El próximo 25 de noviembre tendrá lugar el inicio del juicio n°14 por delitos de lea humanidad en la provincia de Tucumán, según lo determinado hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa jurisdicción durante la audiencia preliminar. De acuerdo a lo estipulado por el tribunal, integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y José Camilo Quiroga Uriburu, las audiencias se celebrarán todos los días lunes y martes durante el corriente año, mientras que en 2020 pasarán a desarrollarse los jueves y viernes. La representación del Ministerio Público Fiscal será ejercida por el fiscal federal Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Agustín Chit. Además,  se han constituido como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otras organizaciones y víctimas locales y de la provincia de Santiago del Estero.

Objeto procesal

El objeto del juicio se encuentra conformado por la acumulación de cinco procesos judiciales, que tuvieron trámites separados durante la investigación y se acumularon en la etapa intermedia. Estos procesos son:

·         La segunda parte del juicio “Operativo Independencia”; donde se debatirán los mismos casos que fueron juzgados en 2016/17 pero en referencia a nuevos acusados.

·         La causa conocida como “Tártalo”, que aborda hechos ocurridos en la Jefatura de Policía, donde se debatirán casos originalmente reunidos en “Jefatura 2” pero con relación a nuevos imputados;

·         Tres procesos referidos a los centros clandestinos de detención “Arsenal” y “Reformatorio” que incluyen dos víctimas nuevas (Dardo Molina y Osvaldo Muñoz) y la responsabilidad de dos nuevos imputados por hechos que fueron objeto de debate previo.

En definitiva, en el juicio se debatirá la responsabilidad por crímenes contra la humanidad de 26 personas que revistaron en la Policía de Tucumán, el Ejército Argentino y la Gendarmería Nacional, durante la década del setenta.

En total además serán objeto de debate 336 hechos de violaciones a los derechos humanos, ocurridas entre febrero de 1975 – con el inicio del Operativo Independencia – y el fin de la dictadura militar.

Dentro de estos 336 casos se encuentran el del ex senador provincial Dardo Francisco Molina, secuestrado en San Miguel de Tucumán el 15 de diciembre de 1976 y el caso de Osvaldo Muñoz, un ex sastre, secuestrado de su domicilio el 27 de mayo de 1976. Ambos fueron vistos en calidad de detenidos desaparecidos en el CCD Reformatorio y Arsenales.

Estos dos casos son los únicos que se ventilarán en un juicio oral y público por primera vez, ya que el resto de los hechos fueron juzgados – por otros encartados – por el Tribunal de Tucumán en las megacausas “Arsenales II – Jefatura II” y “Operativo Independencia”.

La duración del proceso no está definida, y depende de la forma como se introduzcan en este juicio las declaraciones testimoniales prestadas por víctimas y familiares en los juicios “Operativo Independencia” y “Arsenales II – Jefatura II”. El MPF solicitó que en virtud de la acordada 1/12, para evitar surevictimización, se tenga por incorporados las declaraciones anteriores en formato audiovisual. El tribunal acogió favorablemente el pedido de las partes, y dispuso su proyección durante las audiencias.

Durante la jornada de hoy  se celebró una audiencia preliminar de la causa, con presencia de todas las partes, en la que se llegó a algunos acuerdos relacionados con el desarrollo del juicio. En primer lugar, las partes acordaron que, atento a la complejidad del juicio que está compuesto por la acumulación de diversas causas, el MPF presentará oralmente un resumen de las acusaciones, sin perjuicio de que los correspondientes requerimientos de elevación a juicio (un total de 11) siguen teniendo plena validez. También se acordó el orden de producción de la prueba de los casos y la introducción de la prueba testimonial ya producida en otros debates orales. Ésta será puesta a disposición de las partes en formato audiovisual, de acuerdo a los lineamientos de la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal. Sobre éstos testigos, las partes tienen veinte días para expresar si tienen interés en que alguno de ellos comparezca nuevamente a declarar y, en ese caso, fundamentar sobre qué desean que expongan.