 18 de septiembre de 2006 y esa situación fue un punto de inflexión.

Por eso, desde 2007, la Unidad de Coordinación procuró la unificación de causas con objetos procesales e imputados comunes y la realización de "juicios significativos", política que se tradujo en los números de procesados y también de condenados. De esta manera, los 559 condenados de la actualidad muestran un crecimiento de más de un 1400 por ciento desde 2007: en diciembre de ese año ascendían a 39. Desde entonces, el aumento fue constante: en 2008, 70; en 2009, 100; en 2010, 199; en 2011, 267; en 2012, 378, y en diciembre pasado, 519.

La cantidad de absueltos también acompañó este proceso: desde diciembre de 2007 hasta hoy, la cifra creció más de un mil por ciento. Por entonces, seis ciudadanos habían sido declarados libres de culpa y cargo mientras que hoy la cifra llega a 61. En diciembre de 2008 sumaron ocho; en 2009, 9; en 2010, 20; en 2011, 25; en 2012, 43; y en 2013, 54.

Esas estadísticas tienen su base en otro dato relevante: desde 1983 hasta octubre de este año se celebraron 145 juicios, de los cuales 128 se realizaron desde 2006. Sólo en los primeros diez meses de 2014 concluyeron catorce juicios.

En este contexto, sólo hay 125 condenas firmes -es decir, sin posibilidad de revisión- en 54 causas, que involucran a 114 personas, lo cual se explica en que algunas de ellas cuentan con más de una sentencia en su contra en ese estado.

Detenidos y prófugos

En los procesos por crímenes de lesa humanidad en todo el país hay 1068 personas detenidas, de las cuales el 59,74 por ciento está encerrada en unidades penitenciarias; un 39,04 por ciento goza de la prisión domiciliaria; un 0,56 por ciento está detenida en dependencias de fuerzas de seguridad, y un 0,66 por ciento está alojada en centros sanitarios. "No se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo del personal militar", puso de relieve la Procuraduría en su informe.

Entretanto, la cantidad de prófugos en todo el país asciende a 54, mientras que "se registran dos personas en proceso de extradición, tres con extradición denegada, dos localizadas que aún no han sido extraditadas y seis que se encuentran cumpliendo condena en Uruguay, cuyas extradiciones se concretarán una vez que estas sean cumplidas", consignó el organismo de la Procuración General, que construye los datos sobre la base de los relevamientos que remiten todos los fiscales federales del país que intervienen en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.