04 de diciembre de 2023
04 de diciembre de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por brindar impunidad en cinco homicidios y secuestrar a un hombre
Tucumán: la fiscalía pidió 25 años de prisión para el ex juez Manlio Martínez
Los fiscales Diego Velasco, Pablo Camuña y Agustín Chit reclamaron que el ex magistrado sea alojado en una cárcel común, tras constatar su estado de salud. Lo acusaron de integrar una asociación ilícita con las fuerzas armadas y de seguridad para la que cumplió el rol de garante de impunidad.

La fiscalía pidió anoche que se condene a 25 años de prisión al ex juez federal de la dictadura en Tucumán, Manlio Torcuato Martínez, por considerar que no investigó y garantizó la impunidad a los perpetradores de cinco homicidios y por su actuación en la privación ilegítima de la libertad agravada de otra víctima durante 1976. Lo hizo, dijeron los fiscales, en el marco de una asociación ilícita donde su rol fue ser el garante de que los crímenes no serían perseguidos. "Una herramienta tan noble como es el ejercicio de la magistratura puede convertirse en manos equivocadas en una herramienta de desasosiego, terror y desamparo para los justiciables", remarcaron.

El fiscal general Diego Velasco, el fiscal federal a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, y el fiscal ad hoc Agustín Chit expusieron durante toda la tarde de ayer -y culminaron alrededor de las 20- ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, a quien también requirieron que ordene exámenes médicos al procesado y, de estar en condiciones, se lo aloje en una cárcel común equipada con lo necesario para su atención.

El ex juez Martínez está siendo juzgado desde el 12 de marzo pasado por los homicidios agravados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán. También llegó a juicio por la privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.

Los representantes del Ministerio Público describieron la historia de Manlio Martínez en el ejercicio de la magistratura, desde su asunción coincidente con el inicio mismo del Operativo Independencia, la experiencia localizada del terrorismo de Estado que ejecutó el Ejército en el territorio de la provincia de Tucumán en 1975. En ese sentido, refirieron que "la pertenencia y membresía del imputado a la organización criminal a lo largo del terrorismo de Estado tampoco tiene grietas y su solidez probatoria es clara". Chit, al respecto, indicó "todo aquello que vemos simplemente como una donducta posterior" a los crímenes de la calle Azcuénaga "es en realidad la muestra cabal del cumplimiento de la promesa sellada en un pacto anterior a la comisión de los hechos, en este caso el allanamiento ilegal de la morada y los homicidios de los ocupantes".

"La piedra angular sobre la cual se fundó la membresía criminal fue también la manifestación de un acuerdo a fin de garantizar la impunidad desde el rol de juez, garantía que recogió sus frutos hasta el año 2011 cuando estos hechos fueron tratados y establecidos como lo que fueron: un despiadado homicidio. Es decir, Martínez cumplió muy eficientemetne su parte del acuerdo", afirmó el fiscal ad hoc.

En rigor, los fiscales consideraron a Martínez responsable de los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y abuso de autoridad en el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con el delito de homicidio doblemente agravado en cinco oportunidades en calidad de partícipe secundario y violación de domicilio, en concurso real o material con los delitos de abuso de autoridad en el ejercicio de la función pública y prevaricato y por el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada en calidad de autor en el caso de Romano. La acusación de la fiscalía se completó con el reproche del delito de asociación ilícita agravada en calidad de miembro de la organización.

Los fiscales encuadraron los hechos en el rango de crímenes de lesa humanidad, "conforme se produjeron como parte de un ataque general y sistemático contra la población civil de la que eran integrantes los cinco militantes montoneros acribillados en el domicilio de calle Azcuénaga y Miguel Armando Romano", pues "el acusado Martínez conocía de este ataque sistemático y generalizado y obró en consecuencia". Lo hizo, remarcaron, garantizando "impunidad a los autores materiales de la multiplicidad de delitos cometidos por los miembros del aparato terrorista y él mismo ejecutó delitos dentro de su ámbito de competencia propios de la organización".

Un juez de la dictadura

Según fue acreditado durante el juicio, personal policial uniformado y de civil atacó la casa donde estaban reunidos los cinco militantes el mediodía del 20 de mayo de 1976. Allí también estaba la hija de María Alejandra Niklison y Gerardo Romero, María Alejandra Romero Niklison, de entonces un año y medio de edad, quien hoy integra la querella que actúa en el juicio. Cuatro de las cinco víctimas fueron ejecutadas dentro de la casa, mientras que Fernando Saavedra fue perseguido y asesinado en inmediaciones de la Iglesia Monserrat.

