03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los fiscales evalúan recurrir la medida
Tucumán: el tribunal oral se excusó y luego concedió la domiciliaria al ex juez Manlio Martínez
Además de apartarse de la causa, los jueces otorgaron el beneficio para el ex magistrado acusado de encubrir el accionar de represores. Además, solicitaron al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema la designación de un cardiólogo, quien deberá determinar si el imputado está en condiciones de ser trasladado a una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán otorgó ayer la prisión domiciliaria al ex juez Federal Manlio Torcuato Martínez en el marco de la causa que lo tiene imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, elevada a juicio oral y público días luego de que la defensa desistiera de todas sus oposiciones al requerimiento de la Fiscalía. La resolución fue firmada por los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas (la otra integrante del tribunal, María Alicia Noli, está de licencia), quienes paralelamente se excusaron de intervenir en el proceso futuro a Martínez.

Jiménez Montillla y Casas sostuvieron que habían perdido imparcialidad al haber aceptado la recusación de su colega, José María Pérez Villalobo, en un proceso anterior que trató los hechos de esta causa porque este último, a su vez, se había referido a la complicidad de Martínez y de otros funcionarios en crímenes contra la humanidad en el caso “Romero Niklison”, la causa que ahora llega a juicio.

Entre tanto, los fiscales de la instancia de debate, Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña, evalúan recurrir la prisión domiciliaria concedida a Martínez. En efecto, los integrantes del Tribunal excusados consideraron que el pedido de prisión domiciliaria "se trata de una medida cautelar de urgente resolución que no implica ninguna valoración respecto al fondo del asunto". Además, decidieron que la prisión domiciliaria fuera custodiada por la policía provincial y que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema designara a un médico cardiólogo para examinar al acusado y determinar cuándo estará en condiciones de ser trasladado a la cárcel de Villa Urquiza, donde hasta ayer Martínez cumplía la prisión preventiva.

El ex juez Manlio Torcuato Martínez llegará a juicio acusado por asociación ilícita durante el terrorismo de Estado por no investigar, encubrir crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad. A esas acusaciones, se suma la de partícipe secundario en el delito de homicidio.

La Fiscalía acusa a Martínez por su actuación como juez tras la ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1976 de los militantes de la organización Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán — masacre conocida como “Romero Niklison”—.También, se le imputan los delitos de los que luego fue víctima el propietario de aquella casa, Miguel Romano, quien fue recluido en el centro clandestino de detención de la jefatura policial de la capital provincial y torturado por el personal del Servicio de Informaciones Confidenciales.

Según la Cámara Federal tucumana, Martínez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán otorgó ayer la prisión domiciliaria al ex juez Federal Manlio Torcuato Martínez en el marco de la causa que lo tiene imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, elevada a juicio oral y público días luego de que la defensa desistiera de todas sus oposiciones al requerimiento de la Fiscalía. La resolución fue firmada por los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas (la otra integrante del tribunal, María Alicia Noli, está de licencia), quienes paralelamente se excusaron de intervenir en el proceso futuro a Martínez.

Jiménez Montillla y Casas sostuvieron que habían perdido imparcialidad al haber aceptado la recusación de su colega, José María Pérez Villalobo, en un proceso anterior que trató los hechos de esta causa porque este último, a su vez, se había referido a la complicidad de Martínez y de otros funcionarios en crímenes contra la humanidad en el caso “Romero Niklison”, la causa que ahora llega a juicio.

Entre tanto, los fiscales de la instancia de debate, Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña, evalúan recurrir la prisión domiciliaria concedida a Martínez. En efecto, los integrantes del Tribunal excusados consideraron que el pedido de prisión domiciliaria "se trata de una medida cautelar de urgente resolución que no implica ninguna valoración respecto al fondo del asunto". Además, decidieron que la prisión domiciliaria fuera custodiada por la policía provincial y que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema designara a un médico cardiólogo para examinar al acusado y determinar cuándo estará en condiciones de ser trasladado a la cárcel de Villa Urquiza, donde hasta ayer Martínez cumplía la prisión preventiva.

El ex juez Manlio Torcuato Martínez llegará a juicio acusado por asociación ilícita durante el terrorismo de Estado por no investigar, encubrir crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad. A esas acusaciones, se suma la de partícipe secundario en el delito de homicidio.

La Fiscalía acusa a Martínez por su actuación como juez tras la ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1976 de los militantes de la organización Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán — masacre conocida como “Romero Niklison”—.También, se le imputan los delitos de los que luego fue víctima el propietario de aquella casa, Miguel Romano, quien fue recluido en el centro clandestino de detención de la jefatura policial de la capital provincial y torturado por el personal del Servicio de Informaciones Confidenciales.

Según la Cámara Federal tucumana, Martínez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.