Una construcción subterránea hasta ahora desconocida, presuntamente utilizada durante la última dictadura para la represión clandestina e ilegal, fue inspeccionada por la Unidad Fiscal de Tucumán en la localidad de Santa Lucía, departamento de Monteros. El procedimiento fue encabezado por el fiscal ad hoc Patricio Rovira, quien fue acompañado por el secretario Rafael Medina; por un perito del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por un testigo. La medida fue realizada luego de la denuncia de una mujer que realiza tareas comunitarias en un comedor para personas con discapacidad que funciona sobre la superficie del mismo predio.
Tras la inspección, el Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina realizará un peritaje en el lugar para que, a través de un análisis físico-químico (bluestar forensic), determine la presencia de fluidos humanos y la posible extracción de muestras de ADN para su eventual identificación.
Durante la última dictadura y aún antes, en el marco del denominado Operativo Independencia, el lugar fue sede de un centro clandestino de detención, dado que allí el Ejército había instalado una de sus bases militares para la ejecución de la represión y control de la población. El predio está situado frente al ex Ingenio Santa Lucía.
Ese lugar había sido inspeccionado en septiembre del año pasado, en la etapa final del juicio por la denominada megacausa, donde fueron juzgados 41 imputados por crímenes de lesa humanidad, pero sólo en su superficie.
En esa oportunidad, varios testigos habían mencionado la existencia de un sótano. Pero hasta la semana pasada, la existencia del lugar era una especie de "mito urbano", señaló Rovira, y finalmente fue corroborado tras el hallazgo de una vía alternativa de acceso, en una zona próxima al galpón donde funciona el comedor. Se trata de un pequeño pozo en el suelo (ver fotos) por el cual se accede a un extremo superior del sótano. La erosión dejó a la intemperie los cimientos y dejo un resquicio para ingresar.
El sitio está en completa oscuridad y fue inspeccionado gracias a la ayuda de linternas. Los funcionarios pudieron constatar que es un rectángulo de alrededor de 20 metros por diez. "El espacio cuenta con cuatro especies de galerías dividido por tres hileras de columnas. El techo presenta una estructura abovedada y en su punto más alto alcanza los 2,57 metros de altura", indicó la Fiscalía en el acta.
"El espacio es un ambiente cerrado sin ningún tipo de ventana con dos posibles aberturas: una escalera de material clausurada con concreto y vigas de hierro ubicada en la esquina suroeste del salón", añadieron los representantes del Ministerio Público. En efecto, el concreto había sido advertido en la inspección judicial del año pasado, cuando todavía se ignoraba la vía alternativa a la boca del sótano denunciada por la testigo.
El recinto tiene rastros de haber contado con instalación eléctrica, como "aisladores empotrados, huecos donde podrían haber habido cajas de luz, varios de estos con signos de ignición". La medida sirvió para descartar la existencia de túneles subterráneos que conectan con el lugar. También fueron hallados durante la inspección "barriles abandonados volcados conteniendo aceite, alquitrán, concreto".
Después del procedimiento, el fiscal Rovira dispuso que una consigna permanente de la Policía Federal custodie el único acceso.