Manlio Martínez se hizo presente en el lugar instantes después de los homicidios y se retiró rápidamente. Antes de irse pidió que se le remita el sumario sobre el caso. El fiscal Velasco señaló las omisiones del entonces juez ante los hechos: no ordenó la intervención del médico forense de los tribunales federales para constatar el fallecimiento de las cinco víctimas y sus causas, sino que "ordenó como única medida la constatación del fallecimiento por parte de la misma repartición policial que había efectuado el procedimiento ilegal"; tampoco ordenó la autopsia de los cuerpos, a la que "estaba legalmente obligado por tratarse de una muerte violenta en una cuestión bajo su competencia y traída a su conocimiento por diversas vías"; y "tampoco se realizaron otras medidas tendientes a determinar las circunstancias de los hechos", como el peritaje de las armas supuestamente halladas junto a los cadáveres, que se informara qué funcionarios policiales habían intervenido efectivamente en el procedimiento, no se le tomó declaración a ningún testigo, no se realizó un reconocimiento del lugar, ni se ordenó la realización del guante de parafina ni en los cadáveres de las cinco personas ultimadas ni en los agentes intervinientes".

Aquella causa iniciada por las cinco muertes, relató el fiscal Velasco, "no habría de dirigirse a investigar este hecho, sino a perseguir penalmente a Miguel Armando Romano para actuar como lo hacía la comunidad informativa: extraer datos bajo interrogatorios para generar nuevos secuestros o 'detenciones'". En efecto, Romano -que padece una enfermedad mental- era el propietario del domicilio donde se perpetró la matanza y se presentó voluntariamente el 24 de mayo de 1976 en el juzgado federal para poner ello en conocimiento del magistrado. Martínez ordenó su detención en el acto. "El acusado en pleno abuso de sus facultades detuvo a una persona enferma a fin de recabar si tenía o no conexión con aquellos que habían sido asesinados", dijo Velasco. Romano permaneció detenido hasta el 25 de agosto de 1977, período en el que fue confinado en centros clandestinos de detención y torturado.

Los fiscales pusieron de relieve que para mantenerlo privado de su libertad, Manlio Martínez utilizó "dos interrogatorios bajo torturas" y "dos declaraciones indagatorias sin abogado defensor", pese a que Romano tenía "un diagnóstico médico que lo incapacitaba psíquicamente". En ese contexto, tampoco se le suministró su medicación.

Desde el Operativo Independencia

En el alegato de la fiscalía, Camuña realizó la descripción del contexto en el que actuó Manlio Martínez, desde la etapa previa al golpe de Estado, cuando la provincia fue escenario del Operativo Independencia, con el despliegue ilegal de las fuerzas armadas y de seguridad en la represión ilegal.

Los fiscales señalaron que Martínez "gestionó su ingreso a la magistratura concomitantemente con el inicio" de aquellas operaciones y recordaron al respecto que "lo hizo mientras el juez federal en ejercicio [Jesús Santos] era amenazado y obligado a renunciar" por los militares, al mando del general Adel Vilas. Los representantes del Ministerio Público además reseñaron que, una vez en el cargo, "frente a cada evento de trascendencia política Martínez viajaba en consulta a Buenos Aires a fin de organizar la jurisdicción" y remarcaron que tras los cinco homicidios tomó una licencia de tres días en ese sentido.

Indicaron además que el ex juez formaba parte del "selecto grupo de personas a las que la comunidad informativa remitía partes de inteligencia para mantenerlo informado".

También puntualizaron que en una primera etapa de su ejercicio como juez, Martínez "utilizó" la denominada ley antisubversiva, N° 20.840, para "disminuir la actividad gremial y resistencia política", y en una segunda, "planchó habeas corpus, con rechazos sistemáticos, incluso poniendo costas a quienes los interponían o enviando a los familiares a la policía para ampliar las declaraciones como si no tuviese potestad para hacerlo él mismo". Sólo entre los años 1975 y 1976, recordaron, fueron presentadas más de 325 acciones de habeas corpus ante el Juzgado Federal de Tucumán motivadas en el secuestro de personas por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

Velasco, Camuña y Chit desmenuzaron el legajo del ex juez y pusieron de relieve la licencia que solicitó para realizar tareas como juez fuera de la jurisdicción frente a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979: "Corrió literalmente delante de ella [de la CIDH] para reabrir causas por la ley 20.840, por los mismos hechos que habían sido sobreseidos o abriendo nuevas a quienes no tenían causas para dotar de pretensa legalidad las privaciones ilegítimas contra la libertad", indicaron.

Los sobrevivientes que alguna vez se entrevistaron con el ex juez explicaron durante el juicio que le mostraron a Martínez los signos de tortura y le relataron lo que sucedía en los centros de detención. Los fiscales citaron ayer las declaraciones de las víctimas, que refirieron el repertorio de respuestas que les daba el entonces juez ante las denuncias de torturas: "Son las reglas del juego"; "Hijita, no se queje, si es subversiva, bánqueselas"; o "Usted sabe, esto fue una guerra, nosotros ganamos la guerra, nosotros ponemos las condiciones".