El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán realizó inspecciones judiciales el jueves pasado en las instalaciones de las bases militares ubicadas en los pueblos de Santa Lucía y Caspinchango, en el marco de las últimas medidas de prueba realizadas en el juicio conocido como “Arsenales II-Jefatura II”, en el que son juzgados 41 imputados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Ambos lugares habían funcionado como ingenios azucareros, pero durante la dictadura fueron utilizados por grupos del Ejército para comandar la represión en la zona. Las bases instaladas en pleno monte dependían de los regimientos N° 19 de Tucumán y N° 28 de Tartagal.

El objetivo de las inspecciones oculares fue que víctimas y testigos reconocieran los sitios, que fueron ocupados por las fuerzas armadas desde 1975 por el llamado “Operativo Independencia”.  Los integrantes del tribunal Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, los fiscales Patricio Rovira y Pablo Camuña y testigos, recorrieron los lugares junto al público, entre el que había abogados, familiares de víctimas y vecinos.

"Fueron dos pueblos intervenidos militarmente entre 1975 y 1979. Durante todo el tiempo hicieron un control de la población, con secuestros, allanamientos ilegales y abusos sexuales dentro de la misma vivienda de las víctimas. La experiencia concentracionaria se extendió a todo el pueblo", había explicado la semana pasada Camuña.

Cabe recordar que el viernes 20 se inspeccionó el Pozo de Vargas -una fosa común en un aljibe-  y antes se hizo lo propio en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la Escuelita de Famaillá, en el ex Ingenio Nueva Baviera y en la comisaría de Monteros. El proceso, en el que se juzgan las responsabilidades que tendrían 41 imputados en 206 casos sobre privaciones de libertad, torturas, homicidios y delitos sexuales, está ingresando a las etapas finales; se estima que los alegatos tendrán lugar a fines de octubre.